Cristina Kirchner llevó a la Corte la discusión del rol de la UIF en la causa Hotesur–Los Sauces
La exvicepresidenta fue en queja tras el rechazo de la casación a un recurso extraordinario, donde cuestionó que el organismo siga actuando como querellante pese a un decreto de Milei que eliminó esa facultad.
Cristina Fernández de Kirchner tendrá que ir a Comodoro Py.
EFELa defensa de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara tratar su objeción a que la Unidad de Información Financiera (UIF) puede seguir actuando como parte acusadora en la causa Hotesur–Los Sauces, donde está imputada junto a su hijo Máximo Kirchner.
Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy sostuvieron que la intervención del organismo al día de la fecha es ilegal. Los defensores señalaron que el decreto 274/2025 de Javier Milei derogó la norma que habilitaba a la UIF a querellar en causas penales. Según los letrados, la decisión del Ejecutivo no deja margen para interpretaciones: “Es evidente que la UIF ya no cuenta con facultades legales para intervenir como parte acusadora en esta causa ni en ninguna otra”, señalaron.
Cuestionamientos a la legalidad de la UIF como querellante
El planteo había sido rechazado en primera instancia por el juez Julián Ercolini, luego por la Cámara Federal Porteña y finalmente por Casación, que consideró que no se trataba de una sentencia definitiva. Ahora, la defensa busca que la Corte revierta ese criterio y abra la discusión.
En el escrito, los abogados advirtieron que permitir la continuidad de la UIF como querellante genera un “gravamen actual, concreto e irreparable”. En términos simples, sostienen que suma un acusador más al proceso, con capacidad de impulsar medidas, ofrecer pruebas y apelar decisiones.
Para Beraldi y Llernovoy, dejar en manos del propio organismo la interpretación de sus facultades implica “un indebido desplazamiento de la función jurisdiccional”. Y agrega que eso rompe el equilibrio del proceso, al permitir que una dependencia del Poder Ejecutivo defina por sí misma el alcance de su rol.
Otro punto que subraya la queja es el impacto desigual que podría generar esta situación. Según los abogados, la interpretación vigente permitiría que la UIF continúe querellando en causas contra exfuncionarios, pero no en investigaciones que involucren a actuales integrantes del Gobierno.
La trama de Hotesur-Los Sauces: la hipótesis de la fiscalía
La causa gira en torno a dos firmas de los Kirchner: Hotesur S.A., propietaria del hotel Alto Calafate, y Los Sauces S.A., dedicada al alquiler de propiedades. Según la acusación, empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López, beneficiados con contratos de obra pública, habrían pagado sumas millonarias por habitaciones y departamentos que, en muchos casos, no se utilizaban. Para la fiscalía, ese esquema funcionó como un mecanismo de retorno de fondos.
La hipótesis judicial sostiene que esos pagos estaban vinculados a ganancias obtenidas a través de contratos estatales, lo que configuraría delitos como lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas. Entre 2009 y 2013, por ejemplo, empresas de Báez habrían abonado millones por servicios hoteleros que no se correspondían con una actividad real.
Desde el inicio, la defensa de la exmandataria rechazó esa acusación y sostuvo que se trató de operaciones comerciales legítimas, con contratos formales y precios de mercado. En esa línea, argumenta que no existió simulación ni delito, sino negocios privados debidamente registrados.
El camino al juicio oral y las pericias pendientes
El expediente tuvo un recorrido judicial irregular. En 2021, el Tribunal Oral Federal 5 sobreseyó a todos los imputados antes de que se realizara el juicio, al considerar que no había delito. Sin embargo, esa decisión fue revertida por la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó reabrir el caso y avanzar hacia un juicio oral.
Desde entonces, la causa quedó en condiciones de ser juzgada, pero el proceso se mantiene demorado. La principal razón es la falta de peritajes contables clave. Los estudios buscan determinar si existió simulación en los alquileres y si el dinero utilizado provenía de contratos de obra pública. “El principal objetivo de las pericias es detectar una posible simulación de alquileres”, señalaron fuentes del expediente.
En las últimas semanas, el caso volvió a cobrar impulso. El fiscal Diego Velasco insistió ante la Justicia para que se fije fecha de inicio del juicio oral, al advertir que existe un fuerte interés público en esclarecer los hechos. Sin embargo, el TOF 5 aún aguarda por informes técnicos pendientes, especialmente sobre la firma Los Sauces.