Transparencia

Cómo creció el patrimonio de los candidatos a gobernador de Mendoza

Los cuatro candidatos a gobernador son o han sido funcionarios públicos y por eso presentaron sus declaraciones juradas. Salvo Noelia Barbeito, el resto ha tenido evolución patrimonial positiva desde que son funcionarios públicos. 

lunes, 16 de septiembre de 2019 · 14:04 hs

Los dirigentes políticos de Mendoza deben presentar su declaración jurada de bienes con la idea de que las instituciones y los ciudadanos tengan a la mano la posibilidad de auditar si se enriquecen de manera ilegal mientras ejercen cargos públicos. Esa información también tiene otras funciones menos formales. Por un lado el efecto “voyerista”; mirar lo que tienen. Y también de dónde vienen, a qué sector representan.

Los cuatro candidatos a gobernador de Mendoza han presentado sus declaraciones juradas porque han sido o son funcionarios públicos. Allí hay una diferenciación, pues los que han ejercido cargos nacionales tienen mayor exigencia en los datos que deben presentar. Es lo que les ocurre a José Ramón y a Anabel Fernández Sagasti. Rodolfo Suarez solo publica los pocos datos que permite la laxa ley provincial de Ética Pública.

Con esos datos en la mano hay algunas conclusiones. Primero, que la clase media está “muy representada” entre los candidatos, pues tres de los cuatro tienen patrimonios importantes, que los hace parte de ese sector. Salvo Noelia Barbeito, el resto tiene un pasar cómodo: casa propia, inversiones, ahorros en varias monedas y vehículos actualizados. La candidata de la izquierda es la única que hoy no tiene cargos públicos. Aunque fue legisladora provincial, ahora trabaja como docente de historia y no tiene bienes propios.

Movilidad social ascendente

Rodolfo Suarez y Anabel Fernandez Sagasti siempre han ejercido algún cargo o han trabajado para el Estado. Por eso su patrimonio es motivo de análisis para las instituciones que tienen a cargo ese control.

En el caso de la candidata del frente Elegí, por ejemplo, se puede ver la evolución patrimonial que tuvo desde que comenzó su carrera política como diputada nacional, hasta ahora, que es senadora. Ingresó a la función pública sin patrimonio. En 2012 declaró tener un VW Gacel modelo 1986. El año pasado, en cambio, su patrimonio ya superaba los 5 millones de pesos e incluye una casa de 400 metros cuadrados (comprada con un crédito hipotecario), un terrreno en Luján, un auto último modelo, participación en una fundación que le otorga ganancias y ahorros por más de medio millón de pesos.

El "capital inicial" de Sagasti. En 2011 tenía un gacel. En su primer año como legisladora pudo cambiar el auto.

Todos los bienes fueron adquiridos como funcionaria y hay una perlita: a Anabel le fue mejor con Macri que con Cristina, pues, por ejemplo, su “casa propia” (tasada en $4 millones) la adquirió en 2018 con un crédito hipotecario con el Banco Nación. Lo mismo con el terreno que declara en Luján, que sumó a su patrimonio en 2017.

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Fernández Sagasti es abogada, pero casi no ejerció la actividad. A poco de recibirse, fue contratada por el Estado, pero el salto lo dio gracias a la varita mágica de Cristina que la designó como candidata a diputada nacional. Por eso sus ingresos siempre estuvieron vinculados a la dieta de legisladora.

Suarez, el abogado

Rodolfo Suarez es una figura pública desde hace relativamente poco, pero en realidad está vinculado a la función pública desde hace varias décadas. Incluso por herencia, pues su padre fue intendente de San Carlos y gran parte de su familia está ligada a la política. Es abogado y trabajó en la Legislatura como asesor desde 1991. Luego se vinculó a la Municipalidad de Capital como apoderado legal y luego como funcionario político. Es intendente desde 2009.

Suarez también tiene su casa en Luján (de 500 metros cuadrados construidos y tasada en $5 millones) y ha logrado incrementar su patrimonio en los últimos años. En 2016 adquirió un departamento de 75 metros cuadrados, tasado en $1,2 millones. Suarez declara como vehículo una Toyota SW4 que está “libre de multas”.

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Ramón también ganó

José Luis Ramón es un actor nuevo en la vida política partidaria, aunque ya era conocido como activista público. Es legislador nacional desde 2017 y antes siempre ejerció como abogado y como presidente de la asociación Protectora. Está especializado en defensa de los derechos de los consumidores y en litigios contra el Estado y las empresas. El propio Ramón ha contado en varias oportunidades cómo fue parte de los litigios contra los bancos en la época del corralito.

Según la declaración jurada presentada en la Oficina Anticorrupción, todos los bienes los adquirió antes de ser funcionario público. El más cercano en el tiempo es un inmueble que el diputado nacional compró en 2017. Se trata de una casa de más de 300 metros cuadrados ubicada en Ciudad y que es ahora la sede del partido Protectora.

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Barbeito, la más austera

Noelia Barbeito es docente y según la declaración jurada que presentó en la Oficina de Ética Pública de la Provincia, no tiene bienes registrados a su nombre. Ella fue senadora nacional y cobraba la dieta que le correspondía por ese cargo, aunque por un acuerdo partidario, según declaran, solo que quedaban con una porción de esos ingresos.

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