Un peritaje oficial pone dudas sobre el patrimonio del exgobernador Francisco Pérez

Pasaron más de tres años desde que un grupo de legisladores radicales denunciaron al ex gobernador Francisco Pérez por supuesto enriquecimiento ilícito y aún no hay una resolución del caso. Ahora un peritaje contable oficial determinó que hay un desfasaje entre los bienes que declaró Pérez y los ingresos que tuvo durante la función pública para justificar ese patrimonio. La duda está sobre el departamento comprado por el ex Gobernador en las Torres Agustinas y que, justamente, fue motivo de la denuncia.

Para el perito oficial, los ingresos declarados por el exgobernador no son suficientes para justificar la compra de ese inmueble.

La diferencia es por algo más de medio millón de pesos, pero al valor del 2016, cuando Pérez declaró la compra del departamento en un valor fiscal de $1.165.500 y una cochera tasada en $126.000. Sin embargo, el peritaje no está terminado porque el fiscal de la causa pidió medidas complementarias que podrían ser clave. Una de ellas es el chequeo de la propiedad de cajas de seguridad que Pérez dijo haber tenido como espacio de resguardo de valores. Ese dato es importante porque para evaluar la evolución patrimonial se analizaron las cuentas a la vista, cajas de ahorro, plazos fijos y otros movimientos. 

El delito de enriquecimiento ilícito apunta a juzgar a funcionarios públicos y es el único en el que se invierte la carga de la prueba. Es decir, los fiscales y jueces no tienen que buscar probar una culpabilidad, sino que los funcionarios deben justificar los bienes que tienen.

Francisco Pérez presentó al menos tres tipos de declaraciones juradas. Una, cuando era secreta. Otra, cuando fue candidato a parlamentario del Mercosur (bajo exigencias nacionales). Y la tercera ante Fiscalía de Estado, donde figuraba el departamento que generó la denuncia.

En detalle

El movimiento en la causa generó especulaciones y tensiones políticas. Es que los denunciantes son dirigentes del oficialismo y hasta el gobernador Alfredo Cornejo ha recordado periódicamente la demora en la resolución de esa causa.

El peritaje contable demoró y fue presentado hace pocas semanas por los especialistas que ponen en duda la evolución patrimonial de Pérez. 

El tema no está cerrado. La defensa presentó un perito de parte como control, quien no avaló el trabajo de los peritos oficiales. Entre otras cosas, porque aseguran que no se tuvieron en cuenta los “valores ahorrados” por la familia de Pérez antes de ingresar a la función pública. La clave estará en los peritajes sobre dos cajas de seguridad que declararon tener para guardar sus ahorros.

La duda patrimonial es por la compra de un departamento en las Torres Agustinas. Para el perito oficial los ingresos declarados por la familia no tienen relación con el incremento patrimonial; en particular con la adquisición del departamento.

La compra de ese bien fue explicitada por el propio Pérez cuando presentó su primera declaración jurada de bienes, en 2016. Y lo hizo bajo una norma también redactada por él, cuando obligó a través de un Decreto a la publicación de la declaración de bienes de todos los funcionarios públicos.

Hasta entonces, los funcionarios presentaban esa documentación en Escribanía de Gobierno y era reservada. Para la causa judicial se desarchivaron las declaraciones juradas anteriores de Pérez, con la idea de comparar la evolución patrimonial. El departamento en cuestión figuraba en la declaración de bienes de Celina Sánchez, la cónyuge de Pérez. Y fue adquirido a la empresa OHA. En ese momento Pérez y Sánchez declararon una deuda con esa empresa y era justamente los pagos a realizar por la compra del inmueble.

“Se hizo toda la operación de manera transparente, está todo registrado y no se ocultó nada. Están los pagos registrados en la AFIP, con transferencias bancarias y los comprobantes son claros. No tengo nada que ocultar y por eso estuvo declarado todo desde un primer momento”, explicó Francisco Pérez a MDZ.

El perito de parte explicó en la causa que la justificación del dinero no puede restringirse solo a los años donde Pérez fue gobernador o funcionario público. En ese sentido, explicaron, hay recursos que la familia había obtenido en años anteriores y que deberían ser tenidos en cuenta como ahorros. Y detallan trabajos como profesionales independientes, la venta de otros bienes (como una casa y una finca) y otros ahorros. El fiscal de la causa es Santiago Garay, quien no ha tomado aún ninguna determinación en base a las pruebas. Antes, explicaron en Tribunales, 

Pérez arrastraba tres causas cuando dejó el poder. En dos de ellas fue sobreseído. 

La denuncia original de los legisladores de Cambia Mendoza