Causa SIRA: la Fundación Apolo busca sumarse al expediente y reclama proteger a quienes aporten información
La organización solicitó ser aceptada como amicus curiae en la investigación sobre presuntas irregularidades en la aprobación de importaciones. Presentó testimonios que describen supuestos pedidos de dinero para agilizar trámites y reclamó medidas para resguardar a los informantes.
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Archivo MDZLa Fundación Apolo pidió intervenir bajo la figura de amicus curiae (amigo del tribunal) en la causa que investiga presuntas maniobras irregulares vinculadas con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). En su presentación, la entidad aportó una serie de testimonios que describen supuestos mecanismos de corrupción para acelerar la aprobación de importaciones y solicitó que la Justicia adopte medidas especiales para proteger a quienes colaboren con la investigación.
El expediente se encuentra a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal federal Franco Picardi y tiene entre sus principales implicados a los empresarios Martín Migueles, Elías Piccirillo y Francisco Hauque. La investigación está relacionada con la presunta trama del denominado "rulo cambiario" que habría funcionado entre 2020 y 2022. Ahora, ambos funcionarios judiciales deberán resolver si aceptan la participación de la fundación en el proceso.
Como parte de su presentación, la fundación reunió al menos cinco testimonios de personas pertenecientes a distintos sectores económicos. Según el escrito, todos describen un patrón similar: demoras administrativas, obstáculos para obtener autorizaciones de importación y presuntas exigencias de pagos informales para destrabar expedientes, licencias y el acceso al mercado de cambios.
La organización sostuvo que esos relatos exponen un esquema mediante el cual "determinados funcionarios o intermediarios habrían exigido contraprestaciones económicas para aprobar solicitudes o remover observaciones" que impedían avanzar con las operaciones comerciales. Además, afirmó que su intervención busca "formular las observaciones y aportes que consideramos relevantes para el avance de la presente investigación penal", con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos y evitar errores detectados en investigaciones similares.
Uno de los testimonios describe un supuesto sistema de comisiones para obtener la aprobación de permisos de importación. De acuerdo con ese relato, los pagos oscilarían entre el 8% y el 10% del valor importado cuando existía contacto directo con funcionarios, mientras que podían llegar al 14% si intervenían intermediarios de menor rango e incluso alcanzar el 17% en algunos casos.
Otro declarante, vinculado al sector informático, aseguró que numerosos rechazos de solicitudes SIRA eran atribuidos a supuestos "errores informáticos" que, según afirmó, eran introducidos deliberadamente. También sostuvo que, una vez obtenida la autorización, algunos bancos exigían que la fecha de aprobación figurara en el sistema, pese a que ese requisito no estaba previsto por la normativa del Banco Central.
Un tercer testimonio señaló que, tras la centralización de los permisos en la Secretaría de Comercio, quienes necesitaban destrabar sus trámites debían recurrir obligatoriamente a ese organismo. A su vez, otro aporte describió la existencia de un mercado paralelo de intermediarios que ofrecían, de manera informal, acelerar firmas y autorizaciones dentro del sistema.
La presentación también incorporó un extenso hilo publicado en la red social X por un usuario anónimo identificado como "drhousebit", quien relató las dificultades que enfrentaban empresas dependientes de insumos importados para operar bajo el régimen SIRA. No obstante, la propia Fundación Apolo aclaró que ese material "podría ser recibido con cautela por tratarse de un testimonio anónimo difundido en redes sociales".
En su pedido, la entidad remarcó que su estatuto contempla la promoción de la transparencia, la ética pública y la rendición de cuentas, por lo que considera que está legitimada para intervenir en la causa. Además, expresó su compromiso de actuar "como un actor clave en la defensa y promoción de un sistema de gobierno transparente, ético y comprometido con la rendición de cuentas".
Como último punto, la fundación solicitó al juzgado que implemente mecanismos para preservar la identidad de quienes aporten información y consideró "especialmente pertinente" aplicar la figura del informante prevista en la Ley 27.319, con el objetivo de brindar mayores garantías a eventuales colaboradores de la investigación.