Causa Seguros: la Corte rechazó un recurso de Alberto Fernández y está cada vez más comprometido

La Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación que Alberto Fernández había presentado contra el juez federal Julián Ercolini en el marco de la causa por supuestas irregularidades en la contratación de seguros durante su presidencia. El fallo representa un nuevo revés para el ex mandatario, que ya fue procesado por este expediente y enfrenta un embargo por más de $14.600 millones.

La decisión del máximo tribunal se suma a los rechazos previos que la defensa de Fernández había recibido por parte de la Cámara Federal y de la Cámara de Casación. El argumento de fondo de los jueces fue que los elementos aportados para cuestionar la imparcialidad de Ercolini no cumplían con los requisitos mínimos de admisibilidad.

La recusación de Alberto Fernández contra Julián Ercolini

Fernández había pedido apartar a Ercolini con base en una serie de chats personales que, según él, probaban una relación de conocimiento previo y un supuesto “ánimo de venganza” del magistrado. Se trata de conversaciones que habrían tenido lugar entre 2017 y 2018, cuando el entonces futuro presidente todavía no ocupaba cargos ejecutivos. Sin embargo, los jueces remarcaron que el contenido fue presentado de forma tardía, sin respaldo técnico ni peritaje, y sin el teléfono original como prueba.

Durante una audiencia ante la Cámara Federal, el ex presidente insistió en que Ercolini actuaba con animosidad en su contra. “Estoy seguro de que es parcial. Lo ha demostrado en las dos causas”, afirmó, en referencia a las investigaciones por los seguros y por presunta violencia institucional. Y agregó: “No estoy paranoico, Ercolini me detesta y me quiere cobrar venganza”.

Pese a esas declaraciones, el juez ya no está a cargo del expediente. En febrero, el caso pasó al juzgado federal de Sebastián Casanello, quien procesó a Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. En esa resolución, el magistrado también le trabó un embargo por $14.634.220.283.

El expediente investiga la presunta maniobra por la cual la Presidencia de la Nación obligó a distintas dependencias estatales a contratar seguros a través de Nación Seguros y por medio de intermediarios. El foco está puesto en el decreto 823/21, que firmó el propio Fernández, y en la designación de María Cantero, secretaria privada del ex mandatario, quien habría tenido un rol clave en el circuito administrativo de esas contrataciones.

Según el fallo de Casanello, “existen fuertes sospechas de que se construyó una oficina de Presidencia que pasó a ser asiento de los negocios del grupo empresarial del cual él mismo había participado”.

El rechazo de la Corte no modifica el curso actual de la causa que seguirá en manos de Casanello, pero debilita aún más la estrategia de defensa de Fernández, que busca instalar un discurso de persecución judicial y cuestionar a los magistrados intervinientes. La resolución del máximo tribunal, además, deja firme el fallo de primera instancia que negó la recusación, y consolida la posición del Poder Judicial frente a uno de los casos más delicados que enfrenta el ex presidente desde que dejó el cargo.