Causa por fraude en Comodoro Rivadavia: allanamientos a exfuncionarios de la gestión de Juan Pablo Luque
La Justicia de Chubut llevó a cabo operativos en domicilios y vehículos como parte de una causa derivada de una condena previa. Se trata de supuestas maniobras ilegales tras el temporal que afectó a la ciudad en 2017, con nuevos elementos presentados ante el Ministerio Público.
Juan Pablo Luque, exintendente de Comodoro Rivadavia.
La Fiscalía de Comodoro Rivadavia realizó allanamientos en el marco de una nueva investigación por presuntas irregularidades vinculadas al manejo de fondos públicos durante la gestión del exintendente Juan Pablo Luque. La causa, conocida como "Emergencia Climática II", se desprende del juicio que en 2024 condenó a varios exfuncionarios municipales por fraude en el uso de partidas destinadas a paliar los efectos del temporal que afectó a la ciudad en 2017.
Según confirmó en conferencia de prensa el fiscal Cristian Olazábal, los procedimientos incluyeron allanamientos, requisas personales y registros vehiculares. En los tres operativos realizados se secuestraron equipos informáticos y otros elementos considerados útiles para el avance de la causa. Aunque evitó mencionar nombres, el fiscal precisó que los investigados fueron parte del equipo que integraba la municipalidad durante la gestión de Luque.
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Fuentes judiciales y medios locales indicaron que uno de los domicilios allanados corresponde a Germán Issa Pfister, exsecretario de Economía y persona de estrecha confianza del exintendente, quien actualmente es candidato a diputado nacional por el kirchnerismo en Chubut.
La nueva causa se origina a partir de elementos detectados durante el juicio por la denominada "Emergencia Climática I", donde el Tribunal Oral condenó a exsecretarios y empresarios por maniobras fraudulentas con fondos destinados a obras y asistencia tras la catástrofe climática. Entre los condenados estuvieron Abel Boyero y Rubén Palomeque, además de inspectores y contratistas involucrados en falsificación de partes de trabajo y cobros por tareas no ejecutadas.
El fiscal Olazábal detalló que la primera causa se inició el 9 de mayo de 2024 y concluyó el 29 de agosto del mismo año, tras el paso de 120 testigos. La sentencia fue confirmada por la Cámara en lo penal el 4 de diciembre de 2024. Los condenados recibieron arresto domiciliario a fin de ese año, pero fueron liberados por revisión judicial poco después.
“Si aquel 30 de diciembre de 2024 yo no hubiera solicitado la libertad de estas personas, hoy hubieran descontado nueve meses de prisión”, declaró Olazábal. En paralelo, la Procuración General remitió nuevos elementos surgidos durante el debate oral, lo que dio lugar a la reapertura de la investigación bajo una nueva carátula.
El ministro de Seguridad y Justicia provincial, Héctor Iturrioz, respaldó el accionar judicial y cuestionó la demora del Superior Tribunal de Justicia en resolver las apelaciones: “Era muy obvio que querían licuar la pena y les salió mal”. También expresó su desconcierto ante la prolongación del tratamiento judicial: “Insumió más tiempo en responder esta impugnación extraordinaria que el juicio, que fue muy complejo”.
Desde el plano político, la reacción del exintendente no se hizo esperar. A través de su cuenta en la red social X, Juan Pablo Luque calificó los allanamientos como una “persecución política disfrazada de justicia” y afirmó que el operativo se realizó en el estudio contable de quien fuera su secretario de Economía. Según el dirigente, el objetivo de la medida es instalar sospechas en medio de la campaña electoral.
“Pretenden acusarlo nuevamente para abrir la causa ‘Emergencia 2’, con el único objetivo de mantener, mientras dure la campaña, un manto de duda sobre una vinculación que no existe”, manifestó Luque.
El avance de esta investigación vuelve a poner el foco en el entorno del exintendente. Aunque el proceso judicial aún se encuentra en etapa preliminar, las implicancias políticas comienzan a manifestarse en la campaña electoral de Chubut, con un candidato nuevamente señalado por hechos vinculados a su administración.