Baja de edad de imputabilidad: Diputados pisa el acelerador y busca un texto consensuado
La baja de edad de imputabilidad es el principal objetivo del Gobierno en la Cámara de Diputados. Los detalles del proyecto.
Martín y Eduardo "Lule" Menem estarán en eventos de la Vendimia.
N/ALa Cámara de Diputados pisa el acelerador en medio de una agenda ajetreada que culminará con la media sanción de la baja de edad de imputabilidad. El oficialismo define la composición de las principales comisiones mientras acelera el poroteo para avanzar con el proyecto que no pudo tratar el año pasado, cuando la oposición le arrebató la agenda política.
Este martes se conformarán las comisiones de Justicia y de Familia, Niñez y Juventud, que trabajarán de forma conjunta con Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda el miércoles, según acordó el oficialismo con sus aliados, para dictaminar el proyecto de ley que baja la edad de imputabilidad a 13 años, tal como establece el texto que ingresó este lunes a la Cámara baja.
El proyecto presentado por el Gobierno nacional fija en 13 años la edad de punibilidad, como propuso originalmente el oficialismo. Sin embargo, se espera que el dictamen final cierre con la edad de 14 años, tal como reclaman la mayoría de los aliados. “Lo hicieron así para después escenificar un acuerdo con la oposición”, señaló a MDZ uno de los socios parlamentarios del Gobierno en la Cámara de Diputados.
Otra de las modificaciones que se conocieron este lunes tiene que ver con el financiamiento necesario para la creación del nuevo régimen penal juvenil. El artículo 51 fija una asignación presupuestaria total de $ 23.739.155.303,08 para afrontar los gastos que demande la ley y define el origen de esos fondos dentro del presupuesto nacional.
En el proyecto original se indicaba que, para el financiamiento, el jefe de Gabinete de Ministros debía reasignar partidas presupuestarias, la misma fórmula que La Libertad Avanza utilizó como argumento para no girar fondos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad.
El texto, sin embargo, no detalla cómo serán los convenios y las transferencias a las provincias, que presentan distintas tasas de delincuencia juvenil. Este punto no es menor, ya que se trata, en su mayoría, de delitos de jurisdicción provincial. En ese contexto, las transferencias de la Nación a los gobiernos locales resultan clave para la implementación del régimen, que prevé, entre otras cosas, la creación de establecimientos especiales para menores de edad.
En el proyecto que ingresó a Diputados este lunes a media mañana no se conocieron los detalles de esos convenios. Fuentes del oficialismo dejaron trascender ante la consulta de MDZ que esas definiciones se terminarán de cerrar entre el martes y el miércoles, en la previa de la firma del dictamen.
A pesar de los interrogantes que aún quedan abiertos, en el oficialismo aseguran contar con la voluntad de sus aliados para negociar y reunir los votos necesarios para darle media sanción al proyecto.
Cómo quedan las comisiones en Diputados
Un paso previo será la conformación de las comisiones que comenzarán a funcionar este martes. El Gobierno, como es de esperar, busca asegurarse la conducción de las más importantes para evitar una embestida opositora. Uno de los nombres que suena para presidir la Comisión de Justicia es el de Sebastián Pareja, diputado por la provincia de Buenos Aires y hombre de confianza de Karina Milei, con llegada a distintos sectores políticos.
La otra comisión clave es la de Familia, Niñez y Juventud. En el marco de su agenda cultural, el Gobierno intentará retener su conducción en manos de un referente del sector celeste. Uno de los nombres que suena es el de la correntina Virginia Gallardo. Un dato no menor: al asumir su banca en diciembre de 2025, juró “por la niñez”. También aparece en carpeta Alicia Fregonese (PRO), la diputada entrerriana que responde al gobernador Rogelio Frigerio, uno de los mandatarios provinciales más alineados con la Casa Rosada. Sin embargo, ceder espacios a quienes colaboran con el oficialismo no suele ser una práctica habitual del Gobierno.