Avanza el proyecto para poder denunciar contaminación ambiental en Mendoza a través de una App
La iniciativa crea una plataforma digital oficial para que la ciudadanía pueda aportar imágenes y videos georreferenciados de presuntas infracciones ambientales, fortaleciendo las tareas de fiscalización y control del Estado. El proyecto tuvo media sanción y pasó a Diputados.
Contaminación en Mendoza.
Zonda FotosLa Cámara de Senadores dio media sanción este martes a un proyecto que propone incorporar denuncias ciudadanas georreferenciadas como herramienta complementaria para la detección y control de posible contaminación ambiental en Mendoza.
La iniciativa, impulsada por legisladores del radicalismo, fue acompañada de manera unánime y establece un marco jurídico para la "recepción, preservación y tratamiento administrativo de registros audiovisuales aportados por la ciudadanía", con el objetivo de ampliar la capacidad de fiscalización y seguimiento ambiental en todo el territorio provincial.
La votación en la Cámara Alta tuvo repercusión en el ministerio de Energía, con la ministra Jimena Latorre que celebró la votación.
"Queremos reforzar herramientas para que la sociedad pueda participar de los procesos de fiscalización a través de una plataforma oficial, agilizando la detección ante infracciones y mejorando la capacidad de respuesta del Estado, siempre con las garantías del debido proceso", mencionó en redes sociales.
Denuncias por contaminación ambiental desde una app
El proyecto prevé el desarrollo de una plataforma digital oficial mediante la cual los ciudadanos podrán reportar en tiempo real situaciones que pudieran constituir incumplimientos de la normativa ambiental. El sistema contará con herramientas de georreferenciación, validación de identidad, sellado temporal, códigos de verificación y mecanismos tecnológicos destinados a garantizar la autenticidad e integridad de la información aportada.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, organismo que tendrá a su cargo la administración del sistema, el procesamiento técnico de los registros y la derivación de las actuaciones a los organismos competentes. En aquellos casos vinculados a competencias municipales, la plataforma funcionará como una instancia de articulación entre la Provincia y los municipios.
Asimismo, se aclaró que las imágenes y videos aportados por la ciudadanía podrán constituir elementos de sustento dentro de un procedimiento administrativo, aunque por sí solos no determinarán la existencia de una infracción. En todos los casos, corresponderá a la autoridad competente analizar los antecedentes, garantizar el derecho de defensa y adoptar las medidas previstas por la normativa vigente.
Participación de los mendocinos
La senadora radical, Yamel Ases, destacó que el objetivo es otorgar respaldo legal a una participación ciudadana que actualmente se canaliza a través de mecanismos informales, permitiendo transformar esos aportes en herramientas útiles para la protección ambiental y la detección temprana de posibles daños sobre el territorio.
También explicó que la propuesta busca integrarse al proceso de digitalización de la administración pública provincial previsto en la Ley 9625 de Sistema de Administración Pública Digital, con la posibilidad de incorporarse a futuras herramientas y aplicaciones oficiales.
Por otro lado, desde el espacio Encuentro Mendocino, la senadora Adriana Cano agregó que este proyecto "demuestra que las leyes son mejores cuando se construyen con diálogo y participación. La ciudadanía debe tener más herramientas para colaborar con el cuidado del ambiente, pero eso no puede significar que el Estado renuncie a sus obligaciones", señaló.
También dijo que la ley "permitirá a la ciudadanía ejercer un verdadero control cuando el infractor sea el propio Estado. Si hubiera estado vigente antes, los vecinos de Corralitos habrían contado con una herramienta específica para iniciar acciones de contralor ambiental frente a los derrames cloacales."
El proyecto toma como referencia antecedentes normativos nacionales e internacionales, entre ellos el Acuerdo de Escazú, que promueve el acceso a la justicia ambiental y la participación ciudadana en la protección del ambiente. También se recordó que tanto la Constitución Nacional como la Constitución de Mendoza establecen la responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad en la preservación de los recursos naturales.
La propuesta se encuentra alineada además con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, especialmente aquellos vinculados a la acción climática, la protección de los ecosistemas y el fortalecimiento institucional.
“Buscamos modernizar el sistema de denuncias ambientales, permitiendo que la ciudadanía aporte registros audiovisuales en tiempo real mediante una aplicación oficial que garantice la autenticidad y trazabilidad de la evidencia. El Ministerio de Energía y Ambiente será la ventanilla única, respetando competencias municipales, y se asegurará el debido proceso y el derecho a defensa. Agradezco a los senadores y senadoras que acompañaron esta iniciativa”, explicó.
