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Alfredo Cornejo criticó duramente a una fiscal y Alejandro Gullé ya le pidió el jury de enjuiciamiento

Se trata de Andrea Lorente, fiscal de Malargüe. Cuáles son las causas que presentaron en contra de la magistrada.


El procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, presentó este martes un pedido de jury a la fiscal de Malargüe, Andrea Lorente, por "graves incumplimientos y deficiencias en el desempeño de sus funciones".

El documento con la solicitud a la comisión del jury de enjuiciamiento fue recibido por el Tribunal de Enjuiciamiento este mismo martes al mediodía.

Según el informe con los fundamentos que expuso Gullé, se advirtieron "una serie de irregularidades en varios expedientes penales", luego de un relevamiento que se realizó desde el Ministerio Público Fiscal, a través de la coordinadora general del Ministerio, Andrea Chaves; y la inspectora, Evangelina Merino.

Durísimo informe contra la fiscal

Luego, se determinó una inspección, a cargo de Jorge Rubio, también del MPF, en la que surgió "de manera contundente que el accionar de la Dra. Andrea Lorente evidencia no solo el desconocimiento del Derecho en varios casos sino también el negligente cumplimiento de sus funciones que ha generado graves consecuencias en la Administración de Justicia, vulnerando derechos fundamentales y exponiendo a las víctimas a situaciones de revictimización y desprotección".

Además, se expresó que "la falta de diligencia y el desconocimiento en la calificación de delitos no se trata de hechos aislados sino que, por el contrario, de manera sistemática se ha apartado de modo manifiesto y grosero del marco normativo que debía aplicar".

La fiscal de Malargüe, Andrea Lorente.

La fiscal de Malargüe, Andrea Lorente.

Para Gullé, "las consecuencias de esta inacción y falta de profesionalismo han sido particularmente graves", y detalló que "se ha visto reflejada en los casos en que las víctimas han sido niños, niñas y adolescentes y también en casos de violencia de género, abusos sexuales e, incluso, en supuestos hechos de delitos que involucran a funcionarios públicos o víctimas que han quedado en un estado de absoluta indefensión".

También sostuvo que "la amplitud de los expedientes mal instruidos o, directamente, sin ninguna instrucción, evidencian el mal desempeño que aquí se presenta".

Los fundamentos de Alejandro Gullé contra la Fiscal

Sobre la investigación de diversos delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes y de maltrato infantil, indicó Gullé que "lejos de recibir medidas especiales de protección que les hubieran brindado amparo y seguridad, los niños, niñas y adolescentes víctimas no tuvieron ninguna respuesta por parte del sistema judicial que debía protegerlos".

"La falta de celeridad y compromiso en la tramitación de varias de las causas ha provocado la prescripción de delitos, dejando impunes a los responsables y desamparadas a las víctimas. En otras, aunque no se ha llegado a la prescripción de la acción, la Dra. Lorente no realizó ninguna investigación ni tomó ninguna medida de protección a pesar de que existían varias denuncias referidas a los mismos menores que ponían en evidencia la situación de vulnerabilidad en la cual se encontraban. Sin embargo, ninguna de estas denuncias generó en la Agente Fiscal la toma de conciencia sobre el cumplimiento de sus funciones", planteó.

El procurador expresó que también se encontraron irregularidades "en la tramitación de causas de violencia de género donde la Fiscal no actuó con la debida diligencia reforzada que exigen los Tratados Internacionales en este tipo de investigaciones".

"De la inspección realizada se determinó la existencia de procesos en los cuales no se dispuso la detención del imputado a pesar de corresponder por existencia de condenas anteriores como así también procesos en los cuales no se adoptó ninguna medida de protección hacia las víctimas, llegando incluso algunas causas a finalizar con pedidos de prescripción de la acción penal sin que se haya llevado a cabo ninguna actividad procesal", ejemplificó.

Para Gullé, la fiscal Lorente "ha omitido cumplir con todos los estándares internacionales de protección en casos de violencia de género, estándares a los cuales se ha comprometido el Estado argentino".

"La importancia de castigar estos delitos no radica solamente en dar una respuesta y protección a las víctimas sino también traslada un mensaje a la sociedad de la preocupación del Estado por sancionar estas conductas lesivas", advirtió el Jefe de los fiscales.

Por otro lado, se marcó que allí no terminaron las irregularidades, todo lo contrario.

"Se constataron indebidas concesiones de libertades a imputados con antecedentes penales a quienes hubiera correspondido la detención o la prisión preventiva, según el procedimiento correccional o de instrucción", dijo. Sin embargo, "por falta de revisión y análisis riguroso de la situación no se procedió como marca la ley procesal. Esta ignorancia del derecho al resolver situaciones procesales les brinda a los sindicados el claro mensaje de que pueden continuar con su actuar delictivo, lo que a su vez coloca en una situación de desamparo absoluto a las víctimas", comentó.

En otros ejemplos, se evidenció que varias causas "no han tenido movimientos" durante un buen plazo de tiempo. "En algunas de ellas, "se llegaron a efectuar más de seis denuncias sin que la Dra. Lorente tomara ninguna medida ni con respecto a la víctima ni tampoco respecto de la imputada. En otras palabras, en ningún momento articuló una respuesta eficaz ni adoptó oportunamente medidas que permitieran, al menos, disuadir hechos futuros".

Por último, afirmó Gullé que "tampoco tuvo la Dra. Lorente ninguna diligencia en investigar hechos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones".

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El procurador Alejandro Gullé pidió el juicio político a la fiscal Andrea Lorente.

Sobre esto, dijo que "se observaron causas donde se denunció el uso personal de bienes pertenecientes al Estado y no se llevó a cabo ninguna actividad procesal tendiente a determinar la existencia de los hechos y la responsabilidad de las personas involucradas. Se trata de delitos especialmente graves no tanto por las penas amenazadas sino, fundamentalmente, por la calidad de los autores que los cometen".

Finalmente, Gullé señaló que, naturalmente, "nadie está exento de cometer algún error porque la naturaleza humana es falible pero, en los casos que ahora presento, lo que ha campeado es la irresponsabilidad, el desconocimiento y una actuación al margen de la razón, la prudencia y el discernimiento, colocando en situación de desprotección a todas las víctimas como así también a la sociedad malargüina en su conjunto".

"Este pedido de destitución viene a corregir esta situación pues con la separación de la Dra. Lorente de su cargo lo que se pretende es proteger los intereses de la comunidad de Malargüe contra el riesgo derivado de su carencia de idoneidad para el correcto desempeño de la función que le fuera encomendada", puntualizó en su conclusión Alejandro Gullé.

La crítica de Alfredo Cornejo contra la fiscal

Particularmente esta mañana, el gobernador Alfredo Cornejo criticó algunos casos negativos según su punto de vista, sobre el accionar de algunos magistrados, donde nombró, por un lado, al juez del Juzgado Penal Colegiado nº1, Sebastián Sarmiento; al igual que la fiscal Lorente.

"Tenemos casos del Ministerio Público Fiscal que tampoco están funcionando bien, como por ejemplo la fiscal de Malargüe, que realmente tiene un montón de causas pisadas, no las investiga", apuntó.

Alfredo Cornejo (centro), junto a Omar Félix y Hebe Casado, en San Rafael.

Alfredo Cornejo (centro), junto a Omar Félix y Hebe Casado, en San Rafael.

Y lanzó: "No entendemos por qué ya no se ha promovido un jury también allí o cómo no ha renunciado, porque es un funcionamiento muy malo", dijo Cornejo.

Por supuesto, desde el Ministerio Público Fiscal aseguraron que la solicitud de jury ya se había promovido esta mañana.

La comisión del Jury de Enjuiciamiento

De igual forma, ahora será el turno de la comisión del Jury de Enjuiciamiento, quien analizará y definirá si "tiene color" o no la solicitud de Gullé.

La comisión está compuesta por 21 miembros, que son los siete ministros de la Suprema Corte, siete diputados y siete senadores.

De los 14 legisladores que conforman la comisión, hay nueve por parte de Cambia Mendoza: Jorge López, Daniel Llaver, Mauricio Torres, Ricaro Tribiño, Beatriz Martinez, Martín Kerchner, Alejandro Diumenjo, Natacha Eisenchlas y David Sáez. El peronismo tiene tres, que son Germán Gómez, Helio Perviú y Mauricio Sat; y La Unión Mendocina tiene dos, que son Jorge Difonso y Ariel Pringles.

En tanto, los ministros de la Suprema Corte son Dalmiro Garay, Julio Gómez, Norma Llatser, Teresa Day, Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio.