ver más

Alberto Fernández insistió que se revoque su procesamiento por negociaciones incompatibles con la función pública

El exmandatario participó de una audiencia en la que habló, y su defensa argumentó que la imputación fue sostenida exclusivamente por jueces. La fiscalía señaló la existencia de indicios “ciertos, concordantes y serios” que vinculan a Alberto Fernández con la maniobra.


El expresidente Alberto Fernández volvió a los tribunales federales de Comodoro Py para sostener su inocencia en la causa en la que está procesado por negociaciones incompatibles con la función pública, en calidad de autor, vinculadas a la contratación de seguros en organismos estatales.

Junto a su abogada, Mariana Barbitta, Fernández participó de una audiencia encabezada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que se extendió por casi una hora. Barbitta expuso cinco agravios contra la confirmación del procesamiento dictada en noviembre del año pasado por la Sala II de la Cámara Federal porteña, y pidió que se revoque esa decisión y se dicte la falta de mérito de su cliente.

La defensa de Alberto Fernández solicitó revocar el procesamiento ante Casación

Para la defensa, ni durante la instrucción ni en segunda instancia la Fiscalía había solicitado el procesamiento de Fernández. Barbitta recordó que, durante la audiencia de septiembre del año pasado, el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, había sido explícito: “No he encontrado elementos de prueba que me permitan, como Ministerio Público, sostener, con el grado de certeza que requiere la etapa en la que estamos, la imputación en los términos, en las condiciones y en la gravedad que se le formula a Alberto Fernández”.

En ese momento, solicitó la falta de mérito. La Cámara, sin embargo, ignoró ese pedido y confirmó el procesamiento.

Los argumentos técnicos: Violación del principio acusatorio y falta de mérito

Desde la óptica de la defensa, esto constituye una violación directa del principio acusatorio, que exige que sea la acusación- y no los jueces- quien impulse la persecución penal. “El señor Fernández fue investigado y acusado únicamente por jueces. No hay una sola actuación fiscal que haya impulsado su imputación”, sostuvo Barbitta ante el tribunal, integrado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.

Otro de los puntos planteados fue la afectación del principio de congruencia. Cuando Fernández prestó declaración indagatoria ante el juez Julián Ercolini, la imputación giraba en torno al Decreto 823/2021 sobre contratación de seguros. Sin embargo, cuando el juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento tras subrogar el Juzgado Federal N°11, la acusación había cambiado: se le reprochó haber creado la figura de secretaria privada ejecutiva mediante otro decreto y haber designado allí a María Marta Cantero.

Asimismo, la defensa señaló que la Cámara no respondió a todos los planteos: el procesamiento se dictó sin producir la prueba ofrecida. Fernández solicitó en más de cinco oportunidades la citación de testigos como Vilma Ibarra, entonces secretaria Legal y Técnica; y Santiago Cafiero, quien podría haber explicado el contexto del mensaje de WhatsApp: “Yo me ocupo”, base central de la imputación.

El cuarto agravio apuntó a que el procesamiento presumió el dolo de Fernández por el solo hecho de ser presidente, sin examinar el nexo de causalidad ni la imputación objetiva, lo que —según la defensa— vulnera el principio de culpabilidad. Por último, Barbitta cuestionó el embargo de más de 14.600 millones de pesos, calculado sobre el perjuicio atribuido al conjunto de imputados sin respaldo de una pericia contable. También objetó la prohibición de salida del país, al considerar que no se evaluaron medidas menos gravosas para alguien que siempre estuvo a derecho.

CFPSALAIV

Los Camaristas: Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky

El descargo de Alberto Fernández y sus críticas al juez Ercolini

Tras la exposición de la defensa, el expresidente se dirigió brevemente a los camaristas y pidió que se haga justicia y se revoque el procesamiento. “Acá sigo, maravillosamente violado por la Cámara Federal. Nunca me dejaron defenderme por el hecho que me imputaron. María Cantero era mi secretaria desde hacía 30 años; ella no manejaba mi agenda. Es una falacia absoluta”, señaló.

Sobre el juez Ercolini, afirmó: “Vengo planteando que no es un juez imparcial; tenía una animadversión manifiesta conmigo”. También cuestionó que haya sido apartado en la causa por violencia de género, pero no en la investigación por los seguros. Dirigiéndose a los jueces Hornos, Borinsky y Carbajo, agregó: "No sé cuánto simpatizan conmigo, pero parece que acá los únicos que rendimos cuentas somos los que pensamos como Perón. Señores jueces, les pido que hagan justicia y revoquen el fallo”.

La respuesta de la fiscalía: rechazó los planteos y pidió avanzar con la causa

Por su parte, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, rechazó los argumentos de la defensa en un escrito. Sostuvo que Agüero Iturbe exigió un estándar de convicción superior al requerido en esta etapa, ya que el procesamiento no requiere certeza, sino probabilidad suficiente. Esa probabilidad —afirmó— se configura a partir de los indicios que el propio fiscal había reconocido.

Pleé calificó el pedido de falta de mérito como “inmotivado y contradictorio” y rechazó que la Cámara Federal haya violado el principio acusatorio. Recordó que, según la doctrina de la Corte Suprema, este principio impide condenar sin acusación o elevar una causa a juicio sin requerimiento fiscal, pero no limita la revisión de un procesamiento en instancia de apelación.

“Pretender que el fiscal pueda apartar a los magistrados del ejercicio de su jurisdicción implica no solo reconocerle una facultad de disposición sobre la acción pública que no surge del ordenamiento vigente, sino también despojar al juez del control de legalidad que le corresponde”, sostuvo.

El fiscal cerró su dictamen solicitando que el recurso de la defensa sea declarado inadmisible o, subsidiariamente, rechazado. Además, invocó los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra la corrupción y advirtió que frenar el proceso implicaría resignar la posibilidad de alcanzar la verdad material.