Presionan al Gobierno para sancionar el proyecto de ley de Discapacidad en Emergencia
Este lunes, el Foro Permanente de Discapacidad brindará una conferencia de prensa a las 10 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para exigirle tanto al Gobierno como a los miembros del Congreso que traten y aprueben el proyecto de Discapacidad en Emergencia. "El atraso en los valores de los aranceles prestacionales hasta enero del 2025 supera el 64%", manifestaron desde el sector.
También expusieron que hay 150.000 puestos de trabajo que están en riesgo y alrededor de 200.000 personas con discapacidad a punto de perder sus prestaciones, servicios fundamentales para su desarrollo y bienestar. La iniciativa fue presentada por el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo y debatida en la Comisión de Acción Social y Salud, donde recibió dictamen.
La misma plantea declarar la crisis dentro del sector hasta el 31 de diciembre de 2027, con carácter de "orden público y rige en todo el territorio nacional". Obliga, además, al Gobierno a tomar las medidas para la protección y promoción de derechos de las personas del colectivo.
Según explica el boceto del proyecto, Nación tendrá que disponer el "financiamiento adecuado y sostenible de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para Protección Social". Además, se deberá efectivizar "el cumplimiento de la obligación del Estado Nacional", asumida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, otorgada por la Ley 27.044.
"El 52,9% de la población está sumida en la pobreza, y las personas con discapacidad no escapan de esta realidad. En este contexto, lejos de brindar respuestas, el Poder Ejecutivo ha lanzado una campaña de difamación contra el colectivo, persiguiendo y recortando las Pensiones No Contributivas", dispararon desde el Foro.
La implicancia del proyecto es por un ajuste inmediato de los valores prestacionales y mecanismo de actualización mensual basado en el costo de vida y los salarios. También una coordinación eficiente entre organismos, sumado a una transparencia en la gestión de recursos.
Asimismo, enfatizaron en que esto cooperaría con el ingreso garantizado para todas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo cual es compatible con el empleo formal, promoviendo la inclusión laboral sin pérdida de derechos. También se espera garantizar el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas, con requisitos claros y su denominación como “Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social”.