Los judiciales con sueldos de privilegio siguen con sus beneficios y se demora la causa

En dos meses se cumplirán cinco años de la aprobación de una ley con la cual la Legislatura Provincial se propuso en parte terminar con lo que a simple vista se ve como una anormalidad o injusticia: los cargos de los equiparados a magistrados en el Poder Judicial de Mendoza. Dicho de otro modo, son trabajadores que cobran como si fueran jueces. Pero no lo son, ni cargan con sus responsabilidades, más allá que algunos de sus puestos puedan llegar a ser importantes en términos administrativos.

Actualmente, una medida cautelar aceptada por la Sala II de la Suprema Corte en octubre del 2020 (con votos afirmativos de Mario Adaro y Omar Palermo, más la disidencia de José Valerio) mantiene los salarios millonarios -algunos están cercanos a los $8 millones – de los 19 equiparados a magistrados que habían quedado dentro de la ley votada y que actualmente trabajan en Tribunales. La cuestión de fondo, mientras tanto, duerme a la espera de una resolución en pleno de la Suprema Corte de Justicia.

Pero nada ocurre por el momento, y no se espera que algo pueda pasar al menos en los próximos meses, salvo que en la Corte los magistrados se propongan hacerlo, teniendo en cuenta que el fondo de la causa se debe resolver en pleno, con la votación de los siete ministros.

De hecho, tres empleados se jubilaron con la cautelar vigente y sin resolución final. Si bien este grupo de empleados no se jubila con el 82% móvil de los magistrados, en varios casos llegan al “tope jubilatorio”, que actualmente está en le orden de los $1,8 millones por mes.

Pero además, pese a no tener prácticamente avances la causa, hay otro detalle que también demorará más la resolución, y es que ahora se incluyó lógicamente a la flamante ministra de la Corte, Norma Llatser, en los ocho expedientes que tiene abierto este tema (hubo presentaciones independientes de grupos de equiparados).

“Lo que está ocurriendo ahora es que se ha tenido que incorporar con Llatser”, dijeron desde Tribunales, que ocupó el lugar de Pedro Llorente, el único de los siete que se había excusado de la causa. Luego que eso ocurra, “se dará lugar a las partes para ver si las partes impugnan o no”, agregaron.

Si uno ingresa a las listas diarias de los expedientes, se nota a simple vista la lentitud o desinterés de la Suprema Corte para que se resuelva. Salvo un movimiento que hubo en septiembre del 2024, para el resto hay que remontarse al 2022 con acciones que son más administrativas que lo que pueda ser algún interés real (en el 2023 no hubo un solo movimiento de la causa).  

Dilatado

Fuentes de la Suprema Corte aseguraron a MDZ que el caso, que quedó judicializado desde la sanción de la ley por los equiparados afectados y que incluso hay una medida cautelar aceptada por la Corte, está en manos del presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, y manifestaron que es precisamente la autoridad la que debe “mover” la misma. De hecho, indicaron que aún no se realizan las audiencias preliminares, por lo que no está próximo a una resolución.

Quienes critican al Presidente de la Corte aseguran que la reforma del funcionamiento interno de la Corte estableció que es él quien “dirige” la causa.

Según el artículo 2 de la ley 9.423, “la decisión en pleno deberá tomarse por voto de la mayoría simple de los/as miembros que integran la Suprema Corte, siendo atribución de la Presidencia el dictado de todos los actos de trámite previos a la sentencia o la acordada”.

Lo cierto es que, mientras la Corte se demora, hay veinte de equiparados que siguen cobrando como si fueran como magistrados, pero no tienen las mismas responsabilidades que las que puede tener uno de ellos, ya sea defensor oficial, fiscal o incluso juez.

La mayoría cumple funciones administrativas y una acordada de jueces de la Corte se dispuso que percibirían salarios “equivalentes a jueces de cámara y magistrados de primera instancia”. 

De los 19 equiparados a magistrados, la mayoría se desempeña en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia; otros en el Ministerio Público Fiscal, y uno en el de la Defensa.

Además, se jubilaron Mónica González (exadministradora General del Poder Judicial) y Beatriz Fanny Naves (excoordinadora provincial del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario). Además, Eleonora Lamm, (exsubdirectora de Derechos Humanos y exequiparada) ahora cumple con un cargo de responsable del sectro de Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco.

De igual forma hay quienes, dentro de la Corte, dudan de igual forma de las intenciones reales del Gobierno Provincial para que esta causa se acelere y haya algún tipo de resolución (a favor o en contra), teniendo en cuenta la cercanía política que ha tenido el gobierno radical con Garay.

Desde el Gobierno provincial, se jactan de haber enviado en su momento el proyecto de ley (en la gestión de Rodolfo Suárez) y de impulsar su aprobación. Además, hubo una serie de solicitudes el año pasado por parte del Asesor de Gobierno, Ricardo Canet, a la Suprema Corte, para que el presidente de la Corte realizara actos útiles para la conformación del tribunal en pleno, con lo que había sido la excusación en su momento de Llorente, tras haber firmado equiparaciones (otras fueron firmadas por el procurador, Alejandro Gullé; el ministro Palermo; el exprocurador, Rodolfo Gonz{alez y el exministro, Jorge Nanclares, entre otros). 

Los equiparados a magistrados

Elizabeth Carbajal (secretaria Administrativa, Ceremonial, Protocolo y Audiencias de la Corte)

Carlos Quiroga Nanclares (secretario de Gestión y Control)

María Milagros Noli (Directora de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la justicia)

Cristóbal López Maida (Subdirector de Niñez y Adolescencia)

Romina Cucchi (Sub Directora de Ejecución Penal)

Gustavo Abaca (Director de Contabilidad y Finanzas)

Silvia Cataldo (subdirector Interino de la Dirección de Contabilidad y Finanzas)

Mario Jesús Cano (Director de Informática)

Hugo César Correas (Director de Recursos Humanos)

Beatriz Elena Chávez (Inspectora del Ministerio Público Fiscal)

Sandra Canese (Inspectora y Delegada de la Procuración General en la Cuarta Circunscripción)

Jorge Frigerio (Administrador Financiero del Ministerio Público Fiscal)

Alfredo Eduardo Clavel (Inspector en el Ministerio Público Fiscal)

Jorge Rubio (Inspector del Ministerio Público Fiscal)

Eduardo Berté (Director del Cuerpo Médico Forense y Criminalístico)

Mario Alberto Gabriele (delegado de la Procuración General e Inspector)

Alberto Luis Tonelli (Delegado del Procurador en la tercera Circunscripción)

Gerardo González (Director de Perfeccionamiento y Modernización del Ministerio Público Fiscal)Juan Manuel Lima (a cargo de la Oficina de Jurisprudencia del Ministerio la Defensa y Pupilar)