Habló el abogado de Mauricio Cornejo y explicó por qué lo liberaron
Este jueves fueron liberados los activistas Federico Soria y Mauricio Cornejo, detenidos tras participar en las protestas contra la minería en Uspallata el 24 de enero. La jueza Claudia Tula se declaró incompetente en la causa, que ahora pasará a la Justicia Federal. Soria se presentó ante la Justicia el 31 de marzo y fue detenido, mientras que Cornejo estuvo 25 días bajo arresto domiciliario.
La detención de ambos fue resultado de una denuncia por amenazas, aunque también se reportaron agresiones físicas contra manifestantes por parte de otros grupos pertenecientes a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) durante la protesta. Ariel Civit, abogado defensor de Mauricio Cornejo, afirmó en MDZ Radio 105.5 FM que "la liberación de los detenidos no implica una absolución. Pero sí que es una resolución favorable en cuanto a disponer la libertad de las personas".
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Los eventos de 24 de enero ocurrieron en el marco de la inauguración de una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros en Uspallata. Los asambleístas llegaron primero al local con banderas contra la minería, y al rato se les sumó una gran columna de la UOCRA a favor de la actividad. Tiempo después se provocaron los enfrentamientos que más tarde terminarían con Mauricio Cornejo y Federico Soria detenidos.
El abogado contó que los delitos que les atribuían a los detenidos eran aquellos del artículo 213 bis del Código Penal Argentino, que sanciona a las organizaciones que intentan imponer su ideología a través de la violencia o la fuerza, o lo que es llamado coerción ideológica. "A su vez los acusaron de amenazas coactivas con la finalidad de compeler a una persona a retirarse de un lugar de residencia", agregó.
La jueza de garantías Claudia Tula determinó la liberación de los activistas al declararse incompetente en la causa y remitir el expediente a la Justicia Federal. Esto significa que la detención de Cornejo y Soria se basó en una interpretación que "no correspondía" a la competencia de la Justicia provincial. "Esos dos artículos, en virtud del Código Penal de la Nación, son de competencia de la Justicia Federal", explicó el abogado.
"La competencia, al ser determinada por ley, debe ser respetada. Es una norma de cumplimiento obligatorio. En definitiva, lo que hizo la jueza Tula es corresponder que trate el caso la Justicia Federal", aclaró Civit.
La detención de Cornejo
El abogado de Mauricio Cornejo barajó que "el fiscal debe haber sabido que esto se trataba de un caso a ser tratado por la Justicia Federal... pero debe haber tenido la finalidad de procurar la persecución penal por su cuenta". En este sentido, Civit afirmó lo siguiente: "Me parece muy llamativo que, con escasas pruebas, se les haya aplicado calificaciones tan graves. Los reclamos acerca de la protección del agua son compartidos por toda la sociedad, más allá de las discusiones que puedan existir".
"No puede ser considerada una asociación violenta a un conjunto de personas que están reclamando por la protección del agua. Dentro de ese grupo hay niños y adolescentes", argumentó. Por esto, Civit cree que la situación genera un precedente preocupante. "Pero yo siempre hago invocación del beneficio de la duda. Quizás el fiscal interpretó de verdad que la causa era competencia de la Justicia provincial. Puede ser que su interpretación no haya sido la de la jueza", matizó.
Mientras la causa pasa ahora a la Justicia Federal, las organizaciones ambientalistas han reiterado su preocupación por el tratamiento que reciben las protestas contra la minería en la provincia. En las afueras del Polo Judicial de Mendoza, manifestantes portaban carteles con consignas como "No a minera San Jorge" y "Mendoza es hija del agua".
Por el momento, ni el fiscal ni las autoridades provinciales han brindado declaraciones sobre el fallo de la jueza Tula. En tanto, Cornejo y Soria, tras pasar más de dos meses privados de su libertad, recuperaron su vida cotidiana mientras el proceso judicial sigue su curso en el ámbito federal.
"A partir del fallo de la jueza, la causa continúa en la Justicia Federal, que evaluará como proceder de acuerdo a las pruebas que están remitidas. En la Justicia provincial la causa ya no existe más", concluyó.