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El Tribunal de Cuentas multó a un exintendente radical y a exfuncionarios

En un reciente fallo, el organismo determinó que un exjefe comunal y otros responsables políticos de su gestión por el faltante administrativo de una cámara de seguridad y otro bien. Los montos.

El Tribunal de Cuentas de Mendoza aprobó el balance presentado por el exintendente radical Juan Manuel Ojeda en su último año de gestión, es decir el correpondiente a 2023. Sin embargo, observó un faltante administrativo de una cámara fotográfica por lo que le impuso una multa de $331.121 y una irregularidad en la entrega de una cámara de seguridad por lo que deberá abonar $100.000. Además, el extitular de la Casa de Malargüe deberá pagar $150.000 por el primer motivo y $1.240.574 por el segundo. La exfuncionaria a cargo de patrimonio fue multada por $200.000. Desde la oposición, cargaron contra su gestión ha sido denunciada ante la Justicia por diferentes motivos. 

Sobre la cámara de fotos, que era una go-pro, el organismo asegura que :"Al presentar la comuna el informe por cese de funciones en cumplimiento del acuerdo 870 , las nuevas autoridades informan que se le requirió al ex intendente la devolución de una cámara Go-Pro que tenía asignada intendencia y que no pudo ser encontrada". Además, sostiene que: "El Tribunal, en coincidencia con sus órganos asesores, entiende que los responsables no han subsanado el reparo formulado. En consecuencia, aplicará a los responsables la sanción de multa que prevé el artículo 54 de la Ley N° 9292 y lo hará en la parte resolutiva del presente pronunciamiento".

En tanto que por las cámaras de seguridad, el ente señala que se trata de bienes adquiridos que nunca llegaron a la municipalidad y que sin embargo fueron abonados. "Por haber dado conformidad a la recepción de los bienes adquiridos (siendo que los mismos no fueron entregados), y que fue corroborado su fehaciente pago por la comuna, configurando un perjuicio patrimonial a las arcas municipales, por la suma de $468.982,44.-, sin perjuicio de los intereses devengados a la actualidad", sostiene en el fallo reciente. 

El exintendente, en sus redes sociales, celebró el fallo del Tribunal y además, cargó contra quienes lo denunciaron por otro motivo. En el medio malargüino"Ser y hacer de Malargüe", dijo que: "Es una medida que corresponde, ya que no se formalizó el traspaso. Me haré cargo y entre lunes y martes la pagaré”, aseguró en relación a la cámara de fotos que faltó.

El exintendente Juan Manuel Ojeda 

Por su parte, una de las ediles que motorizó denuncias judiciales contra Ojeda, Silvina Camiolo, del monobloque Reconstruyendo Malargüe, expresó en diálogo con MDZ: "Este fallo no es una interpretación política. Es una resolución jurídica y contable, firmada por cinco miembros del Tribunal, entre ellos autoridades con origen radical, como el Dr. Néstor Parés, ex funcionario de Alfredo Cornejo. Que un Tribunal con esta composición sancione a un intendente del mismo signo político da cuenta de la gravedad de los hechos.Sin embargo, en un acto de cinismo que ya se ha vuelto habitual, el ex intendente Ojeda se presentó ante los malargüinos el domingo de Resurrección —como si creyera que podía resucitar su imagen pública— para jactarse de la aprobación de su gestión y minimizar las sanciones. Según él, sólo se trata de "una cámara de fotos" que "va a comprar"

En ese sentido, agregó: Permítanme decirlo claramente: no es sólo una cámara. Es el símbolo del uso indebido de recursos públicos, de la falta de respeto por el patrimonio de todos, y de una conducta sistemáticamente desapegada de la responsabilidad que exige la función pública. Hay personas que trabajan 30 o 40 años para el Estado sin llevarse ni un alfiler. Aquí, en cambio, no bastó con el excelente sueldo percibido: también hubo que reclamarle hasta una simple cámara de fotos. Y lo peor: ni siquiera tuvo la decencia de regularizar esa falta antes de dejar su cargo".Por último,agregó: "Como concejal de Malargüe, me corresponde además recordar que el Concejo Deliberante no aprobó la rendición de cuentas 2023. Nuestro rol, que es velar por los intereses de los vecinos, fue cumplir con el control que nos demanda la ley, aunque Ojeda ahora pretenda presentar nuestros actos como "ataques electorales".