La audiencia pública ha muerto

Tengo 30 años de asistir a audiencias públicas por el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en Mendoza y otros lugares del país. Investigué, escribí y difundí sus bondades en talleres, publicaciones e investigaciones. Pero pasado este tiempo, debo decir que la audiencia pública ha muerto. Mas bien, la han matado las nuevas estrategias para evitar que la participación pública pueda influir en la agenda mediática, que a su vez pueda obstaculizar la agenda política, y que esto interfiera en los intereses particulares por sobre los intereses colectivos.

El pasado martes 23 de abril, en un lugar remoto en medio de la montaña, una mina de talco de reducidas dimensiones que apenas dará trabajo a nivel familiar, congregó en una audiencia pública a más de 200 personas, de las cuales más de 100 se presentaron como oradores. Cualquier desprevenido podría llegar a pensar que en Mendoza hay una enorme participación ciudadana e interés por los temas ambientales, y que tamaña congregación de personas es beneficioso para la toma de las decisiones, pero no es así, ya que como en muchas otras ocasiones, el gobierno montó una enorme propaganda para trasladar decenas de personas hasta un desolado páramo, y operar para que el 80% de los oradores, algunos de incomprobable procedencia, incluso desde fuera de nuestra provincia, (que si le preguntáramos donde se encuentra la explotación minera tendrían graves problemas en reconocerla), se encargaran de dar su aval al proyecto minero, con la sola intención de sacar en todos los medios de comunicación posibles que el proyecto minero (ergo, la minería) tiene amplio apoyo social, acudiendo a la herramienta propagandística que, a fuerza de pauta publicitaria, construye una realidad muy distinta a la que estamos viviendo en la provincia de Mendoza. Es la primera vez en la historia de la audiencia pública que el gobierno elige el mismo sitio del proyecto en lugar de su población más cercana.

La audiencia pública es un instituto surgido en los años ’70 en los Estados Unidos y adoptada en los años ’80 en la Argentina, como instancia de participación ciudadana frente a proyectos de obras o actividades que pudieran impactar en el territorio, y del cual se requiere el conocimiento previo y el apoyo de la ciudadanía. La audiencia pública es una instancia donde las autoridades y proponentes de las obras escuchan a los ciudadanos que trasmiten sus preocupaciones o dudas, las cuales deben ser respondidas a satisfacción para proseguir con los tramites de aprobación administrativa.

En Mendoza, la ley provincial Nro. 5961 de 1992 instituyó la audiencia pública como parte del procedimiento técnico-administrativo de evaluación ambiental de los proyectos, estableció un primer listado de actividades sujetas a este procedimiento, dejó establecida que la participación ciudadana y el adecuado acceso a la información son derechos ciudadanos (antes de la reforma constitucional de 1994), y que la autoridad debe garantizarlos a través de diversos mecanismos.

Muchas de estas audiencias, como la de un proyecto de construcción de un horno para residuos peligrosos en Santa Rosa en los ‘90, o la de la instalación de un basurero tóxico en una zona repleta de barrios con comunidades de alta vulnerabilidad del departamento Las Heras, o la instalación de un centro de esquí dentro de un área natural protegida solo por nombrar algunas, llevaron a la suspensión de las autorizaciones, o directamente al rechazo de los proyectos, gracias a la organización de los vecinos. Y si algún proyecto prosperó a pesar del rechazo, la presión ciudadana y el periodismo de aquella época inclinaron la balanza, y los gobernantes decidieron que era mejor bajarle el pulgar a un proyecto que autorizarlo y perder el capital político, tal como el caso del proyecto minero San Jorge en 2010 ubicado al norte de Uspallata.

Pero una nueva camada de políticos se encargó de sortear hábilmente este escollo, acudiendo a una serie de estrategias como hacer las audiencias en días y horarios laborables, o hacerlas alejadas de los grandes centros desde donde surgían las resistencias, o publicar la convocatoria utilizando acrónimos y siglas para que la gente no advirtiera sobre el tema que iban a tratar, o dar días y horas diferentes para confundir a los posibles participantes, o saltarse algunas publicaciones para que haya mínima difusión, o simplemente “olvidarse” de publicar las convocatorias, o poner a algún sindicato “pesado” en la puerta para que los asistentes dudaran de entrar. También se publicaron con poco tiempo para dificultar la decisión de concurrir, en fin, todas las “picardías” posibles para desalentar la participación ciudadana, pero a poco se fueron contrarrestando con mayor participación, incorporación de escritos impugnatorios de aquellas audiencias irregulares, y con intensas campañas boca a boca para alentar a que los interesados y posibles afectados intervengan.

Durante la pandemia se agregaron las audiencias virtuales ante la imposibilidad de la presencia física, y esta modalidad se hibridizó hasta el día de hoy, en que conviven la audiencia pública presencial con la virtual. Esta bi-modalidad es beneficiosa para quien no puede asistir por la lejanía, imposibilidad de costear el viaje hasta el sitio de la audiencia, impedimentos físicos u otras razones. Pero también permite que las autoridades hagan uso de una nueva estrategia que desvirtúa notablemente el espíritu de las audiencias públicas: traer gente -decenas, cientos- desde otras latitudes, darles un párrafo para hablar a favor de un proyecto, y con ello montar una profusa campaña publicitaria que anuncia el aval social a cualquier iniciativa. Y digo que desvirtúa porque la audiencia pública fue pensada para escuchar fundamentalmente a los interesados reales y a los posibles afectados, que usualmente son de la zona alrededor del proyecto, o del área de influencia regional, pero si un empresario de otra provincia acude virtualmente a una audiencia pública en Mendoza, convocado por el gobierno o el proponente del proyecto, y dice que apoya al proyecto, se le da el mismo valor que un lugareño que luego deberá convivir con el proyecto el resto de su vida.

Y así, en la audiencia pública realizada en Malargüe para conocer la opinión de los interesados y afectados por el proyecto gubernamental de autorizar más de 30 proyectos mineros exploratorios en una misma área, aparecieron decenas de personas de otras provincias, convocadas por el gobierno y pertenecientes a cámaras empresariales, proveedores de la industria minera, alumnos de escuelas mineras arrastrados para dar su testimonio, y un sinnúmero de actores que terminaron dando ese número que tanto le interesa al gobierno, que un porcentaje mayoritario de los oradores se manifestó a favor del proyecto. Las opiniones locales contrarias al proyecto fueron atacadas y relativizadas por las autoridades. Así, y apoyada fuertemente por los medios de comunicación, se forma una convicción de que la ciudadanía apoya un determinado proyecto, cuando no es lo que el territorio grita con congoja.

Los medios de comunicación también juegan un fuerte papel de apoyo a este montaje, ya que es usual que los periodistas cuenten con el comunicado del gobierno como única fuente, y la rapidez con que las noticias deben ser publicadas no admite ninguna dilación, como podría ser chequear la veracidad de los dichos o agregar una versión complementaria a la que tiene el gobierno y las empresas proponentes. Eso, sin mencionar a aquellos periodistas decididamente lobistas de la actividad sobre la que escriben, y que afortunadamente son pocos, aunque pesan mucho, o aquellas empresas de comunicación periodística que intentan silenciar explícita o implícitamente a sus trabajadores.

Por eso, en breve, las autoridades convocarán a la audiencia pública de uno de los proyectos más importantes con los que el gobierno de Mendoza apuesta a desarrollar la minería del cobre en la provincia, y el tamaño del montaje puede ser épico, si tomamos como ejemplo la audiencia reciente mencionada al comienzo de este artículo. Aquí los intereses son mucho mayores y determinantes del rumbo que quiere tomar el gobierno provincial en relación al tema minero. Por eso no se sorprendan si leen al día siguiente que la audiencia “fue un éxito”, el apoyo “fue rotundo” o “la ciudadanía se expresó a favor del proyecto”, porque eso es lo que se busca, en vez de mejorar el proyecto a partir de las percepciones de los habitantes del sitio donde se desarrollará el proyecto. Por eso, la audiencia pública se ha convertido en un instrumento al servicio de los que tienen el poder de mostrar la realidad tal cual ellos la quieren y la necesitan, porque con nuestros dineros se pergeña una propaganda destinada a enmascarar la realidad social de un pueblo que viene luchando desde hace 17 años contra un proyecto minero que insiste en quedarse a pesar de haber sido rechazado.

Por eso propongo que equilibremos la balanza y le devolvamos a la audiencia pública no solo su efecto jurídico, sino su legitimidad, y es que, a partir de esta próxima audiencia, cada orador antes de iniciar su alegato diga donde vive, a quien representa según caso, y que interés lo impulsa a hablar sobre el proyecto. Con esta simple medida sabremos quien habla en defensa del interés público y con la sana convicción sobre el tema del que habla, sea a favor o en contra, de aquellos que fueron llevados a hablar del tema con alguna promesa de trabajo, o por algún favor de otro tipo.

Y cuidado! Porque hay quienes buscan que la audiencia pública sea vinculante, es decir, que sus resultados sean de aplicación obligatoria para la autoridad, con lo cual será más sencillo aun el proceso, bastando con llenar 2 o 3 ómnibus y llegar temprano para copar el lugar, levantar la mano y salir con el resultado en el bolsillo.

La audiencia pública debe recuperar su esencia, que es la de congregar a la ciudadanía en un canal de comunicación que permita superar los errores e imperfecciones de una propuesta a partir de la percepción de la realidad cotidiana, complementaria del análisis científico y de los intereses de sus proponentes. El gobierno, en lugar de convertirse en artífice de un montaje teatral para favorecer a sus aliados y amigos, debe recuperar el rol regulador y árbitro imparcial. Con ello, estaremos honrando a quienes se tomaron el trabajo de colocar a Mendoza en un lugar de privilegio por la conciencia ambiental y el respeto de las leyes.

Lic. Eduardo Sosa - Gestor Ambiental