La Corte volvió a fallar a favor de docentes que reclamaban el pago del “ítem zona"

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza volvió a fallar a favor de un grupo de docentes que reclamaba por el pago de retroactivos por el “ítem zona”, como sucedió en una sentencia del mes pasado. En este caso se trató de 16 trabajadores del establecimiento educativo que funciona dentro del penal Almafuerte, en Cacheuta, que exigían cobrar el adicional al 100% entre noviembre de 2016 y marzo de 2019.

El reciente fallo judicial lleva la firma de los jueces Omar Palermo y José Valerio, quienes aceptaron una demanda presentada por 16 docentes del establecimiento educativo CEBJA 3-218 “Beatriz Fernández Lettry de Moretti”, ubicado en el interior de la cárcel de Almafuerte. Asimismo, condenó a la Dirección General de Escuelas (DGE) a que liquide y pague a los actores el retroactivo del adicional “zona” con intereses.

Este grupo de trabajadores de la educación interpuso una acción procesal administrativa reclamando que se les reconozca el derecho a percibir el pago del “ítem zona”, del 100%, en los términos del Estatuto Docente desde el 9 de noviembre de 2016 hasta marzo de 2019 inclusive, fecha en la cual la DGE reconoció no solo el derecho de percibir el ítem “zona”, sino también, el 100% de dicho ítem. Esto a raíz de que la institución donde realizaban tareas se encuentra en zona declarada como “inhóspita”.

Destacan que el establecimiento se encuentra en zona declarada inhóspita y en el interior del complejo penitenciario Almafuerte, de Luján de Cuyo. Destacan que “es de público conocimiento la peligrosidad e inseguridad del interior de la penitenciaría” y que para ingresar al establecimiento educativo, es necesario atravesar varias puertas cerradas con candados lo cual “significa estar sometido a las esperas de los tiempos en los que se mueve y circula el flujo del personal penitenciario, que ello significa que ante cualquier tipo de emergencia, médica o de seguridad, el socorro y la ayuda tardarán en llegar”.

Por otra parte, aseguran que son evidentes las largas distancias que deben recorrer a fin de poder acceder al lugar de trabajo, ya que el complejo penitenciario se encuentra a más de 35 kilómetros de la Ciudad de Mendoza.

Sostuvieron en su argumentación que si bien el adicional por zona se les empezó a pagar desde abril 2019, reclaman el reconocimiento del ítem al 100% desde noviembre de 2016 y el retroactivo al 100% desde noviembre de 2016 a marzo de 2019 inclusive con intereses.

La DGE argumentó en el marco de la causa resaltando que no existió silencio por parte de la administración, como así tampoco denegación tácita y que el expediente se encontraba en trámite. Asimismo, señalaron que en diciembre de 2017 se modificó el Estatuto Docente y se dispuso que mientras se realizara el procedimiento de clasificación de establecimientos, se suspendían todas las asignaciones de zonas, y el reclamo administrativo de este grupo de docentes se había realizado durante esa suspensión.

Sin embargo, los jueces de la Corte consideraron que la demanda era procedente, ya que se logró demostrar que el establecimiento en el que se desempeñaron reunía las condiciones para percibir el adicional reclamado al 100%. Por lo tanto, determinaron que correspondía hacer lugar a la acción y ordenaron a la DGE que liquide y pague el retroactivo del adicional devengado desde dos años anteriores a la fecha del reclamo administrativo, esto es desde el 9 de noviembre de 2016, y hasta el 31 de marzo de 2019, por el tiempo que se hayan desempeñado o desempeñen en el establecimiento.

El mes pasado la Corte ya había fallado a favor de una demanda presentada por 52 docentes de la Escuela Hogar Eva Perón, ubicada en el Parque General San Martín, quienes exigían el pago de retroactivos por el ítem Zona. El alto tribunal obligó a la DGE a liquidar y abonar a los trabajadores las diferencias salariales de este adicional luego de la recategorización que obtuvo el establecimiento en 2015.

La sentencia fue firmada por los jueces Julio Gómez, Teresa Day y Pedro Llorente. Los magistrados hicieron lugar a una acción procesal administrativa impulsada por un grupo de docentes y no docentes de la Escuela N° 8-448 “Hogar Eva Perón", quienes reclamaba contra la DGE a fin de que se les abone los montos retroactivos que surjan de la aplicación del 40% a sus haberes.