Deudas: la propuesta de un diputado mendocino que incluye frenar remates

El creciente nivel de deudas de los hogares volvió a instalarse en la agenda del Congreso y podría tratarse hoy si la oposición consigue los números.. En ese contexto, el diputado nacional mendocino Martín Aveiro (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley que busca establecer un régimen especial para las familias que quedaron atrapadas en una situación de sobreendeudamiento y que, según los datos citados en la iniciativa, ya alcanza a casi 6 millones de personas en todo el país. En el proyecto propone frenar remates.

La propuesta, denominada Régimen Especial de Reestructuramiento Patrimonial Familiar, apunta a generar un mecanismo extraordinario para que quienes acumularon deudas de consumo puedan renegociarlas de acuerdo con su capacidad real de pago y, al mismo tiempo, evitar que la imposibilidad de afrontar los compromisos termine derivando en embargos o en la pérdida de la vivienda familiar.

El planteo de Aveiro parte de un diagnóstico: muchas familias recurrieron al crédito para poder sostener gastos cotidianos en un contexto de pérdida del poder adquisitivo. El problema, sostiene el legislador, aparece cuando esos créditos se acumulan, se refinancian y comienzan a generar intereses que hacen cada vez más difícil salir del endeudamiento.

Los datos sobre las deudas

De acuerdo con los datos de la Central de Deudores del Banco Central y los informes del sector citados por el diputado, casi 6 millones de personas registran atrasos severos en sus compromisos financieros. El pasivo refinanciado superaría los $2,6 billones. A su vez, en los segmentos no bancarios y de billeteras virtuales, la morosidad habría superado el 33%.

En ese escenario, el proyecto busca establecer una suerte de paraguas legal para los deudores que cumplan con las condiciones previstas. Uno de los puntos centrales es la suspensión de juicios, embargos y ejecuciones individuales durante 90 días hábiles.

La medida alcanzaría a las ejecuciones o apremios derivados de créditos de consumo contraídos entre diciembre de 2023 y agosto de 2026. El objetivo de ese período sería generar un espacio para que deudores y acreedores puedan sentarse a negociar antes de que el conflicto llegue a una instancia judicial irreversible.

Precisamente, el proyecto establece audiencias de conciliación obligatorias. Allí deberán analizarse alternativas de pago teniendo en cuenta los ingresos y la capacidad económica del hogar endeudado. Entre las posibilidades contempladas aparece la actualización de las obligaciones mediante el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Otro de los aspectos sensibles de la iniciativa es el tratamiento de los intereses. Aveiro propone establecer un límite para los intereses de mora: no podrían superar la Tasa Pasiva Promedio del Banco Central más un 50%.

Además, el proyecto plantea prohibir expresamente el anatocismo, es decir, la posibilidad de que los intereses generados por una deuda vuelvan a producir nuevos intereses. La intención es evitar que una deuda originalmente acotada termine multiplicándose por efecto de las refinanciaciones y los intereses acumulados.

El no a los remates

Pero el punto que probablemente genere mayor debate es el vinculado con la vivienda. La propuesta establece que la vivienda única, familiar y de ocupación permanente de los deudores que ingresen al régimen sea inejecutable durante tres años.

De esta manera, el proyecto busca evitar que una familia que atraviesa una situación de sobreendeudamiento termine perdiendo su hogar como consecuencia de una deuda de consumo. La protección, según plantea la iniciativa, no implicaría una condonación automática de las obligaciones sino una suspensión temporal de la ejecución mientras se busca una salida acordada.

“No buscamos condonar deudas ni desproteger al acreedor, sino establecer reglas justas para que las familias puedan pagar sin perder su casa ni su dignidad”, sostuvo Aveiro al presentar la iniciativa.

En esa línea, el diputado agregó que el objetivo es evitar que el sistema de crédito termine convirtiéndose en una trampa para quienes necesitan recurrir a él para afrontar sus gastos. “El crédito no puede ser una trampa perpetua que expulse a los trabajadores del sistema”, afirmó.

El proyecto también contempla una dimensión federal. La iniciativa invita a las provincias a adherir mediante las normas de procedimiento que correspondan en cada jurisdicción. De esta forma, se busca que el régimen pueda aplicarse en todo el territorio nacional respetando las competencias locales.

El argumento constitucional utilizado por el legislador se vincula con el artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece la protección de los consumidores y usuarios y garantiza, entre otros aspectos, condiciones de trato equitativo y digno.

La iniciativa de Aveiro se suma así a la discusión sobre cómo abordar el fuerte crecimiento del endeudamiento de los hogares y abre un debate entre dos objetivos que el proyecto intenta equilibrar: la necesidad de proteger a las familias que no pueden afrontar sus compromisos y el derecho de los acreedores a recuperar el dinero prestado.

La discusión sobre las deudas en el Congreso

El desafío para el Congreso será determinar si corresponde avanzar con un régimen extraordinario de estas características, cuáles deberían ser sus alcances y cómo evitar que una protección destinada a casos de sobreendeudamiento termine afectando el funcionamiento del mercado de crédito.

Por ahora, el proyecto ya fue presentado en la Cámara de Diputados y propone una salida basada en la reestructuración y la conciliación antes que en la ejecución judicial. El eje de la discusión será, en definitiva, hasta dónde puede llegar la protección del deudor sin desarmar las reglas del sistema financiero y crediticio.

Como el proyecto de Aveiro, existen otras iniciativas de la oposición sobre morosidad familiar.