El millonario convenio del Gobierno y la UNCuyo que pone la lupa sobre el empleo público
El Gobierno de Mendoza oficializó este miércoles un convenio específico que firmó con la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) sobre el empleo público en la provincia. Se trata de un acuerdo por 280 mil dólares que será confidencial y tendrá como objetivo realizar un análisis exhaustivo de la situación de los trabajadores estatales, revisando las responsabilidades y competencias de las distintas áreas de la administración pública.
A través del decreto Nº 2761, firmado en diciembre y publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo aprobó el convenio específico entre el Gobierno y la UNCuyo, a través del cual se encargó una auditoría sobre el empleo público provincial, con un costo de 280.000 dólares a pagar a la Casa de Altos en cuatro etapas.
Con la oficialización de esta norma, se autorizó el pago de la primera cuota de 70.000 dólares a la Fundación Universidad Nacional de Cuyo, equivalentes a $ 70.630.000 calculada al tipo de cambio divisa vendedor del Banco de la Nación Argentina del día 28 de noviembre de 2024, a razón de $ 1.009 por dólar en concepto de anticipo primer desembolso.
A su vez, el acuerdo establece que en el ejercicio 2025 se comprometieron 210.000 dólares, equivalentes a $ 211.890.000 respecto al tipo de cambio del día 28 de noviembre de 2024, a razón de $ 1.009 por dólar. Aunque se contemplan variaciones por eventuales cambios en el valor del dólar.
El convenio específico tiene como objetivo el análisis exhaustivo de la situación actual de los agentes públicos pertenecientes al Poder Ejecutivo de Mendoza, en los organismos y entes que lo conforman.
En concreto, la UNCuyo se encargará de hacer un diagnóstico sobre el ordenamiento y eficiencia de las estructuras, mediante la revisión de funciones y responsabilidades de las diferentes áreas que componen los ministerios, secretarías y organismos del estado, para evitar superposición de responsabilidades y detectar ineficiencias.
A su vez, verificarán la normativa vigente para los cargos, funciones y sistemas de control en los organigramas existentes aprobados por resolución de cada Ministerio proponiendo mejoras a ser implementadas por cada repartición.
Por otra parte, la Casa de Altos Estudios se enfocará en la administración de los recursos y la jerarquización del empleo, para lo cual analizará competencias sobre el empleo público.. Asimismo, se deberá proveer un análisis comparativo de similares estructuras en otras jurisdicciones provinciales; análisis y planificación de dotaciones, movilidad y búsquedas internas, y se establecerá la dotación óptima estimativa para cada unidad organizativa o centro de costos; análisis de la normativa y convenio/s colectivo, estatutos, modelo/s de carrera vigentes, de la política salarial vigente (pirámide salarial; conceptos fijos y/o variables), y se propondrán mejoras; se diseñará un esquema de compensación variable sujeto a resultados y analizar y dimensionar los procesos de capacitación y fortalecimiento profesional.
El convenio tendrá una duración de un año con la posibilidad de ser prorrogado, y el Gobierno provincial se compromete a facilitar la información necesaria y procurar las entrevistas y reuniones de trabajo que resulten necesarias con funcionarios y titulares de las diferentes áreas de la organización, para cumplimentar las actividades propuestas.
Uno de los puntos destacados del acuerdo, es que ambas partes se comprometieron a manejar de manera “confidencial” la información presentada y entregada, y toda aquella que se genere en torno a ella como fruto del convenio.
En este sentido, acordaron no divulgar, revelar, transmitir ni utilizar de ninguna manera la información confidencial, salvo que sea necesario para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en pacto o cuando exista consentimiento expreso por escrito de la parte que revela la información o del Gobierno de la Provincia.