Adjudicaron un contrato de $13.000 millones para descontaminar playas de secuestro
El Gobierno de Mendoza contrató a una empresa para el servicio de gestión integral y descontaminación de playas de secuestro. La adjudicataria es una unión transitoria de las firmas Red Coen SA y Ecur SA, quienes tendrán un convenio asociativo con Acindar Metálica ACMET SA para compactar y vender como chatarra los vehículos inutilizados.
Mediante el Decreto Nº 707, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo provincial adjudicó la licitación pública al único oferente para la contratación del servicio de gestión integral y descontaminación de playas de secuestro. El acuerdo establece que habrá una retribución mensual del 3%, calculado sobre la recaudación estimada, por el lapso de 10 años y por la suma de $13.260.544.080.
La norma también determina que se afectarán $114.541.814 como parte del presupuesto vigente del año 2025.
De todas maneras, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia habían aclarado, al momento de lanzar la licitación, que el plan no implicará ningún gasto para el Estado ya que la concesión se autofinanciará mediante el sistema de compactación de los rodados y su venta como chatarra.
En los fundamentos del proceso, se aclara también que existirá un beneficio anual estimado para el Ministerio de Seguridad y Justicia de $1.880.998.468, producto del ahorro del personal policial en la prestación del servicio. A ello le suman el beneficio que existirá sobre el impacto ambiental.
Este nuevo sistema de gestión de las playas de secuestros se decidió a partir del incendio en San Agustín, en septiembre de 2023, que expuso la problemática socio ambiental que representaba el predio colapsado de vehículos. Meses después comenzó el Ministerio de Seguridad con un plan integral de descontaminación, compactación y destrucción de vehículos, y a comienzos de este año se logró vaciar la playa ubicada al Oeste de la Capital.
El proyecto se llevará a cabo durante los próximos diez años y permitirá el manejo eficiente de los vehículos incautados, tanto por infracciones de tránsito como en procesos judiciales.