Lanzan un plan para "descontaminar" playas de secuestro por $13.000 millones
El Gobierno de Mendoza lanzó una licitación pública para la contratación del servicio de gestión integral y descontaminación de las playas de secuestros de vehículos de la provincia. Se trata de una contratación por el plazo de 10 años que tendría un gasto estimado de más de $13.000 millones. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia afirmaron que el plan no implicará ningún gasto para el Estado ya que la concesión se autofinanciará mediante el sistema de compactación de los rodados y su venta como chatarra.
A través del decreto N° 1989, el gobernador Alfredo Cornejo, autorizó al Ministerio de Seguridad y Justicia a realizar el llamado a licitación para la administración de las playas de secuentro, liberando a la Policía de Mendoza de esta tarea. A su vez, la norma determina una imputación preventiva en ejercicios futuros de $13.260.544.080 en un plazo de 10 años.
Pese a ese calculo económico, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, afirmó este lunes que "es una licitación en la que el Estado no pone un peso". Explicó que "esos $13.000 millones no es un gasto del Estado sino que es un valor que se proyecta en orden a la licitación. Pero los costos del plan integral de gestión, desde el acarreo, depósito y disposición final, lo asume un privado, que se va a financiar con el producto de la compactación y con lo que, eventualmente, pague el infractor por el acarreo y el depósito".
La funcionaria provincial hizo hincapié en que "no hay recurso estatal en esta licitación" y destacó que este plan permite desocupa personal policial y ahorrar más de $1.700 millones anuales en recurso humano.
"Se autofinancia este sistema con la compactación de los vehículos que no tienen un tercero que los reclame y aquel privado que asuma esta gestión va a cobrarse de esa compactación", aclaró.
En los fundamentos de la iniciativa se resalta que en los últimos 50 años la acumulación de vehículos secuestrados por infracciones viales o judicializados en las playas se ha agravado. Advierten que esto ha generado una situación compleja, con vehículos que exceden la capacidad de almacenamiento, afectando su gestión eficiente.
Las autoridades provinciales aclararon que la gestión de las playas de secuestro, se cubre con personal policial de la Dirección General de Policías, lo que distrae de las funciones operativas y preventivas a más de 100 policías por día, siendo que la cobertura es las 24 horas de los 365 días del año.
El Ministerio de Seguridad y Justicia asegura que para gasta $1.700.000.000 anuales para la custodia de las playas, sin considerar el recurso humano para traslado, grúas, logística, ni gastos operativos de transporte, alquiler y mantenimiento de inmuebles, entre otros gastos fijos.
El Gobierno provincial estima que la contratación por 10 años del servicio de gestión y descontaminación de vehículos demandará unos $13.260.127.046. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia remarcaron que se trata de una cifra a modo de ejemplo, pero que los recursos no saldrán de las arcas públicas. El cálculo de los recursos y gastos resultan de proyecciones aproximadas, contemplando un escenario probable para el proyecto dependiendo de variables como las actualizaciones de la ley impositiva, la política de seguridad vial durante el transcurso de los 10 años de contratación, convenios con otros organismos, entre otras según pliego.
Determina una imputación preventiva para el ejercicio 2024 de $417.034,00 y para ejercicios futuros las siguientes afectaciones preventivas estimadas: remanente primer año de $687.250.886, segundo año de $1.396.986.240 y la misma cifra para el tercer año y hasta el décimo, resultando el gasto total estimado de $ 13.260.544.080.