Una investigación por millonarias estafas podría llegar a la Suprema Corte: los detalles
La defensa de Juan Bernardo Carrillo busca revertir la prisión preventiva y llevar el planteo a la Suprema Corte, mientras avanza la investigación por estafas.
La defensa de Juan Bernardo Carrillo presentará un recurso de casación para revertir la prisión preventiva en la causa por presuntas estafas.
Una causa por presuntas estafas millonarias vinculadas al alquiler y la compra de vehículos en Mendoza podría llegar a la Suprema Corte de Justicia. La defensa de Juan Bernardo Carrillo presentó un recurso de casación contra el fallo del juez Mateo Bermejo, del Tribunal Penal Colegiado N.º 1, quien confirmó la prisión preventiva dictada en primera instancia contra el acusado.
El movimiento judicial se produce en una causa que reúne distintas denuncias por presuntas maniobras con vehículos. Según las acusaciones incorporadas al expediente, Carrillo habría accedido a rodados mediante alquileres, compras o acuerdos comerciales, concretado los primeros pagos y luego dejado de cumplir con las obligaciones asumidas o de restituir los vehículos. Los damnificados denuncian importantes pérdidas económicas y, en algunos casos, aseguran que dejaron de tener noticias sobre los autos.
Pero la causa no solo acumula denuncias actuales y movimientos judiciales, ya que la primera investigación contra Bernardo Carrillo se radicó en 2021 y los expedientes fueron acumulándose bajo ese hecho inicial. Todos los casos quedaron a cargo del fiscal Juan Tichelli, quien intervino en la primera etapa y fue quien imputó al comerciante por un hecho de retención indebida y luego por las demás estafas.
Así, con el expediente nuevamente bajo una nueva conducción fiscal y la defensa intentando abrir una instancia ante el máximo tribunal provincial, la causa atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión. La eventual intervención de la Suprema Corte podría poner nuevamente bajo revisión la situación procesal de Carrillo y, particularmente, la prisión preventiva que actualmente cumple bajo modalidad domiciliaria.
Mientras tanto, distintas denuncias continuaban bajo análisis y la Justicia deberá determinar el alcance de las maniobras atribuidas al comerciante y su eventual responsabilidad en los hechos que dieron origen a una investigación que fue creciendo con el paso del tiempo.
La resolución que marcó un giro para la defensa
El 11 de junio, la situación procesal de Bernardo Carrillo tuvo un giro decisivo. Durante una audiencia de control jurisdiccional, la jueza María Lourdes Pina, del Juzgado Penal Colegiado Nº 1, resolvió dictarle la prisión preventiva, aunque estableció que debía cumplirla bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
La decisión significó que Carrillo quedara privado de su libertad en su domicilio, en lugar de ser trasladado a un establecimiento penitenciario. La medida, sin embargo, no cerró la discusión: la defensa cuestionó la resolución y comenzó a preparar el camino para intentar revertirla y recuperar la libertad del comerciante.
El fallo marcó así uno de los momentos centrales del expediente, ya que fijó la situación procesal de Carrillo mientras la Justicia continúaba avanzando sobre las distintas denuncias por las presuntas estafas con vehículos.
La defensa insiste con la libertad
Tras el veredicto de la magistrada, el abogado Nicolás Camani, a cargo de la defensa del acusado, apeló la decisión adoptada por la magistrada de primera instancia y el planteo debía definirlo un juez de Tribunal Penal Colegiado. El recurso representó un nuevo intento de la defensa por dejar sin efecto la prisión preventiva y conseguir que el comerciante recuperara la libertad.
En su presentación, la defensa cuestionó la necesidad de mantener la prisión preventiva y sostuvo que existían motivos para que Carrillo pudiera recuperar la libertad. Del otro lado, la Fiscalía mantuvo su posición a favor de la continuidad de la medida cautelar.
La definición llegó finalmente por escrito. El juez Mateo Bermejo resolvió el planteo y confirmó la prisión preventiva domiciliaria que había sido dictada anteriormente contra Carrillo.
Es tras esa instancia que ahora la defensa no da por cerrada la discusión y buscará revertir la decisión judicial para que el comerciante recupere la libertad, cuestionando los fundamentos utilizados para mantener vigente la medida cautelar que le otorgo la prisión domiciliaria.
El modus operandi de las estafas
Las averiguaciones incorporadas al expediente señalan que Bernardo Carrillo habría repetido un patrón similar en varios de los casos denunciados. Según los damnificados, el contacto se producía a través de amigos, conocidos, familiares o agencias de vehículos y, una vez concretado el acuerdo de compra o alquiler, Carrillo realizaba los primeros pagos o asumía compromisos que permitían avanzar con la operación.
El problema aparecía después: los pagos comenzaban a demorarse, las devoluciones no se concretaban y los reclamos quedaban sin respuesta. En algunos casos, los denunciantes aseguran que el acusado directamente dejó de responder y mantuvo en su poder los vehículos más allá de los plazos acordados.
Las presentaciones judiciales reúnen operaciones por distintos rodados y describen situaciones similares, con cuotas pendientes, acuerdos de pago incumplidos y vehículos que no fueron restituidos. En varios de esos vínculos, la existencia de una relación previa de confianza habría sido determinante para que los propietarios aceptaran entregar los autos.
En conjunto, las denuncias plantean una modalidad que habría consistido en acceder a los vehículos mediante operaciones comerciales, concretar inicialmente parte de los pagos y luego incumplir con las obligaciones asumidas o no restituir los rodados. Son precisamente esas acusaciones las que mantienen a Carrillo bajo investigación judicial.
Incluso, entre las actuaciones judiciales también figura una denuncia radicada directamente en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos por una presunta defraudación vinculada a una retención indebida y omisión de restitución. De acuerdo con la constancia incorporada a la causa, el perjuicio económico denunciado sólo en ese caso, asciende a más de 41 millones de pesos.
Cayó luego de ser localizado por los afectados
Juan Pablo Bernardo Carrillo acusado por múltiples estafas mediante el alquiler y la compra-venta de autos fue detenido la noche del viernes 22 de mayo durante un operativo policial en Las Heras. Un grupo de damnificados pudo localizar a Carrillo y dio aviso a las autoridades, que concretaron su captura y secuestraron dos vehículos presuntamente obtenidos mediante maniobras fraudulentas.
La información a la que accedió MDZ sostiene que la caída del supuesto autor del ardid tuvo lugar minutos antes de las 21 del viernes cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) fue desplazado hacia calle Uruguay, entre Sarmiento y San Miguel, en el distrito de La Cieneguita.
Allí, se encontraban varias personas que aseguraban haber sido víctimas de estafas por parte Juan Pablo Bernardo Carrillo (38), a quien confrontaron tras tomar conocimiento que se encontraba en ese lugar. Esto, porque uno de los denunciantes detectó a través del sistema GPS la presencia de un Peugeot 208 que el sospechoso alquiló meses atrás y nunca devolvió.
Ese mismo modus operandi fue descrito por el resto de los afectados presentes en el lugar, aunque algunos de ellos revelaron haberle vendido automóviles a Bernardo Carrillo, a quien acusaron de haber pagado las cuotas iniciales para la adquisición de los vehículos y que, tras eso, dejaba de abonar la financiación y desaparecía o hacía promesas de pago que jamás cumplía.
Muchos de los denunciantes también comentaron al personal policial que el presunto estafador se ganaba la confianza de sus potenciales víctimas valiéndose de amistades, familiares o conocidos en común. Las averiguaciones realizadas por este portal permitieron establecer que durante el procedimiento policial en el que fue detenido Bernardo Carrillo, hubo, al menos, siete damnificados.
Dos vehículos que marcaron el inicio de la investigación
En el lugar, los funcionarios policiales secuestraron un Peugeot 208 y también un Fiat Cronos gris oscuro, cuyo propietario se encontraba en el lugar. Ese denunciante describió que le alquiló a Bernardo Carrillo el vehículo mediante un contrato particular para turismo, por el plazo de tres días. Añadió que el detenido solamente transfirió el dinero correspondiente a dos jornadas y luego comenzó a postergar la devolución del rodado durante más de un mes y medio.
Asimismo, dijo que conoció al sospechoso mediante un allegado en común y que, pese a las constantes promesas, nunca logró recuperar el vehículo en los tiempos acordados.
Lo cierto es que, el expediente del Peugeot 208 es el que contaba con mayor material probatorio como para imputar a Bernardo Carrillo por el delito de retención indebida y, por eso.
Así las cosas, el comerciante denunciado fue imputado días después por el delito de retención indebida por una de las denuncias que recibió en el útimo tiempo en su contra, especificamente, la retención del Peugeot 208 mencionado anteriormente.
La trama detras del Peugeot 208
Las fuentes judiciales consultadas por este medio, indicaron que la determinación de uno de los damnificados terminó siendo clave para que la investigación avance y el sospechoso termine tras las rejas.
Se trata del propietario del Peugeot 208 modelo 2026 secuestrado durante la detención de Carrillo, cuyo contrato de arrendamiento fue firmado el sábado 11 de abril por el plazo de dos días, es decir, la entrega estaba pactada para el lunes 13 de ese mes.
Pese al acuerdo inicial que fue firmado por ambas partes, la devolución del vehículo no se cumplió y el alquiler se extendió sin papeleo de por medio, mediante un acuerdo de palabra entre el dueño y Bernardo Carrillo.
Pero los días pasaron y el arrendatario continuaba estirando la entrega del rodado, asegurándole al arrendador que el turista al que se lo había alquilado necesitaba usarlo más días. En ese contexto, el propietario le pidió a Bernardo Carrillo tener a su disposición el auto para el domingo 26 de abril, ya que iba a celebrar su cumpleaños junto a familiares.
Días después, el acusado volvió a llevarse el Peugeot 208 el viernes 1 de mayo, ocasión en la que Bernardo Carrillo no quiso firmar un contrato porque el dueño del auto no estuvo presente en la entrega, la cual fue realizada por su hermano.
A pesar de que el sospechoso había pactado devolver el vehículo tres días después, otra vez hubo incumplimientos con la entrega y también con los pagos del arrendamiento. Debido a esa situación, el dueño comenzó a reclamarle el dinero y su vehículo a Bernardo Carrillo.
Con el paso de los días, la tensión fue aumentando y el sindicado estafador sólo respondía con excusas, culpando al cliente que alquiló el auto. Pero la situación se agravó cuando el denunciante verificó la ubicación del rodado mediante el sistema de GPS que tiene incorporado y descubrió que había sido llevado hasta la provincia de Neuquén.
El automóvil registraba movimientos entre los barrios Z1, Colonia Rural Nueva Esperanza, Mapu Mew, 7 de Mayo, Ampliación Pacífica, Los Hornitos y Huiliches, todos ubicados en el oeste de la capital y que frecuentemente figuran como escenario de numerosos episodios delictivos en los medios de comunicación locales.
En ese contexto, el dueño se comunicó una vez más con Bernardo Carrillo y le exigió la inmediata devolución del vehículo por los constantes incumplimientos y también porque venía recibiendo pagos parciales y la deuda por el alquiler del rodado se iba acumulando cada vez más.
Más allá de la insistencia del propietario, el acusado estafador siempre respondía con tranquilidad, primero asegurando que el cliente regresaría pronto a Mendoza y que los viajes realizados por fuera de lo pactado iban a ser debidamente abonados. También llegó a decir que viajaría personalmente a Neuquén para buscar el automóvil, pero nada de eso se cumplió, ya que el GPS lo seguía ubicando en la vecina provincia.
