Guillermo Francos tildó a Facundo Manes de “ridículo” y “desubicado” por el cruce en el Congreso
Tras el escándalo que protagonizó el diputado nacional de la UCR Facundo Manes con el asesor presidencial Santiago Caputo en la apertura de las sesiones legislativas, otra voz del oficialismo se sumó a criticar al radical. Fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien lo tildó de “ridículo” y “desubicado”.
En un móvil de A24, el funcionario de Javier Milei quiso ponerle paños fríos al conflicto que vuelve a poner en el centro de la polémica a uno de los integrantes del “triángulo de hierro”. Su mayor crítica es que se corrió el foco del discurso del presidente hacia un hecho al que se le dio más “trascendencia de lo que tiene”.
Francos deslizó que la actitud de Manes “no se corresponde con su trayectoria” y apuntó: “Me parece que se agrandó muchísimo. Yo creo que él mismo fue preparado para hacer un acto de campaña”.
“Eso molestó a Santiago Caputo que les contestó, pero todo lo demás que dijo sobre la intimidación, la violencia, la amenaza, me parece una cosa totalmente ridícula y fuera de lugar”, insistió el jefe de Gabinete.
Además, defendió al asesor al afirmar que fue “el propio Manes quien generó esta repercusión”, hecho que, para Francos, buscó desde el primer momento al mostrar la Constitución y gritarle al Presidente. “Me pareció desubicado”, sentenció.
La denuncia de Manes
Tras el discurso de Milei en el Congreso, Manes denunció haber sido amenazado en los pasillos por el hombre de confianza del presidente. "Me pegaron dos cortitos, Caputo me puso la mano en la cara, pero lo que me preocupa no es la agresión física, sino que se amenace a un diputado por pensar distinto", expresó el diputado en A24.
En medio del revuelo, el titular del bloque de la UCR Democracia para Siempre, Pablo Juliano, presentará el próximo miércoles una denuncia penal en el marco del Artículo 68 de la Constitución contra Caputo a raíz de las supuestas amenazas que el asesor le habría lanzado al diputado del radicalismo.
Dicho artículo establece que "ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador".
