Cambios en la ley migratoria: el Gobierno quiere cobrarles por la salud y educación a extranjeros no residentes
Durante la apertura del 143° período de sesiones ordinarias, el Gobierno anunció que presentará un nuevo proyecto de Ley migratoria. Dicha iniciativa busca cobrarles a extranjeros sin residencia por los servicios de salud y educación, y según las expectativas de Javier Milei, esperan que se sancione antes de fin de año.
El anuncio fue dado en medio de todo el paquete de leyes y medidas que propondrá este 2025 el Gobierno. Desde el Ministerio de Justicia indicaron que la redacción del proyecto se encuentra avanzando a buen ritmo. Cabe recordar que la normativa vigente, que es Ley de Migraciones 25.871, fue modificada en 2010 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner a través del decreto 616/2010.
“Nuestra Nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero no podemos permitir que se nos tome por tontos. Quienes estén en el país de forma transitoria o temporaria deberán pagar por los servicios que utilicen”, fueron las palabras del presidente para anunciar este proyecto.
Del mismo modo, indicó: "También debemos permitir a las universidades cobrarles a quienes no son residentes permanentes; así como es necesario endurecer severamente las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen. Es lo que hace cualquier país que se hace valer. Y si esto necesita algún tipo de justificación, es porque a lo largo del último siglo se ha vuelto costumbre la falta de respeto al pagador de impuestos".
El vocero presidencial Manuel Adorni ya había anunciado en diciembre del 2024 que el Gobierno impulsaría una serie de modificaciones al régimen migratorio, las cuales implicarían, entre otras medidas, el fin de la gratuidad de atención médica para extranjeros en los hospitales públicos y la implementación de un arancel para estudiantes extranjeros no residentes, con el objetivo de avanzar hacia un país ordenado que proteja a los ciudadanos argentinos.
El objetivo, entonces, es que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en el país tengan que pagar los servicios que utilizan, como ocurre en el resto del mundo. Este punto va de la mano de iniciativas que ya han sido implementadas en varias provincias, como Mendoza, Salta, Santa Cruz y Jujuy, donde imponen aranceles en la atención a la salud, sobre todo para internación y tratamientos especializados.
La medida, a priori, generó una disminución de los llamados “tours sanitarios”. En la provincia gobernada por Gustavo Sáenz, desde donde ingresan distintas personas de otros países, se han visto resultados positivos: “el Estado provincial se ahorra alrededor de $60 millones solo en un hospital, lo cual representa casi el 50% del presupuesto total que recibe por ejemplo el hospital de Santa Victoria Este”.
No obstante, lo que implica el arancelamiento universitario abre una serie de discusiones en el ámbito legislativo. Desde Casa Rosada, sin embargo, entienden que toda medida que sea frenada en el Congreso se la atribuye a un "fracaso" de la "casta política".