Extinción de dominio: estos son los delitos que analiza incluir el Gobierno

El gobernador Alfredo Cornejo anunció este miércoles que el Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley para ampliar los delitos que pueden ser pasibles de aplicar la extinción de dominio, que hoy está relacionada principalmente a los vinculados con la corrupción. 

Según señaló el mandatario en la apertura del año judicial, se pretende que se tengan en cuenta los delitos en modalidad de estafas, que en muchos casos manejan montos sideralmente altos y causan perjuicios a decenas de familias, tal como se ha comprobado con algunos casos que se han investigado en Mendoza. 

"Queremos usar el mismo mecanismo de extinción de dominio, de devolución de los bienes robados, pero para los casos de estafa, entre otros delitos, y queremos incorporarlos en los procedimientos, en el código de procedimientos respectivo", señaló el mandatario provincial.

Delitos de robos, en estudio

No obstante, fuentes del Poder Ejecutivo indicaron que la iniciativa aún está en estudio, y se analiza además la posibilidad de agregar mayores delitos, sobre todo los relacionados con los robos, ya sean los agravados por uso de arma de fuego; así como también el homicidio en ocasión o con motivo de robo. También se podría agregar el delito de encubrimiento.  "Todo es potencial y es necesario realizar ajustes todavía", acotaron a MDZ. 

Desde el Gobierno entienden que la posibilidad de aplicar la extinción de dominio a más delitos, generaría una mayor "justicia" a las víctimas, teniendo en cuenta que el objetivo principal es que los victimarios "no puedan aprovecharse del producido por el delito".

"En el caso de las estafas, vemos cómo los acusados, e incluso condenados, luego pueden seguir 'disfrutando' de los bienes malhabidos", agregaron.

Acotaron también que hay diferencias entre la figura del "decomiso" y la de extinción de dominio, ya que en la primera "se tiene que tratar de una causa cerrada y no apelada", mientras que con extinción de dominio, se abre una causa civil "en paralelo" a la penal, lo que en una causa puede implicar "ganar tiempo" y evitar que los bienes, en caso que se accione la propia extinción, quede en manos del Estado "de la forma más rápida posible".  

Sobre extinción de dominio, Cornejo expresó su "compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción", e hizo referencia al caso de Luis Lobos, exconcejal a cargo de la intendencia de Guaymallén, que sufrió una sentencia firme en su causa de extinción de dominio por corrupción. Esa fue la primera sentencia en todo el país, y la única que por el momento ha ocurrido en la provincia. 

El "ejemplificador" caso Lobos

En febrero del 2021, la jueza María Paz Gallardo admitió parcialmente la acción de extinción de dominio contra Lobos y su expareja, Claudia Sgro, respecto de tres inmuebles, "sin contraprestación ni compensación alguna a favor de los demandados".

En ese mismo fallo, se desestimó la acción de extinción de dominio respecto de tres vehículos, un Peugeot 308, una Volkswagen Amarok 2.0 y un cuatriciclo Can-Am.

Una vez que la subasta se realice, los recursos pasarán al ámbito de la Dirección General de Escuelas (DGE).   

Casos de estafas

Si bien el proyecto presentado no aplicará -en caso de aprobarse- a casos anteriores, Mendoza ha vivido casos emblemáticos de estafas, algunos ya resueltos y otros en pleno proceso de investigación. 

Uno de ellos fue el de Adrián Guirín, quien estafó con sumas altísimas a 92 personas que habían contratado a su empresa de eventos Golden Fest para cumpleaños y casamientos. Fue condenado en 2018 a cuatro años de prisión en un juicio abreviado. 

Un caso reciente en plena investigación por presuntas estafas es el del oftalmólogo Pedro Miranda, que está detenido desde el 11 de octubre pasado. Las denuncias, que son más de 30, marcan que Miranda supuestamente les pedía dinero a sus pacientes, entre U$S 1.000 y U$S 1.500, "a modo de inversión" para mejorar su consultorio; y les prometía "el doble de ganancias". 

Otra causa que también está en plena investigación es la de la compañía de viajes "Guillén Enterprise", que lleva por lo menos 80 denuncias contra la firma de Ariel Guillén. En los casos, los damnificados pagaron por viajes, la mayoría de ellos al Caribe, y se enteraron en la fecha de sus vacaciones que no contaban ni con las reservas de hoteles, como así tampoco de los vuelos. En un aproximado por la Justicia, el monto de las denuncias llega a los $210 millones.