Días clave: Mendoza podría perder el ente que previene inundaciones y sequías

Llueve. Hace varios días que llueve en Mendoza. Los investigadores y técnicos del  Instituto Nacional del Agua (INA)  saldrán a medir la cantidad del lluvia que cayó. Más tarde, auditarán los trabajos de remediación de la contaminación de la napas subterráneas de la refinería de Luján de Cuyo; la zona de riesgo de aluvional en el Pedemonte; los acuíferos subterráneos junto al INA de San Juan; advertirán sobre posibles inundaciones o cómo encarar el año si habrá sequías. Aunque todas estas actividades- hay muchísimas más- que hacen hace décadas, podrían dejarlas de desarrollar... en una semana.

Es que en el centro Andino, que funciona en la provincia de Mendoza, vence la mitad de los contratos el 31 de marzo  - los de 20 investigadores que llevan entre 10 y 15 años trabajando- y no hay confirmación si el Gobierno de Javier Milei los renovará o no. El resto de los trabajadores, que son 12, podrían ser reubicados en organismos provinciales como Irrigación, aunque de absolutante nada, hay certezas. Los restantes 3 centros del resto del país están en situaciones similares. 

A pesar de estar explícitamente protegido por la Ley Bases ya que fue incluido dentro del listado de organismos que no pueden disolverse, el INA está viviendo días cruciales porque hay versiones muy concretas sobre su posible cierre. En Mendoza existe el centro Andino, que se suma a tres más en el país: el del San Juan; Santa Fe y Región Semiárida, en Córdoba. Además hay tres laboratorios en Ezeiza. En diálogo con MDZ, Santiago Ruiz Freites, subgerente del Centro Regional Andino explicó que: "No tenemos ninguna confirmación formal, pero estamos en alerta por los contratos que se vencen el 31 de marzo, que antes del gobierno de Milei se renovaban una vez al año y ahora cada tres meses y además, por la posibilidad cierta de que el organismo cierre, la gente que está en planta tiene posibilidades de ser reubicada en organismos provinciales de agua, pero que no tienen que ver específicamente con la función que cumplimos y que es muy importante para el desarrollo del país", sostuvo.

Por un lado, además de la problemática laboral de los científicos que en Mendoza son 32, - es decir que claramente no implican un gasto enorme que vaya con el plan de ajuste sobre los organismos públicos del Gobierno nacional- están las funciones que cumple el INA desde su creación en los 70 y su refuncionalización en los 2000, que dejará de prestar si desaparece. "Nosotros a través del método científico, tenemos una postura neutral frente a situaciones concretas y prácticas, es decir que no respondemos a la mirada política de una gestión. Nuestros  informes son puramente científicos y abarcamos distintos asuntos. Entre ellos, auditamos el informe sobre los pasivos ambientales de la refinería de Luján de Cuyo; alertamos sobre la cantidad de agua que cae; los riesgos aluvionales; contamos con unidades de huella hídrica; manejamos sistema de alerta temprana sobre el riesgo de inundaciones; tenemos capacidad de cómputo específica para problemas hidráulicos, entre otros muchos temas que son concretos y tienen incidencia directa sobre la vida de la sociedad", aseguró Ruiz Freites.

Dentro de este posible desgüace del organismo, que fue comunicado informalmente a través de una posible caída de contratos y reubicación de trabajadores de planta en entes provinciales, ya hay algunos cambios en Santa Fe, donde el gobierno del radical Maximiliano Pullaro estaría avanzando en hacerse cargo del organismo, concretamente porque las crecidas del río Paraná han generado históricas inundaciones y sin el INA, las alertas no funcionan.

El presupuesto total, es decir para todo el país, según contó Ruiz Freites a este diario, es escaso si se lo compara con otros gastos del Estado Nacional. Es de $8.357 millones, un monto que proviene del Tesoro Nacional porque como se sabe, la Argentina está trabajando con el presupuesto 2023, pese a la devaluación de fines de ese año y la inflación. Esa decisión la tomó Milei, lo que le permite moverse discrecionalmente con varias partidas sin necesidad de la venia del Congreso de la Nacional. 

Esos fondos con los que se maneja el INA, no mueven la aguja a la pauta general de gastos, ni siquiera afecta el superavit, que es una de las principales banderas del ministro de Economía de la Nación Luis Caputo. De todas maneras, el Gobierno avanza en su plan de desarmar organismos públicos, con riesgos visibles para la comunidad. "Creo que la situación de Bahía Blanca, como las inundaciones de Tucumán hicieron notar en la sociedad la importancia de contar con organismos públicos que sean escuchados porque alertamos sobre estas situaciones para poder tomar decisiones sobre políticas públicas", sumó Ruiz Frietes. 

Además, hay otro asunto que se suma a las versiones de fin del INA: el creciente interés sobre el edificio desde Belgrano y Lamadrid de la Ciudad, donde funciona el organismo en Mendoza junto a otras entidades, incluso provinciales como oficinas de la Dirección General de Escuelas.