Daniel Orozco recibió un nuevo revés de la Justicia por la causa cooperativas truchas
El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, recibió un nuevo revés judicial este martes en la causa cooperativas truchas, que lo tiene imputado por peculado (corrupción).
La Justicia rechazó un pedido que había planteado la defensa del excandidato a vicegobernador de La Unión Mendocina (LUM), que buscaba tanto la nulidad de la imputación en su contra, así como también una solicitud de sobreseimiento, al argumentar que no reunía supuestamente "la condición de administrador que requiere el delito de peculado".
Según pudo saber MDZ, el Tribunal Penal Colegiado (de apelación) presidido por Claudia Vallejo, Marcelo Gutiérrez del Barrio y Agustín Chacón fue quien le rechazó los planteos a Orozco.
De esta forma, se suma a otro revés que ya había dictaminado la jueza de Garantías Dolores Ramón el pasado 27 de diciembre, con los mismos motivos.
Fuentes judiciales informaron que, de igual forma, le queda otra chance a Orozco para insistir en sus pedidos, y es el planteo de un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia. Auguran que podría invocar algún tipo de "gravamen irreparable y/o sentencia arbitraria" por parte del Tribunal.
En la causa, también está imputada la pareja de Orozco, Janina Ortiz, quien está suspendida de su cargo como legisladora provincial.
También están imputados otros exfuncionarios de la gestión en Las Heras, como Osvaldo Oyhenart (exsubsecretario de Políticas Sociales); Hernán Mostaccio (exjefe de licencias de conducir); Mauricio Valle (exdirector de Compras); Carlos Nofal (exsecretario de Hacienda); Mauro Homan (exdirector de Asuntos Legales); Daniel Herrera (subdirector de Contaduría) y Juan Pablo Pandolfi (familiar de Oyhenart y agente municipal).
Además, Adrián "El Moco" Pérez, presidente de la cooperativa Manos a la Obra, es otro de los acusados.
Causa cooperativas truchas
Tanto Orozco como el resto de exfuncionarios de Las Heras, están sospechados de participar de un manejo irregular de fondos para cooperativas (en particular la cooperativa Manos a la Obra), mediante el “direccionamiento de licitaciones públicas y contrataciones directas “para realizar limpieza de calles y espacios públicos”, pero que, en los hechos, tenía por fin -según denunció la fiscalía- “hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas”.
El desfalco al Estado sería por $36 millones en aquel momento, desde el 2021 hasta el 2023, según la investigación que lleva adelante el fiscal de Delitos Económicos Juan Ticheli.