La fenomenal suma de dinero que dice el Gobierno que transfirió al sector privado por reducción de impuestos

El Gobierno Provincial defendió este jueves toda la política impositiva de Mendoza durante las gestiones radicales, que comenzaron a fines del 2015 con el comienzo de la primera gestión de Alfredo Cornejo.

En medio de un contexto en el cual Mendoza ha aparecido como una de las provincias con mayor presión impositiva del país, según un informe del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), el gobernador Alfredo Cornejo, junto al ministro de Hacienda, Víctor Fayad, aseguraron que en ocho años, la provincia ha "aplicado alivio fiscal" a las empresas en Ingresos Brutos (IIBB) que "llega a los U$S 1.000 millones", es decir, similar al monto que Mendoza recibió de Nación en concepto de resarcimiento por los perjuicios de la promoción industrial en los años '90. 

Las declaraciones de Cornejo se dieron en medio de la apertura de un encuentro organizado por la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y la Comisión Arbitral de Convenio Multirateral (Comarb).

Allí, Cornejo expresó que desde el 2015 vienen en una senda de reducción de impuestos distorsivos "para promover la actividad económica, liberando recursos en todos los sectores para que puedan ser volcados a la inversión privada, principal motor para un crecimiento sostenible".

Además del alivio mencionado en IIBB, el Gobernador marcó que “a esto se suma el esfuerzo realizado en materia de Sellos, que, junto con la senda de disminución prevista en la Ley Impositiva 2025, nos permitirá alcanzar una alícuota general del 0% en 2030 en la provincia”.

El mandatario subrayó la necesidad de contextualizar la discusión y recordó que “nuestro diseño constitucional, el de 1853, reforzado en 1994, otorga competencias específicas a la Nación en diversas materias, pero es, en esencia, una Constitución de doctrina liberal”.

Reforma tributaria y desafíos fiscales

Sobre el sistema tributario, el mandatario mendocino reconoció que “es evidente que las provincias tienen impuestos distorsivos, y somos los primeros en reconocerlo, pero la Nación también tiene los suyos y no vemos un esfuerzo por generar condiciones más equitativas en estos tiempos”.

En ese marco, mencionó experiencias previas, como los intentos de eliminar Ingresos Brutos en los años 90, que no siempre fueron acompañados por otras jurisdicciones, lo que dificultó la armonización fiscal.

En cuanto a la política tributaria de Mendoza, Cornejo resaltó que se han reducido progresivamente algunos impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos y Sellos, con el objetivo de llegar en 2030 a una eliminación total del impuesto a los Sellos.

Sin embargo, aclaró que estas reducciones deben darse en un contexto de crecimiento económico. “Aunque 2024 ha sido un año recesivo, hay indicadores que generan expectativas positivas”, sostuvo.

Por su parte, el ministro Fayad enmarcó la coyuntura y el debate en torno a Ingresos Brutos como una oportunidad clave para que la Comisión Arbitral avance en la implementación de herramientas que simplifiquen y reduzcan las distorsiones del sistema. “Es momento de empezar a aplicar cambios, simplificar y, sobre todo, reducir las enormes distorsiones generadas por los sistemas de retención, de los cuales todos somos beneficiarios”, afirmó.

“Es momento de aplicar inteligencia para mejorar la recaudación”, afirmó, y subrayó que el objetivo debe ser siempre ampliar la base imponible, reducir la morosidad y la evasión, y lograr que quienes ya cumplen con sus obligaciones paguen menos, mientras que aquellos que no lo hacen comiencen a hacerlo. “Eso es lo que buscan resolver sistemas de información más eficientes y armonizados”, afirmó.

Contexto macroeconómico

Cornejo insistió en la importancia de contextualizar la discusión fiscal y recordó que “nuestro diseño constitucional otorga a la Nación competencias clave, como la macroeconomía, pero deja en manos de las provincias funciones esenciales para la vida cotidiana de las personas”. Entre ellas, mencionó la educación, la salud pública, la seguridad y la administración de justicia.

Respecto a la financiación provincial, sostuvo que las jurisdicciones deberían estar “perfectamente financiadas” para cumplir con sus funciones, pero advirtió que en la práctica este principio se ve distorsionado tanto en la distribución de recursos como en el análisis del gasto público. “Hay mucho foco puesto en las provincias, y está bien que así sea, pero la Nación también debe revisar sus gastos distorsivos en función de sus competencias”, afirmó.

Cornejo  también analizó la estructura económica de Mendoza, destacando que, debido a su diversidad productiva y la ausencia de un commodity dominante, la provincia enfrenta ciclos económicos distintos a los del país.

“Cuando hay recesión, sufrimos más que la Nación, y cuando hay crecimiento, no siempre nos beneficiamos de la misma manera”, explicó.

Asimismo, puso en valor el esfuerzo fiscal de Mendoza en los últimos ocho años y destacó que, pese al contexto recesivo, la provincia ha logrado sostener el empleo registrado. “Solo seis provincias han logrado mantener el empleo en un contexto de recesión, y creo que la diferencia la han hecho los instrumentos provinciales”, afirmó.