Las promesas cumplidas y adeudadas de la primera apertura de sesiones de Javier Milei

El presidente Javier Milei regresará este año al Congreso de la Nación para inaugurar por segunda vez desde su llegada a la Casa Rosada el período de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa. En su discurso debut ante el Parlamento - en su asunción decidió darle la espalda- el presidente hizo una serie de anuncios y promesas, de las cuales algunos se cumplieron, otras avanzaron y enfrentaron resistencias, y algunas nunca se materializaron.

Las palabras del presidente pusieron el énfasis sobre la herencia recibida del Gobierno de Alberto Fernández y sus predecesores, y remarcaron que "100 años de decadencia no se dan vuelta de un día para el otro".  Sin embargo, dentro de la batería de medidas y promesas que Milei proclamó ante el Congreso para ir hacia la prosperidad libertaria estaban la baja continuada de la inflación, la cercanía con la salida del cepo, el cierre de un organismo histórico, la convocatoria al Pacto de Mayo y un paquete de iniciativas denominadas "anti-casta", entre otras.

Pacto de Mayo

El anuncio que fue tapa de todos los diarios fue la convocatoria Milei a gobernadores, expresidentes y líderes de los principales partidos políticos para reunirse el 25 de mayo en la provincia de Córdoba para firmar "un nuevo contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino".

El requisito para llegar a esa instancia era la sanción de los dos grandes proyectos legislativos del Gobierno: la Ley Bases y el paquete fiscal. Sin embargo, frente a los múltiples obstáculos que estos se encontraron en el Congreso, el Pacto de Mayo finalmente se firmó en la Casa de Tucumán el 9 de julio.

Con algunos cambios en su redacción original, el gran acuerdo de Milei proponía "la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno; una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar; una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio; la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias; el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron; y la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global".

Suscribieron al documento los gobernadores y jefe de Gobierno Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).  

Los ausentes fueron los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quienes manifestaron su rechazo al acuerdo.

Sin embargo, podría decirse que esa gran primer promesa de Milei quedó inconclusa, ya que nunca se concretó la conformación de la entidad anunciada por el presidente para "materializar los principios del Pacto". Se trata del Consejo de Mayo, un organismo que estaría compuesto por un representante del Ejecutivo, de las provincias argentinas, de la Cámara de Diputados, de la de Senadores, de las organizaciones sindicales y del empresariado argentino. Sin embargo, hasta el momento la mayoría de sus miembros todavía no han sido designados y las negociaciones continúan abandonadas.

Inflación y cepo

Uno de los pilares sobre el cual Javier Milei montó su campaña presidencial y luego su gestión fue la promesa de la baja de la inflación. Por eso, uno de los primeros puntos que el jefe de Estado destacó durante su exposición fue la caída del indicador, que en diciembre de 2023 se había disparado a un 25,5% mensual y al momento de la apertura de sesiones había caído al 13,2%, para luego anotarse en marzo un 11%.

"En este contexto, pese a que aún quedan algunos meses de alta inflación, la misma seguirá cayendo fuertemente y la salida del cepo estará cada vez más cerca", anticipó el mandatario. El tiempo le daría la razón. En la antesala de su nueva exposición ante el Congreso, el último dato conocido -el de enero- fue del 2,2% mensual, el valor más bajo desde julio de 2020, y el indicador interanual -la comparación respecto al mismo mes de 2024- dio 84,5%, la cifra más baja desde septiembre de 2022.

Respecto a la liberación de las restricciones del mercado de cambios, eso no se produjo durante el resto de 2024, pero Milei ya le puso fecha de sentencia. "Sin la ayuda del Fondo, en el 2026 lo levantamos”, aseguró el presidente en LN+, y agregó: “El 1° de enero de 2026 el cepo no existirá. Si hay un desembolso del Fondo podemos hacerlo más rápido".

Ficha Limpia

En uno de los pasajes más aplaudidos de su discurso, Milei anticipó que su gestión impulsaría un proyecto de ficha limpia para que "las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales". "Además, todo exfuncionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario", agregó el libertario.

Esa promesa tuvo un camino sinuoso, ya que inicialmente el Gobierno retiró su apoyo a la medida y no brindó el quórum cuando los diputados del PRO, autores del proyecto, intentaron tratarlo a fines de noviembre en la cámara baja.

Ese episodio desató una andanada de acusaciones por parte de la oposición dialoguista contra La Libertad Avanza de un supuesto pacto con el kirchnerismo. Esto fue rechazado enfáticamente por el oficialismo, que alegaba que había decidido no acompañar la iniciativa por los peligros que esta contenía a la hora de que Gobiernos locales "feudales" pudieran influir en la Justicia para sacar del medio a figuras opositoras.

Para alejar los señalamientos en su contra, finalmente el presidente anunció que trabajaría personalmente en un nuevo proyecto, que luego fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias convocadas durante el receso del Congreso. Así, la iniciativa logró obtener la media sanción el 12 de febrero en Diputados, mientras que su tratamiento en el Senado se pospuso para el periodo de ordinarias y aún no tiene fecha prevista. De todas formas, su aprobación parece algo lejano debido a la minoría de La Libertad Avanza en la cámara alta, donde el peronismo hace valer el peso de sus 34 bancas. 

Leyes para las Fuerzas de Seguridad

"Cuidamos a las víctimas y a quienes nos cuidan. Se terminó con nosotros la cultura vil del despreciar a las fuerzas del orden y a las víctimas del delito y el enaltecer a los delincuentes. Por eso, estamos impulsando una ampliación del marco de legítima defensa y de cumplimiento del deber para que no terminen entre las rejas los ciudadanos que se protegen a sí mismos o los policías que protegen a los ciudadanos, mientras los delincuentes pasean libres por nuestras calles", remarcó el jefe de Estado.

Esos puntos fueron incluidos en el proyecto original de la Ley Bases, sin embargo, ante la resistencia del Congreso que derivó en el regreso del paquete legislativo a comisión, los mismos fueron retirados del proyecto final. 

Para subsanar el traspié legislativo, el Ejecutivo envió al Congreso en abril un paquete de proyectos en materia de seguridad impulsados por los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, respectivamente. Allí se incluyó una iniciativa específica para reformar el artículo 34 del Código Penal, ampliando el marco de la legítima defensa y el cumplimiento del deber, con el objetivo de proteger a las fuerzas de seguridad y ciudadanos que actúen en defensa propia.

Los proyectos fueron presentados en la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, donde obtuvieron el dictamen de mayoría y quedaron listos para ser tratados en el recinto, aunque al no haber sido incluido en el temario de extraordinarias su destino se decidirá durante el periodo de ordinarias, para lo cual todavía no tiene fecha prevista.

Cierre de Télam

En su cruzada por "reducir el tamaño del Estado a su mínimo e indispensable y purgarlo de privilegios para los políticos y sus amigos", el mandatario celebró la reducción de la estructura ministerial, la eliminación de la pauta oficial en medios de comunicación por un año y el cierre del Inadi. "En esta misma línea, vamos a cerra la Agencia Télam que ha sido utilizado, durante las últimas décadas, como agencia de propaganda kirchnerista", lanzó Milei.

El domingo por la noche, efectivos de la policía rodearon y vallaron los dos edificios donde funcionaba la agencia y los periodistas y delegados de Télam - inmediatamente dispensados de prestar labores- iniciaron un acampe que se extendería por 4 meses en las puertas del edificio para reclamar por la permanencia de sus puestos de trabajo y resguardar el patrimonio de la agencia.

Finalmente, la promesa presidencial se cumpliría el 1° de julio, cuando el Gobierno decretó la reconversión de Télam en la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APESAU), encargada únicamente de una de las dos funciones principales que tenía Télam: la publicitaria. De esa forma, 370 empleados que trabajaban en la Agencia Télam aceptaron el retiro voluntario, mientras que 110 pasaron a conformar el actual personal de APESAU y 200 quedaron bajo la órbita de Contenidos Públicos, la empresa que produce material para Radio y Televisión Argentina (RTA).

Leyes Anticasta

Tal vez una de las promesas más variadas y ambiciosas que anunció el presidente fue su paquete de leyes Anticasta."para profundizar en su misión de terminar con los privilegios de la política y sus amigos".

En ese conjunto de iniciativas, el mandatario aseguró que terminaría con los vuelos privados y la acumulación de millas para los políticos y sus familiares; dijo que terminaría con las jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes; anunció una reforma electoral para los sindicatos -que incluía límites en las reelecciones para sus líderes-; cambios en los convenios colectivos de trabajo; descuentos para los trabajadores que adhirieran a paros; un proyecto para reducir la cantidad de asesores en el Congreso Nacional y una reforma en el financiamiento de los partidos políticos. Vamos por partes.

La medida para restringir el uso de aviones públicos por parte de políticos se concretó el pasado 12 de agosto a través del Decreto 712/2024, donde se estipuló que "las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público". La eliminación de la acumulación de millas había sido anunciada a fines de febrero, antes del discurso en el Congreso, por Aerolíneas Argentinas.

Sobre la eliminación de las jubilaciones de privilegio, la iniciativa se incluyó en la primera versión de la Ley Bases, pero se sumó a los otros apartados del mega-paquete legislativo que fueron recortados en su camino hacia su aprobación. El tema volvió a ser planteado a finales de octube del año pasado, cuando diputados del MID presentaron la inicitativa con el aval de la Casa Rosada. Sin embargo, la misma nunca fue tratada por el Congreso.

Sin embargo, para dar una muestra simbólica, el presidente Javier Milei renunció en junio la renuncia a su derecho a una jubilación de privilegio y en noviembre ordenó la suspensión de las pensiones de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su exvice Amado Boudou, justificándose en las condenas en segunda instancia que ambos funcionarios recibieron en causas por corrupción.

Otra medida que no salió del anuncio fue la reforma sindical. "Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Electoral; que limitará los mandatos de esas autoridades a cuatro años, establecerá un tope de una sola reelección posible". Ese punto nunca se llevó a cabo, pese al intento de la UCR y el PRO de impulsar una iniciativa similar en la Cámara de Diputados a fines del pasado noviembre.

El proyecto conocido como Democracia Sindical, impulsado por el radical Martín Tetaz, no consiguió las firmas necesarias para obtener el dictamen en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados luego de que los legisladores de La Libertad Avanza retiraran su apoyo. La marcha atrás del oficialismo sucedió en el marco de las negociaciones que el Ejecutivo estaba llevando adelante con la CGT. Ante la imposibilidad de avanzar, Tetaz intentó convocar a una sesión especial en el recinto para tratar su proyecto a pesar de no tener dictamen, pero los libertarios no dieron quórum y la iniciativa no prosperó.

Por otro lado, el Gobierno si intentó avanzar  sobre los convenios colectivos de trabajo a través del mega DNU 70/2023 para que los trabajadores pudieran realizar convenios específicos con empresas particulares, aún si estos eran menos favorables para el trabajador. Sin embargo, el capítulo laboral del decreto fue frenado en la Justicia por un amparo de la CGT. Tras ese contratiempo, el Ejecutivo incluyó en la Ley Bases la posibilidad de negociaciones específicas sin que estas primen sobre los convenios existentes.

Tampoco abandonó el plano discursivo la idea del presidente de "reducir drásticamente la cantidad de contratos para asesores de los diputados y senadores de la Nación", mientras que el Gobierno sí decidió llevar a cabo la decisión de Milei de "descontar la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar por motivo de paro".

Por último, la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos para que cada espacio tenga que subsistir con aportes voluntarios de sus afiliados fue incluido en el proyecto de reforma electoral que la Casa Rosada incluyó en el temario de las extraordinarias, pero ante la falta de consensos en el Congreso decidió solo tratar de ese paquete el punto que abordaba la suspensión de las PASO.

Penalización de la emisión monetaria

Ya prometida durante la campaña electoral, el presidente ratificó su intención de enviar un proyecto al Congreso para para "penalizar por ley" al presidente de la Nación, al ministro de Economía, a los funcionarios del Banco Central y a los diputados y senadores "que aprueben un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria para terminar de una vez por toda y para siempre en estas prácticas insostenibles moralmente y criminal".

Para darle mayor volumen al anuncio, el mandatario enfatizó que la iniciativa propondría que ese acto sea considerado como "un delito de lesa humanidad, de manera tal que sea imprescriptible para que tarde o temprano paguen el costo de sus acciones".

Sin embargo, de momento el Ejecutivo no envió ninguna medida similar al Congreso ni brindó detalle alguno sobre si está trabajando sobre el asunto, por lo que al llegar a la nueva apertura de sesiones continúa siendo solo una promesa.