El saldo a favor con el que Javier Milei abrirá las sesiones ordinarias del Congreso
A principios de enero, la gestión libertaria convocó al Congreso de la Nación a sesionar de manera extraordinaria, es decir, por fuera del ciclo regular que va desde el 1 de marzo al 30 de noviembre. En aquel entonces, fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, que anunció que la actividad parlamentaria que se extendería del 20 de enero al 21 de febrero.
En este marco, y con un Congreso dividido, el oficialismo alcanzó cuatro iniciativas sancionadas, tres de ellas convertidas en ley y una a tratarse en la Cámara Alta. Por otro lado, dos puntos no fueron debatidos, la modificación del índice de actualización de quebrantos y los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
-
Te puede interesar
El cargo judicial clave que está en duda si Alfredo Cornejo podrá nombrar
La agenda de la administración libertaria comprendió dos grandes temas: seguridad y política. En lo que concierne a la seguridad, se trataron la Ley Antimafias; la modificación del Código Procesal Penal y Código Procesal Penal Federal, con el objetivo de establecer la realización del Juicio en Ausencia del Imputado; y cambios en el régimen de Reiterancia, Concurso de Delitos y Unificación de Condenas.
Por otro lado, la agenda política estuvo dominada por el tratamiento del proyecto de Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, que derivó en la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), por este año; el proyecto de Ley sobre Ficha Limpia; y quizá el tema de esta semana, los pliegos de acuerdos para designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema.
¿Cuál fue el saldo del Gobierno y en qué consistían los proyectos?
En la Cámara Baja, el escenario parecía, a priori, más complicado. Sin embargo, las divisiones al interior de Unión por la Patria facilitaron el tratamientos de los temas, sumado al apoyo de la oposición dialoguista. De este modo, el oficialismo logró la media sanción en diputados y la posibilidad de que los proyectos pasen al Senado.
En la Cámara Alta, el camino se empantanó, pero luego de varias críticas e impugnaciones, gran parte de la oposición acompañó los proyectos de Javier Milei.
De esta manera, el oficialismo obtuvo la aprobación de los proyectos de ley de reforma electoral, reiterancia y reincidencia, ley Antimafias, Juicio en Ausencia y la media sanción en diputados, del proyecto de Ley de Ficha Limpia.
En cuanto al logro alcanzado con la reforma electoral, el Gobierno evita la celebración de las PASO como instancia intermedia de cara a las elecciones legislativas de octubre.
Respecto a la nueva Ley de Reiterancia y reincidencia, la reforma considera reincidente a toda persona condenada dos o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme. Además, establece que las condenas en el extranjero podrán tomarse en cuenta para la reincidencia si el delito es extraditable según la ley argentina.
Por otro lado, la gestión libertaria pudo aprobar el proyecto de Juicio en Ausencia, que contempla el juzgamiento de imputados que no comparezcan ante la Justicia. La medida es especialmente relevante en el caso de los iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado a la AMIA, delito considerado de lesa humanidad. Asimismo, la ley se aplicará a crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas, crímenes de guerra, terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
En lo que concierne a la denominada "Ley Antimafia", la normativa busca incorporar mecanismos legales y procesales para combatir las organizaciones criminales. La nueva legislación se aplicará para los delitos de tráfico de drogas, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas.
En cuanto a Ficha Limpia, resta ser tratada en la Cámara Alta luego de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados. El objetivo del proyecto es impedir que se presenten a elecciones ni que puedan ejercer cargos relevantes en el Poder Ejecutivo a aquellas personas que tengan una condena por delitos vinculados con hechos de corrupción confirmada en una segunda instancia judicial.