Javier Milei pide intervenir la Provincia en otro intento por alimentar el caos
Hace quince días, en medio del caos y la zozobra que generó el Libragate, cuyo fin está lejos de llegar, Santiago Caputo y su equipo de consultores escuchó una idea que hablaba de una consulta popular. La iniciativa nacía porque el presidente Javier Milei, supuestamente y bajo sus ojos siempre conspirativos, estaba siendo obligado a renunciar o someterse a un juicio político por el escándalo de la estafa piramidal del a que participó promoviéndola casi en exclusividad.
La “Casta”, bajo su punto de vista, estaba trabajando para sacarlo del poder. Una vez realizado el plebiscito, en el que seguramente sería ratificado su mandato, Milei estaría habilitado para estirar mucho más sus márgenes de acción hasta ubicarlo en un restaurador similar a Juan Manuel de Rozas o, como dice @john,Milei Emperador.
Quizás detrás de estas elucubraciones se enmarque la novedad planteada en X hoy a la mañana proponiendo la intervención federal en la Provincia de Buenos Aires para terminar, en un año, con el problema de la inseguridad, acusando al gobernador Axel Kicillof de no haberlo podido realizar durante sus seis años a cargo de la gestión por su mirada garantista de la vida.
El diálogo no existe más en política. Todo es con discursos y en redes sociales. Inédito, increíble y preocupante.
En el libro Los Ingenieros del Caos, Giuliano Da Empoli explica que “En el mundo del Brexit, de Donald Trump y de Matteo Salvini, cada día trae su polémica, su disparate, su golpe de efecto. Sin embargo, detras del aparente desmadre del carnaval populista se oculta el meticuloso trabajo de docenas de propagandistas, ideólogos y, cada vez mas, científicos y expertos en Big Data que tratan de reinventar las reglas del juego político”
En esta ocasión, Milei pisa sobre un tema que aflige a la opinión pública como ningún otro y que está cerca de empezar a impactarlo personalmente como lo es la inseguridad. Las manifestaciones que se sucedieron tras las tragedias de La Plata y Vicente López tuvieron insultos y críticas para Kicillof, pero se escuchó algunas, también, para Patricia Bullrich, a quien su sobre presencia mediática también la hace responsable de cosas que le están ajenas.
Bullrich había buscado ingresar al Conurbano de la misma manera que lo hizo en Rosario. Inclusive había iniciado algunas conversaciones con las autoridades bonaerenses con las que mejor vínculo tiene, el jaqueado ministro de Seguridad Javier Alonso y su jefe político, Sergio Berni. Sin embargo, cuestiones políticas y la cantidad de efectivos necesarios para distribuir en el vasto territorio, mucho mayor al del puerto santafecino, desinflaron la idea.
Intendentes hoy con miradas muy distintas hacia el gobierno nacional como Soledad Martínez, de Vicente López, y Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, se han manifestado directamente contra la política dispuesta por Kicillof en cuanto a su idea de lo que debe ser el trabajo en Seguridad. Para ellos, la mirada garantista y el escaso compromiso económico que pone para resolver el problema, que casi todo recae en los presupuestos municipales, son la mayor dificultad a la hora de resolver el tema.
Ayer fue la primera vez que Kicillof habló con todas las letras sobre el tema e inclusive se solidarizó con las víctimas, algo que no hacía públicamente y eso provocaba que se lo considerara ausente y distante. Además, agregó: “Estamos dispuestos a discutir y mejorar leyes… Y cuando fue el Pacto de Mayo invité al presidente Milei a trabajar en una agenda conjunta”.
La respuesta de Milei fue tal cual su estilo. “Quiero señalarle que no se puede trabajar con usted que cree que los delincuentes son las víctimas y nosotros creemos que son los malos… Su doctrina prodelincueltes con raíces en la doctrina Zafaroni están en las antípodas de la tolerancia cero a la que nosotros suscribimos”.
En la inseguridad, por ahora quien no está siendo analizada más allá de los discursos, tanto de Kicillof como de Milei, es la Justicia. Mientras que el ministro nacional es el abogado penalista “saca presos” Mariano Cúneo Libarona, en la Provincia ese rol lo cumple Martín Mena, uno de los operadores políticos más destacados en la materia de Cristina Fernández de Kirchner.
Las marchas y puebladas luego de cada pérdida humana se producen frente a comisarías y sedes municipales, pero nunca en Tribunales, donde verdaderamente funciona un sistema de puerta giratoria y contratos no puestos en papel donde la connivencia de la política y los miembros de la familia judicial se reparten el poder de manera impúdica.
El caso de Sabrina Cladera, la fiscal platense que había liberado al asesino de Kim Gómez en febrero pasado y cuyo nombre era uno entre centenares habilitados para ser promovidos para un cargo superior por el gobierno bonaerense, había sido aprobado por la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que integran todos los partidos políticos y en el que cada uno pide por lo suyo. De casualidad, y producto que no se habían puesto de acuerdo para un nombramiento en la jurisdicción de San Nicolás, Cladera y otros casi doscientos más tuvieron que quedarse en su lugar.