Juicio por YPF: el Gobierno le respondió a la jueza Preska y pide esclarecer los hechos
El Gobierno emitió este martes su descargo al juzgado de Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y apoyó el planteo de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) que, la semana pasada, pidió que se revoque el fallo en contra de la Argentina por US$16.100 millones en el juicio por la expropiación de YPF.
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El Estado brindó su opinión, luego de que la semana pasada la organización marcara supuestas irregularidades en el proceso de nacionalización de la petrolera, que, en su momento, estaba en manos de la española Repsol. A su vez, la entidad solicitó que se inicie una investigación criminal contra los demandantes y el resto de las partes involucradas, incluyendo, entre otros, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la familia Eskenazi.
Ante la celeridad de expedirse como fecha limite durante esta jornada, el Estado respaldó la presentación de la ONG. Lo hace mediante la intervención de Juan Ignacio Stampalija, Subprocurador del Tesoro de la Nación. Existieron dudas durante las últimas horas debido a que el Gobierno no se había pronunciado, pese a la fecha límite, y se habían generado suspicacias sobre su posición.
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“El gobierno argentino está presentando una respuesta en la que reiterara´ ante los tribunales internacionales, en línea con la moción de Republican Action por Argentina, su voluntad de que se esclarezcan de una vez por todas los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi”, precisó una fuente oficial especializada en el proceso judicial, en diálogo con MDZ.
Se remarcó también que “la respuesta expresa también la firme voluntad de este gobierno en colaborar con el gobierno de los Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre los hechos y circunstancias que rodean este asunto”. Sin embargo, aclararon que este planteo no irá en detrimento que “ello implique abandonar sus planteos en el sentido de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las pretensiones de los demandantes en este caso”.
En ese sentido, se continuó: “Si bien la Argentina no tiene vínculo alguno con la asociación Republican Action for Argentina, ni tampoco con el abogado Fernando Irazu, su presidente, si´ reiterara´ ante los tribunales internacionales, en línea con esta presentación, su voluntad de que, en defensa de todos los argentinos, se esclarezcan de una vez por todas los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi”.
Desde la Casa Rosada expresaron: “A diferencia de la gran mayoría del arco político, ni este gobierno ni sus integrantes fueron parte de la mayor de las etapas cruciales de la defensa del caso”.
“Este gobierno ha tenido que asumir la defensa del Estado Argentino basado en hechos de los cuales ninguno de sus integrantes ha participado y en una etapa procesal sumamente avanzada. Frente a esta situación heredada, continuara´ haciendo todo lo que esta´ a su alcance para buscar alternativas de solución que permitan revertir la sentencia o mitigar su impacto”, concluyeron los funcionarios consultados.
El origen de la disputa judicial
En 2012, el gobierno de Cristina Fernández Kirchner había dispuesto la expropiación del 51% de YPF que pertenecía a Repsol, sin realizar una oferta pública de adquisición por las acciones restantes, como exigía el estatuto de la empresa. En ese marco, en 2015 Burford Capital y Eton Park iniciaron una demanda en Estados Unidos, afirmando que Argentina incumplió con sus obligaciones hacia los accionistas minoritarios.
Debido a ese proceso judicial, en septiembre de 2023, Loretta Preska falló que Argentina debía pagar USD 16.100 millones, de los cuales USD 14.400 millones correspondían a Burford Capital y USD 1.700 millones a Eton Park.