Presos porteños: acusaciones cruzadas tensan más la pelea entre Jorge Macri y Javier Milei
La pelea por los presos en comisarías porteñas escaló de modo feroz en la jornada. Patricia Bullrich envió una carta a Jorge Macri en la que le endilga toda la responsabilidad por el exceso de detenidos en alcaidías que sería parte de las causas de fugas. La ministra se molestó por una resolución judicial en respuesta a una presentación de habeas corpus que realizó la Defensoría del Pueblo porteño, María Rosa Muiños y otras presentaciones judiciales. Hay varios habeas corpus presentados pero ninguno fue elevado por la Ciudad de Buenos Aires. El reclamo es para disminuir la cantidad de detenidos en instalaciones porteñas.
La pelea llegó al punto de que Bullrich le dijera al Jefe de Gobierno que tomó malas decisiones políticas y que "en la gran mayoría de las jurisdicciones provinciales hay exceso de presos alojados en comisarías, pero no a todas ellas se les escapan presos todas las semanas".
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, le replicó a la ministra de Seguridad, en otra misiva.
El funcionario aseguró que para que la Ciudad asuma la competencia de alojar detenidos de la Justicia nacional es necesario un acuerdo con el Estado Nacional que incluya la transferencia de recursos y la creación de un Servicio Penitenciario local con la infraestructura y el personal adecuados: “Hasta que eso ocurra, la responsabilidad exclusiva recae en el Estado Nacional a través del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario Federal”, refutó el ministro.
Según Bullrich, el Servicio Penitenciario tenía "la obligación legal de recibir 60/70 presos semanales y voluntariamente, desde el inicio de este gobierno, pasamos a recibir 90 internos semanalmente, es decir, un 50% más; ofrecimos 100 plazas en el interior del país y un cupo especial de 50 plazas para ofensores sexuales, pero la Ciudad, usó el cupo de 90 plazas semanales".
Para Tapia eso es inexacto y que "desde que Bullrich asumió el Poder Ejecutivo, la Ciudad ha mostrado su mejor predisposición para trabajar en conjunto y solucionar un problema que fue heredado de gestiones anteriores".
El funcionario porteño aclaró que todavía " las competencias a cargo del Servicio Penitenciario Federal no han sido transferidas a la Ciudad." Además dijo que "que no es función de la Policía de la Ciudad el alojamiento permanente de detenidos que se encuentren a disposición de la Justicia nacional con competencia penal". Recordó entonces que una resolución dictada el 25 de noviembre de 2024 ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°3, se intimó al Servicio Penitenciario Federal a dar cumplimiento con la sentencia del 6 de julio de 2020: " dar ingreso a la totalidad de los condenados, tengan o no condena firme, como así también fijar un cronograma para el traslado de todas las personas que se encuentren detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad, con un mínimo de 130 o 140 cupos por semana".
Para Tapia “es claramente falaz” la afirmación de la Ministra Bullrich de que tiene la obligación legal de recibir en el Sistema Penitenciario Federal a solo 60/70 detenidos por semana, ya que la obligación legal del Servicio Penitenciario Federal, y por ende del Ministerio de Seguridad de la Nación, es recibir a todos los detenidos que se encuentren alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad.
El ministro consideró "maliciosa" la supuesta predisposición alegada por el Ministerio de Seguridad de la Nación a instalar regímenes modulares en predios nacionales, y respondió también al reproche de Bullrich sobre el complejo de Marcos Paz. Dijo que se retomaron las obras y que esa unidad será para la desocupación del penal de Devoto, y que esto “no diluye la obligación de trasladar los detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad al Servicio Penitenciario Federal”.
También consideró “absolutamente falsa” la afirmación de Bullrich de que en el sistema penitenciario federal argentino se está pagando por 6 mil detenidos de la Ciudad, porque es la Nación la que, ante el incumplimiento de su traslado al Servicio Penitenciario Federal, debería estar pagando el costo de los detenidos que se encuentran alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad.
Explicó entonces que más del 90% de las personas detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad se encuentran a disposición de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional con asiento en la Ciudad y que para que la Ciudad asuma dicha competencia debe existir acuerdo con el Estado Nacional y la consecuente transferencia de partidas.
Gabino Tapia también expresó que “tanto los magistrados de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional con asiento en la Ciudad sean jueces NACIONALES, como el mismo nombre de dicho fuero lo indica, los detenidos a su disposición deben ser automáticamente alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal”.
Consideró que eso es una obligación legal que está siendo “sistemáticamente violada” por el Ministerio de Seguridad de la Nación , y que es directa consecuencia de lo establecido en la ley 20.416 del Servicio Penitenciario Federal.
El 20 de marzo de 2020 la Ciudad tenía 61 detenidos en las alcaidías y ninguno en las comisarías. Hoy hay 2.450, lo que representa un aumento del 4.000% en la cantidad de presos alojados en dependencias locales. “Con la nueva gestión nacional, lejos de resolverse, el problema se agravó. El gobierno de Alberto Fernández dejó un total de 1.796 presos en la Ciudad. Hoy ese número es de 2.468, y sigue en aumento. Además, en marzo del 2020, la Ciudad contaba con 183 plazas para detenidos, en ningún caso con tiempo de permanencia superior a las 48 horas. Hoy hay casi 1.300 plazas”, describió Tapia.
"Hoy el sistema federal penitenciario que sostienen económicamente todos los argentinos aloja 11.500 internos y 6.000 son presos de la CABA que están siendo juzgados por delitos comunes, con un costo anual para el resto de los ciudadanos del país de $ 156.639.750.000", aseguró Bullrich en su carta y amplió:, por ejemplo, un ciudadano de la provincia de Santa Fe, paga por el Servicio Penitenciario Federal, paga por el Servicio Penitenciario Provincial y, por la decisión política de la Ciudad de no hacerse cargo de sus presos, también paga por el costo de mantenimiento de los detenidos de la CABA.