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Impulso a la minería: lanzan la convocatoria para integrar un organismo clave

Se trata del Consejo de Minería, que estará conformado por representantes de entidades profesionales y empresariales y tendrán una función de apelación y consulta en el desarrollo de la actividad.

El gobierno de Alfredo Cornejo apuesta a darle un impulso cada más fuerte a la minería  en Mendoza y en ese contexto dio los primeros pasos para formar un organismo clave para la actividad. Se trata del Consejo de Minería, el organismo de control, de apelaciones y consultas, para el cual la Dirección de Minería lanzó la convocatoria para definir a sus integrantes, postulados por entidades profesionales y empresariales.

Durante el último año, el Gobierno provincial hizo una importante apuesta para poner en primera plana a la minería, a través de una la reforma del Código de Procedimiento Minero y la promoción de proyectos de exploración y explotación, principalmente en el denominado Distrito Minero Malargüe Occidental.

En medio de este escenario, la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente comenzó con el proceso de convocatoria a diversas entidades para integrar el Consejo de Minería, un organismo de control de las decisiones del Director de Minería, es decir, de apelaciones y consultivo, según previsto en el Código de Procedimiento Minero aprobado en 2024.

 “Seguimos trabajando con la transparencia, se publica para que todas las cámaras mineras y afines a la minería puedan presentar a los postulantes”, afirmó el director de Minería, Jeronimo Shantal, sobre esta convocatoria, la cual será publicada en el Boletín Oficial en los próximos días.

El nuevo Código de Procedimiento Minero determina que el Consejo de Minería debe estar integrado por un consejero titular y un suplente con título de abogado; un consejero titular y un suplente con título de ingeniero en minas, geólogo o ingeniero con experiencia comprobada en minería o con un título de grado y al menos cinco años de experiencia en el área, y un consejero titular y un suplente que representen a las cámaras empresariales y otras entidades vinculadas a la minería en la provincia.

En este marco, se ha dispuesto librar oficio a la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de la Provincia, para que proponga 8 abogados matriculados, distribuidos en 2 por cada Circunscripción Judicial, con el fin de cubrir un puesto titular y un suplente en el Consejo.

Asimismo, se ha convocado al Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos, al Colegio de Agrimensura de Mendoza, al Colegio Notarial de Mendoza, al Colegio de Ingenieros de Minas, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, al Colegio de Técnicos en Seguridad e Higiene, al Centro de Ingenieros de Mendoza y a la Comisión Fundadora de Profesionales de Higiene, Seguridad y Ambiente de la Provincia de Mendoza, para que presenten postulaciones. Cada entidad deberá proponer 2 profesionales con títulos habilitantes en áreas vinculadas a la actividad minera y con experiencia acreditada en el sector.

También se ha llamado a las Cámaras Empresarias con representatividad en el sector minero de Mendoza, entre ellas ASINMET, CEM, CAMeM, CAPROMIM, Cámara de Comercio y Afines de Malargüe, Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, ADERPE, CAMARCO, Cámara de la Energía, Minería y Ambiente, CECIM, FEM, Cámara de Servicios de Uspallata, CASEMMZA, CAEM y CAPMIN. Estas entidades deberán informar su decisión de participar en la selección y presentar una nómina de 2 aspirantes, uno para titular y otro para suplente, acompañando la documentación que acredite su objeto y vigencia legal.

“Esta estructura se ha diseñado para garantizar un proceso de supervisión eficiente y riguroso, manteniendo una coordinación efectiva entre las entidades responsables”, explicó Shantal.

Los miembros del consejo deben ser ciudadanos argentinos, con residencia mínima de dos años en Mendoza y deben cumplir requisitos de idoneidad.

Quedan inhabilitados aquellos que mantengan deudas morosas, carezcan de libre disposición de bienes o tengan antecedentes judiciales o inhabilitación para ocupar cargos públicos.