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La impactante suba del "agravante por violencia de género" en las imputaciones

Los datos surgen del "Informe sobre la evolución de la aplicación de las agravantes vinculadas a razones de género", realizado por la Oficina de la Mujer de la Corte. Corresponde al período 2017-2023.

Mucho se dice en la calle, en las charlas cotidianas, respecto a que ahora "todo es violencia de género", como un prejuicio, sin datos y, muchas veces, sin fundamentos que sustenten esas expresiones. Lo cierto, o por lo menos lo que marcan las estadísticas, es alarmante. Así lo revela un informe elaborado por la Corte de la Nación, a través de su Oficina de la Mujer.

Allí se analizaron las imputaciones iniciales, es decir, cuando llegan las denuncias y la Justicia comienza la investigación, de los últimos cinco años (de 2017 al 2023) de todo el país. Pero el foco se puso en las muertes violentas de mujeres.

En el período estudiado, se registraron 1.482 víctimas de femicidio directo, de estos casos surgieron 1.593 imputaciones iniciales. En cuanto a la aplicación del agravante de violencia de género, se observó un incremento del 21,9%, pasando del 56,9% en 2017 al 78,8% en 2023. 

El promedio de imputaciones iniciales que contemplaron violencia de género para todo el período 2017-2023 fue del 65,9%. El informe hace foco en la aplicación de las circunstancias agravantes que están establecidas en el artículo 80, incisos 1, 4 y 11 del Código Penal de la Nación, incluyendo a las actuaciones de las fiscalías en las provincias en las que rige el sistema acusatorio.

Desde el 2015, la Corte Suprema arma un registro de datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de "mujeres cis" (es decir, aquellas mujeres cuyo sexo biológico corresponde al género) y de "mujeres trans/travestis por razones de género". Para poder elaborar el informe, todas las jurisdicciones de Argentina aportan información de los procesos judiciales. 

En 2017, el 56,9% de las imputaciones contenía el artículo 80, inciso 11 del CPN, este porcentaje se incrementó al 78,8% en 2023, lo que representa un aumento de 21,9 puntos porcentuales en casos informados como femicidios directos. En cuanto a la comparación entre los dos últimos informes (2022/2023), también hubo una suba de 7,1%. En síntesis, el promedio de imputaciones que contemplaron violencia de género fue de 65,9%

El gráfico que demuestra el crecimiento de las imputaciones que contemplaron violencia de género.

El informe advirtió además que el registro de víctimas de travesticidio o transfemicidio puede estar subregistrado (que figuran menos de las que realmente ocurrieron), ya que para elaborar una estadística se deben contemplar causas judiciales que se registran como homicidios y averiguaciones de causales de muerte. Sin embargo, todos los años, de acuerdo a lo que se indica en el documento, se realizan cotejos con otras fuentes que permiten revisar los potenciales casos identificados como tal. 

En el período que se analizó, se contempló un total de 39 mujeres trans o travestis víctimas y 45 sujetos imputados  Sin embargo, 6 de ellas corresponden a carátulas (sin imputación) y 4 no cuentan con datos al respecto, por lo que el universo de imputaciones se reduce a 35 con cinco en 2017, tres en 2018, cuatro en 2019, seis en 2020, cinco en 2021, nueve en 2022 y tres en 2023. Estos números, que son bajos, denotan un posible subregistro. 

La Corte está obligada a llevar a un registro de los femicidios luego de la sanción de la ley 26.485, que fue sancionada en el 2009 por el Congreso de la Nación y en su artículo 37 establece que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará registros sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos en esta ley, especificando, como mínimo, edad, estado civil, profesión u ocupación de la mujer que padece violencia, así como del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así como las sanciones impuestas al agresor. La Corte Suprema de Justicia de la Nación elaborará estadísticas de acceso público que permitan conocer, como mínimo, las características de quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades, vínculo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y cantidad de sanciones aplicadas".