Tras un fallo judicial, obligan al Gobierno a dar información pública sobre la implementación del aborto legal
La Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública emplazó al Ministerio de Salud a que cumpla con un pedido de información pública sobre medidas adoptadas para garantizar el acceso al aborto legal. La resolución se tomó luego de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que ordenó al Gobierno provincial a responder de manera completa una solicitud realizada por las organizaciones Amnistía Internacional y Libera Abogacía Feminista.
Estas asociaciones habían tramitado en 2021 un pedido de acceso a la información pública sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo (IVE/ILE), de conformidad con la Ley 27.610. Requerían datos oficiales acerca de las estadísticas de acceso a la práctica, campañas de información, organización del sistema de salud público, medidas adoptadas para la supervisión de obras sociales, prepagas y clínicas privadas, y mecanismos de denuncia ante barreras u obstáculos.
Las entidades consideraron que la respuesta del ministerio fue vaga e incompleta y reclamaron ante la Oficina de Ética Pública, pero este organismo público terminó rechazando el planteo, por lo que decidieron presentar una demanda ante la Corte.
El máximo tribunal de justicia de la provincia hizo lugar a la presentación. Ordenó al Ministerio de Salud y Deportes a brindar información pública “completa, adecuada y veraz” sobre estos requerimientos. A su vez, anuló una resolución de la Oficina de Ética Pública rechazando el reclamo de la organización.
Tras ese fallo, la asociación Civil Libera Abogacía Feminista presentó ante este organismo de control un recurso por incumplimiento respecto al pedido de acceso a la información pública presentado ante el Ministerio de Salud, alegando que la respuesta del Gobierno fue incompleta.
En el procedimiento, la asesora de gabinete del Ministerio de Salud, Daniela Stella, respondió que la solicitud fue “resuelta en tiempo y forma”. Ética Pública analizó el proceso y determinó que la funcionaria “solo ha respondido el encabezado del pedido y no las preguntas que se le formularan en archivo adjunto, el cual también le fue enviado en la vista que oportunamente se le confiriera”. De esta manera, concluyeron que “se observa una entrega incompleta de la información requerida”.
Asimismo, el equipo del organismo de control hizo referencia al fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que ordenó al Ministerio de Salud a que cumpla con el requerimiento y resolvió en la misma sintonía.
En este sentido, el auditor general de la Oficina de Ética Pública, Gabriel Balsells Miró, resolvió admitir formal y sustancialmente el recurso presentado por la organización feminista y emplazó al Ministerio de Salud a que en un plazo de 5 días hábiles “entregue la información requerida mediante pedido de acceso a la información pública de manera completa”.
Luego de que trascendiera el fallo de la Corte, el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, había asegurado que se cumpliría con la sentencia judicial, pero había planteado sus quejas por las decenas de pedidos de informes que recibe la dependencia pública y señaló que la tarea demanda mucho tiempo y distrae al personal de otras funciones.
“Uno tiene toda la apertura para dar todas las respuestas, pero recibimos decenas de pedidos de informes de la Legislatura, decenas de pedidos de informes de organizaciones e instituciones y nosotros queremos responder a todos, pero la verdad es que tenemos que dar el debate social de si es razonable porque requiere muchísimo tiempo”, indicó el funcionario al ser consultado sobre el fallo de la Corte.