Aerolíneas Argentinas: Verasay explicó cuáles son los factores que alientan a la privatización y defendió la idea del Gobierno
La diputada por Mendoza, que preside las comisiones que debaten sobre la privatización, señaló que los paros gremiales y las pérdidas económicas justifican la necesidad de un cambio en la gestión.
Aerolíneas Argentinas quedó afuera en su momento del paquete de privatización en la Ley Bases, pero hoy está en el foco de debate luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmara que el Gobierno había iniciado conversaciones con empresas privadas para que se hicieran cargo de la operación de la aerolínea y aseguró que la decisión se tomó en respuesta a lo que consideró una “extorsión” por parte de los gremios. La diputada nacional por el radicalismo mendocino, Pamela Verasay, habló con MDZ Radio 105.5 FM y argumentó por qué desde su bloque apoyan la iniciativa del Gobierno nacional de avanzar con la privatización de la empresa estatal.
“La intención del Gobierno respecto de privatizar diversas empresas se aceleró después de los nueve paros que hubo y más de 300.000 argentinos que se vieron afectados por cancelaciones de vuelos. Se dio en un contexto en donde pusieron en prioridad discutir si es conveniente o no que el Estado siga siendo el responsable de la administración de la compañía”, aseguró Verasay.
La legisladora resaltó que la medida del Gobierno está en línea con su criterio de lograr un equilibrio fiscal, achicar el déficit y, eventualmente, redirigir los subsidios del Estado: “Aerolíneas Argentinas es una compañía que tiene más de cinco sindicatos en su interior a la hora de discutir temas salariales, que son los otros puntos que están hoy en tensión en el Congreso y que en general fueron motivo de paro”, destacó. Según Verasay, la situación actual de la compañía evidencia la necesidad de revisar su modelo de gestión: “Las transferencias que ha recibido, las pérdidas que genera por año, aún siendo subsidiada, el tipo de competencia en cuanto a infraestructura. Es algo que se puso en la mesa durante todo el mes”.
La diputada hizo hincapié en el impacto de la conectividad en el amplio territorio de Argentina. “La conectividad no es algo menor y no solamente en cuanto al desarrollo económico, el turismo y la movilidad que pueda tener el país, también pensemos en un medio de transporte por temas de salud, por temas de formación de trabajo”, expresó. No obstante, subrayó la necesidad de un debate más profundo sobre la conveniencia de que el Estado siga siendo responsable de la administración de la aerolínea, ya que "Aerolíneas Argentinas controla el 70% de las rutas nacionales. Se ha convertido en una movilidad necesaria en la vida de los argentinos, es un tema a discutir cuando se piensa en una compañía que tiene casi el monopolio”, puntualizó.
Verasay recordó que su bloque ya había planteado su posición cuando se debatió la Ley Bases, donde originalmente se había incluido a Aerolíneas en el paquete de empresas a privatizar. “Nosotros lo manifestamos cuando fue la sanción de la Ley Bases. Aerolíneas fue una compañía que fue extraída en el Senado y cuando volvió la sanción a Diputados, el Gobierno prefirió cerrar el capítulo, aún a costa de haber excluido Aerolíneas, cuando varios bloques, incluido el radicalismo, habían insistido en que sea parte del paquete sujeto a privatización”, rememoró la diputada.
En relación al anuncio de Adorni, Verasay aclaró que aún no se ha publicado el decreto correspondiente, por lo que no se puede hacer un análisis definitivo del contenido. Sin embargo, indicó que si el camino es el de la privatización, “la Ley de Reforma del Estado de los 90, que tanto se ha puesto de moda ahora, la 23.696, establece que es el Ejecutivo el que tiene que mandar la necesidad de declarar su privatización a una empresa vía decreto, dándole un tratamiento de preferencia en el Congreso”. Explicó que, una vez que se comunique al Congreso, ese decreto será tratado en el plenario correspondiente, con un procedimiento que ya está en marcha. "Tiene que ver más con la iniciativa. Es una ley que va en formato de decreto, pero requiere autorización del Congreso”, agregó.