El Senado avanzó en la derogación de una ley que complica a los productores
El Senado de Mendoza aprobó este martes la derogación de la Ley 9133 en una sesión que generó amplio debate entre los distintos sectores. La norma original buscaba evitar abusos contra pequeños productores que, sin la posibilidad de dejar de cosechar o almacenar productos perecederos, se veían obligados a ingresar su producción en establecimientos sin conocer previamente el precio ni el plazo de pago. De esta manera, la iniciativa fue aprobada por 28 votos afirmativos y 10 abstenciones del sector peronista, por lo que fue remitida a la Cámara de Diputados en revisión.
El miembro informante de la propuesta fue Walther Marcolini, quien destacó "la importancia de fortalecer las economías regionales con normas adecuadas que fomenten el crecimiento y eviten obstáculos comerciales innecesarios en un contexto económico complejo".
La intención de la ley derogada era proteger a los pequeños productores mediante la obligación de registración, asegurando que se establecieran precios y plazos de pago antes de la entrega de la producción. Sin embargo, en la práctica, los resultados no fueron los esperados, especialmente en el sector vitivinícola.
Un ejemplo claro en la vitivinicultura es que los acuerdos definitivos no pueden cerrarse antes de contar con una aproximación certera sobre los quintales de uva y variedades disponibles. Esta información solo se obtiene una vez que la uva ha sido cosechada y pesada en el establecimiento elaborador. Además, los precios relativos por variedad y zona se clarifican al finalizar la cosecha, cuando ya se conoce el stock resultante y las condiciones del mercado, lo que ha generado un desfase entre los precios acordados y los reales al momento de la entrega.
Desde el punto de vista de contratos, la ley imponía una obligación que afectaba la libertad de los productores para negociar de manera justa. Muchos sectores productivos y entidades gremiales coincidieron en que la norma entorpecía el comercio y dificultaba la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, ya que factores como el clima y las condiciones de mercado podían modificar sustancialmente la producción y los acuerdos previos.
En respuesta a estas críticas, el contenido de la nueva ley implica que los establecimientos que reciban materias primas para su industrialización, acopio o transporte deberán entregar un recibo al productor, detallando la cantidad, calidad, precio pactado y la forma de pago. Además, el Ministerio de Producción de Mendoza será el encargado de recolectar y difundir información clave sobre las actividades agropecuarias para garantizar la transparencia y facilitar la toma de decisiones.
Meses atrás, cuando salió a la luz la propuesta de derogación, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, en comunicación con MDZ Radio 105.5 FM, explicó que la normativa se transformó en una complicación debido a las severas multas aplicadas por incumplimientos, lo que generó numerosas críticas y reclamos a lo largo de los años. La actual gestión, comprometida con una visión desregulatoria, decidió avanzar en la derogación de esta ley, buscando beneficiar a los productores locales.
Vargas Arizu explicó que se trata de "una ley que salió hace cuatro años con la mejor intención de que funcionara para una seguridad industrial. En realidad los objetivos no fueron cumplidos. De los 43.000 contratos que hay, 397 han sido observados por Fiscalización y Control. De esos 397, todos tienen errores formales, es decir, que le falta un sello, una firma, una página" y agregó que no hay ninguna denuncia donde "alguna industria haya complicado a un productor".
El ministro continuó: "Esto tiene derogaciones y multas y cuando uno desburocratiza, al que más beneficia es al último de la cadena, que es el productor, porque el industrial pasa ese valor a costo, entonces cuando hoy tiene menos costos, menos complicación, menos infraestructura, más desregulación, va tener mejor posibilidades de pagar beneficios". Vargas Arizu destacó que "es un paso para desregular la economía y que tengan un crecimiento importante en Argentina".