El Senado sancionó la Ley de Financiamiento Universitario y Javier Milei va por un nuevo veto
El Senado de la Nación sancionó la Ley de Financiamiento Universitario con una contundente mayoría de 56 votos afirmativos contra 11 negativos. A pesar de esto se espera que el presidente Javier Milei vete una nueva normativa aprobada con amplio consenso dentro del Congreso de la Nación.
La iniciativa recibió el apoyo de todo el radicalismo, incluída la mendocina Mariana Juri (Rodolfo Suarez estuvo ausente en la votación), de la Unión Cívica Radical -salvo los tres ausentes: Silvina García Larraburu (Río Negro), Lucía Corpacci (Catamarca) y Gerardo Montenegro (Santiago Del Estero)-, de los senadores del peronismo no kirchnerista, de los que representan a partidos provinciales que gobiernan sus distritos e, incluso, de una parte del PRO.
Luis Juez y Guadalupe Tagliaferri votaron a favor. El primero se explica por sus deseos de ser gobernador en una provincia que con historia de representación gremial universitario. La segunda desde hace un tiempo quiere desmarcarse del apego oficialista que tiene el partido de Mauricio Macri.
Martín Goerling, Alfredo De Angeli, Carmen Álvarez Rivero se expresaron en contra, en línea con la posición del partido que también se manifestó así el 15 de agosto en la Cámara de Diputados. María Verónica Huala eligió el camino de la abstención. Con ellos votaron los seis de La Libertad Avanza y el oficialista eyectado Francisco Paoltroni.
El senador por la Ciudad de Buenos Aires Martín Lousteau (UCR) señaló que no cree Javier Milei vaya a vetar esta iniciativa. “Ya vio a una sociedad movilizada para preservar la única cosa de todas las que provee el Estado que le permite soñar con un futuro mejor”, disparó el economista.
Además, dijo, con tono irónico, que no cree que el presidente sea "tan obcecado, tan cabeza dura y tan ignorante porque los que tengan que hacer los números de Hacienda le van a decir que esto es nada, y por eso no creo que después de lo que la sociedad ya le dijo respecto de la importancia de la educación, se vaya a animar a vetarla”.
Un rato antes, en su rol de miembro informante, el titular de la comisión de Educación, Eduardo "Wado" De Pedro (UP) acusó al Gobierno de querer "destruir" las universidades. Aseguró que con este proyecto “estamos discutiendo si le damos financiamiento al sistema público universitario o si vamos a dejar a millones de jóvenes sin futuro”.
“El presupuesto actual es 0,34% del PBI cuando siempre fue el 0,7. El 80% de los docentes están por debajo de la pobreza y estamos en una pérdida del poder adquisitivo del 33%”, detalló De Pedro. También valoró que este proyecto "viene a subsanar este desastre hecho por Milei que son los recursos mínimos para garantizar los recursos básicos”.
“Estamos votando una ampliación que según la Oficina de Presupuesto del Congreso significa el 0,14% del PBI, queda claro que el modelo del presente y el futuro está ligado con la educación”, valoró
Un rato más tarde, como cierre del oficialismo, le contestó Ezequiel Atauche (LLA), jefe del bloque oficialista, en defensa del Gobierno nacional. "La educación pública es sumamente importante para nuestro Gobierno, el presupuesto y los salarios docentes han aumentado en un 71%", indicó. "Además, los gastos de funcionamiento de las universidades están 100% garantizados", sumó y remarcó que "el presupuesto alcanza cuando se lo usa bien".
Qué dice la Ley de Financiamiento Universitario
La ley que sancionó el Congreso ordena que “desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación”.
Uno de los puntos más que más ruido hizo en Casa Rosada sostiene: “Recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo”.
Así, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó un impacto fiscal del 0,14% del PBI, una cifra cercana a $738.595 millones. La Ley de Movilidad Jubilatoria, la última ley sancionada y vetada por el Gobierno tenía un costo de 0,4%.
En ese mismo sentido, esta ley indica que “el Poder Ejecutivo deberá actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales”.