Las caretas del poder de Mendoza y la agenda urgente que se confirma

Como si fuera un juego de seducción y engaño, la política usa máscaras que esconden verdaderas intenciones, personajes y realidades que, si fueran reveladas sin ese camuflaje, tendrían dudoso éxito. Podrían ser vergonzantes y hasta repudiables. El caso de Javier Milei es especial, pues en una lectura superficial no hay tanta diferencia entre lo que dice y hace. Pero tiene un enfoque tan acotado de la realidad que le toca abarcar que deja un enorme margen de discrecionalidad que se transforma en incertidumbre. Hay, además, quienes se esconden detrás de su máscara para ejecutar acciones impensadas, peligrosas y fuera de eje. El “huracán Milei” hizo que llegaran al poder figuras que sorprenden, pero no por sus aportes. Esa máscara que encandila y gana popularidad puede esconder sorpresas ingratas.

La diputada nacional Lourdes Arrieta es un ejemplo sobre lo intempestivo que puede ser el acceso al poder en tiempos en los que se combinan nuevos métodos, como las redes sociales, tan bien usadas por La Libertad Avanza; las herramientas de la política tradicional, como la lista sábana y la discrecionalidad en la administración de recursos, que no cambió. La joven legisladora visitó al condenado represor Alfredo Astiz, en un hecho que tiene una connotación reivindicatoria contraria a las instituciones. Arrieta, como todos los legisladores, no lleva consigo su propia voluntad, sino que también tiene el aval de representatividad que le da su cargo. Astiz está condenado por delitos de lesa humanidad y fue sometido a proceso, con todas las garantías constitucionales vigentes.

El llamado “ángel de la muerte” fue condenado, entre otras cosas, por el secuestro, tortura y asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, que junto con otras mujeres (entre ellas Azucena Villaflor) fueron arrojadas desde un avión al río de La Plata. Astiz se había infiltrado (bajo el nombre falso de Gustavo Niño) para operar y las víctimas fueron sometidas a tratos inhumanos. Astiz fue condenado primero en Francia, en un juicio realizado en ausencia, y luego en Argentina, tras la reapertura de los juicios. Por ese caso las relaciones con ese país se tensaron varias veces y hasta hubo pedidos de extradición. La reivindicación de Arrieta y sus colegas incomodó, incluso, al núcleo chico del Presidente porque Astiz es un tema de Estado para Francia. La semana pasada Karina Milei debió ir al  Palacio Ortiz Basualdo, sede de la embajada de Francia, para pedirle disculpas al embajador Romain Nadal por los dichos de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La reivindicación de represores que están acusados de asesinar a ciudadanas francesas no ayuda en esa relación. Entre los visitados también estaba un conocido de Mendoza: el represor Ricardo Cavallo, que en los 90 intentó ejecutar en la Provincia un negocio enorme con un sistema de emisión de registros de conducir.

El accionar de la diputada mendocina alerta; por acción y aún si lo hace basada en la ignorancia. Más aún cuando el Gobierno nacional busca transferirle responsabilidades mayores. De su frágil conocimiento y su voluntad depende, por ejemplo, la salud de más de 240 mil mendocinos que están afiliados al PAMI porque quedó bajo su campo de manejo. Arrieta ha generado hitos grotescos alrededor de la gestión pública, como afiliaciones truchas en su partido, nombramientos con raras consideraciones y promesas de dádivas entre los feligreses del credo que profesa. Es, en sí, una figura irrelevante con un poder sobredimensionado; con el riesgo que eso conlleva. Una postal de la coyuntura política. Javier Milei es, entre otras cosas, producto del fracaso de la política. Llegó a la presidencia con un ascenso vertiginoso, sin estructura y con su imagen disruptiva como capital. Detrás de su máscara hay una caja de sorpresas. En el futuro inmediato hay una disputa para saber quién usa esa máscara de poder que representa Milei. Arrieta y el partido apadrinado por Martín Menem y Karina Milei, Luis Petri y su radicalismo de derecha, Omar De Marchi con la estructura local del Pro. De reojo, incluso, hay quienes lo miran desde el oficialismo, aunque no hay por ahora ningún contacto formal para apadrinar a Arrieta. “Somos opositores”, repiten los laderos de Alfredo Cornejo.

La agenda definitiva

El Gobierno de Alfredo Cornejo aceleró la gestión sobre lo que ya es el núcleo de la agenda de gestión: la energía y la explotación de los recursos naturales. No se trata de insumos, sino de recursos estratégicos para generar valor, riqueza y para administrar con responsabilidad.

Por eso quieren aprobar el plan de exploración minera en Malargüe antes de que termine el invierno. Es un plan ambicioso desde lo político, novedoso desde lo productivo y con alguna incertidumbre desde lo ambiental. Por ahora detrás del grupo de proyectos que se presentó hay más intermediarios que empresas mineras. Incluso inquietan algunos datos, como la correspondencia entre los propietarios de algunos proyectos con su pasado en la empresa estatal que armó el plan. Impulsa Mendoza elaboró y financió los relevamientos del Distrito Minero Malargüe y todos los informes de impacto ambiental. Las empresas interesadas que tenían propiedades en la zona debían adherir. En tiempo récord se deben sumar los informes sectoriales para que la Secretaría de Ambiente y la Dirección de Minería emitan la autorización, para que pase a la Legislatura. Luego, las empresas deberían ejecutar un plan de inversiones con un plazo perentorio que impone el nuevo Código de Procedimientos Mineros. Si no ocurre, Impulsa Mendoza se “queda” con la posibilidad de gestionar la transferencia de los permisos. Cornejo busca acortar tiempos.

En el plan Pilares, desarrollado de manera conjunta con el sector privado, se advierte que hay una atraso de 15 años en el desarrollo de esa actividad. Achacan parte de esa culpa a la ley 7722, pero hay otras aristas marcadas en ese informe que hacen al abandono de una política estratégica: no hay logística, infraestructura y solidez para ejecutar un plan de aprovechamiento de esos recursos. En el Documento de ese plan están enlistadas las carencias. Desde caminos, acceso a la energía y recursos, hasta desconocimiento de lo que la “cordillera guarda”. Por ahora los proyectos más reales son los que arrancaron por fuera del Distrito, como los que tiene Pampa Energía. La intención es que antes de fin de año haya alguna inversión nueva. El plan del Distrito Malargüe está planteado para que se ejecuten hasta 8 proyectos de exploración inicial en simultáneo, con un pico de 88 empleos directos en cada uno. Todo es incipiente y a muy largo plazo.

El plan "Pilares" desborda optimismo por un lado y consideran que hacia el 2050 podría haber activos  proyectos mineros en Mendoza, además de Potasio Río Colorado. Solo en exploración piensan acumular inversiones por US$ 1.332 Millones, a razón de US$ 63 millones al año. Esa cifra es baja comparada con la inversión en otros proyectos, pero mucho más que la nada actual. Si los proyectos avanzaran, prevén inversiones de capital por más de 12 mil millones de dólares y más de 4 mil puestos de trabajo. Todo en teoría, pues se trata de una industria de muy largo plazo y que tiene un escalonamiento de crecimiento que Mendoza recién está comenzando a subir. 

El otro sector relevante es el petrolero. Entró en la recta final la negociación privada para que YPF transfiera las 14 áreas petroleras maduras de las que busca deshacerse luego de haber cesado la inversión. Las actividades están frenadas y a la espera. La mayor expectativa está en los bloques de la cuenca Cuyana, por la extensión y el impacto. No hubo información oficial, pero allegados al sector advierten que hay empresas de capitales argentinos en disputa. En el Gobierno local apuestan a la empresa Aconcagua Energía, que tiene un presente virtuoso: se convirtió en una de las 6 empresas petroleras de mayor actividad y tiene una sanidad financiera envidiable. Por ahora esa firma apunta a la licitación de áreas nuevas, aunque en el sector no descartan que pueda acceder a las áreas maduras que dejará YPF. Otra empresa que figura como  “favorita” es Petróleos Sudamericanos.

El sitio EconoJournal, el más influyente en el sector energético, da casi por hecho que la empresa de la familia Miedvietzky (de origen chaqueño) se quedará con las complejas áreas Barrancas, La ventana, Vizcacheras y Mesa Verde. Es una empresa chica, que tiene experiencia en áreas maduras y tiene concentradas sus inversiones en el norte de Río Negro, alrededor de Catriel. En esta etapa la negociación depende de YPF, pero el Gobierno de Mendoza debe avalar el traspaso como autoridad y propietaria de los recursos.

Con algo de resignación y, sobre todo, con una ingeniería política compleja, el Gobierno piensa en ejecutar inversiones que en otro contexto le corresponderían al sector privado para poder ganar algo del tiempo perdido. Por eso están planificadas obras de transporte de energía y todo el plan de Pata Mora será con inversión inicial estatal. Lo mismo que ocurrió con el Distrito Minero, que se financia con los recursos que dejó como "compensación" la brasileña Vale. La paradoja es que hay representantes del sector minero y petrolero que le repelen a la intervención estatal alta que hay en Mendoza respecto a esas actividades.