La Corte Suprema falló nuevamente en contra de una comunidad mapuche
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio luz verde para que continúe el desalojo de una Comunidad Mapuche en Río Negro. Los Newen Kurruf habían solicitado un recurso para supender el desalojo, pero el máximo tribunal lo rechazó este jueves.
En el marco de un juicio por desalojo de un inmueble rural ubicado en la localidad de Catriel, en Río Negro, la comunidad había solicitado como medida cautelar la suspensión del desalojo. Su argumento era que las tierras pertenecían al pueblo mapuche y que se encuentran alcanzadas por el artículo 2° de la ley 26.160.
El juzgado de primera instancia rechazó la medida cautelar, decisión que luego fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y de Minería de la IV Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro. La Cámara señaló que la solicitud de la suspensión de desalojo que habían hecho los mapuches había sido efectuada después de que la sentencia hubiera sido ejecutada y, por ende, finalizado el proceso.
El reclamo escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde se rechazó, una vez más, el recurso. El fallo salió firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. El mismo considera que "el recurso de queja por denegación del recurso extraordinario no cumplió con los requisitos previstos en los artículos 4° y 7°, inciso b, del reglamento aprobado por acordada 4/2007".
"Por ello, se desestima la presentación directa. Hágase saber al recurrente que deberá informar, cada tres meses, acerca de la concesión o no del beneficio de litigar sin gastos, bajo apercibimiento de ejecución del depósito establecido en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", explica.
Hace pocos días la Corte Suprema también falló en contra de otra comunidad mapuche. El máximo Tribunal había anulado la causa que le otorgaba tierras a comunidades. Son 180 hectáreas en Bariloche, al oeste del cerro Otto, que el Ejército recuperará y que eran reclamadas por los Millalonco Ranquehue.
Los terrenos habían sido cedidos por la gestión de Alberto Fernández por medio de un proceso administrativo irregular que se originó a partir de las ocupaciones ilegales en el lago Mascardi. Además, el derecho de propiedad de la comunidad mapuche sobre este predio fue reconocido en 2012 por una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de conformidad con el resultado de un relevamiento técnico, jurídico y catastral.