La lucrativa y perversa industria de mantener la pobreza
La investigación judicial que llevan a cabo el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita está arrojando resultados escalofriantes. Surge a la luz pública una vasta red de corrupción y de abuso de poder a partir del manejo clientelar de planes sociales por parte de dirigentes de las llamadas "organizaciones sociales", que son en verdad organizaciones políticas que financian sus actividades con el dinero destinado a los más pobres y vulnerables. Las pruebas que se van recolectando emanan de unas 45 denuncias de damnificados, pero son más de 13.000 las que se han hecho a través de una línea telefónica 134 habilitada a ese efecto por el gobierno nacional.
Se demuestra que se obligaba a los beneficiarios de planes sociales a concurrir a las marchas organizadas por las entidades que intermediaban entre ellos y el Estado, se les tomaba lista y hasta debían presentar certificados médicos ante los punteros que se comportaban frente a ellos como si fueran sus superiores jerárquicos en alguna dependencia pública.
Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.
Nada de esto puede sorprender. Lo hemos denunciado muchas veces, porque era una obviedad para cualquiera que se interesara en el tema. Lo nuevo es ahora que ya no se trata de denuncias políticas, sino de pruebas concretas que se hacen valer en una causa penal. Es cierto, de todas formas, que la magnitud de estos actos supera lo que imaginábamos. Además de obligar a las personas necesitadas a marchar junto a sus familias (es común ver los cochecitos con bebes durante días tórridos del verano), se les exigía dinero como comisiones por los "favores" que les concedían.
Muchas veces quienes debían controlar y auditar el uso de esos recursos públicos eran los mismos funcionarios que integraban esas "organizaciones sociales"; es decir, se pagaban a sí mismos. Pero el absurdo era todavía mayor cuando los sucesivos gobiernos los financiaban bajo la justificación de que sólo el mantenimiento de ese sistema era el único modo de garantizar la paz social. Pero en esa lógica perversa siempre ganan los extorsionadores, que siempre van por más. No es demasiado difícil de entender: basta mirar cualquier película sobre la mafia.
Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.
Para estos supuestos representantes de los pobres, el negocio es que la pobreza se multiplique. No les sirven los ciudadanos autónomos, que se ganan el pan con su esfuerzo y su talento, porque estos adquieren de esa forma su libertad. Ellos necesitan que no salgan del estado de vulnerabilidad, que no progresen y que se mantengan como siervos de la gleba, siempre con la cabeza gacha y dispuestos a obedecer calladamente. Por cierto, los discursos pobristas, aún de quienes los manifiestan de buena fe, pavimentan el camino de estas extorsiones. También lo dijimos muchas veces: el pobrismo es una doctrina de quienes tienen la panza llena y nunca padecieron de privaciones. Los pobres no son pobristas; quieren huir de la pobreza, vivir dignamente y labrarse su propio destino.
Ojalá que la investigación vaya a fondo y que se condene penalmente a los responsables de estos vejámenes, así como a los que desde la función pública los promovieron o consintieron. Pero lo más importante será modificar radicalmente un sistema que es el caldo de cultivo de tamañas aberraciones. Por supuesto que el Estado debe asistir a las personas más pobres y a aquellas desempleadas, pero de un modo que las ayude a salir de esa situación, no que la consolide. Y esa asistencia no se puede tercerizar en organizaciones que han demostrado no ser más que gerentes de la pobreza. Será un camino largo porque se debe recrear nada menos que la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito (tan vilipendiado por el populismo). Pero si no se empieza ya a transitarlo, la Argentina no tendrá destino. La buena noticia es que la gran mayoría de la sociedad ha tomado nota de esa necesidad y no quiere volver atrás.
* Dr. Jorge R. Enríquez, exdiputado nacional – Presidente de la Asociación Civil JUSTA CAUSA
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