El cambio drástico que vivirá la Justicia Federal de Mendoza a partir del 5 de agosto

Esta semana visitó la provincia de Mendoza el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Alberto Nanzer. El funcionario responde al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y permaneció algunos días en suelo mendocino para allanar el camino de la postergada implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. El día elegido para poner en funciones el nuevo código en Mendoza, San Luis y San Juan es el 5 de agosto. Si bien saben que la infraestructura y los recursos están lejos de ser ideales, en la cartera entienden que es necesario avanzar para luego ir solucionando los inconvenientes que surjan.

"Nuestra política es de implementación rápida, pero no improvisada", manifestó el funcionario a MDZ y sostuvo que para eso se están asegurando las adecuaciones edilicias, tecnológicas e institucionales necesarias para que el sistema pueda empezar a funcionar. 

Esa es, concretamente, una de las grandes interrogantes que existen en Tribunales Federales. El nuevo Código Procesal Penal apunta a darle oralidad al sistema acusatorio con un cambio en el rol de los jueces de instrucción y un fortalecimiento del trabajo de los fiscales. En el Ministerio de Justicia saben que lo ideal sería que ese cambio se de con una reconfiguración edilicia que acompañe, pero admiten que "el país no está en condiciones de afrontar esas obras de infraestructura". Al menos por el momento.

Una de las claves de los cambios que comenzarán a regir a partir del 5 de agosto tiene que ver con la conformación de una oficina judicial centralizada a la que catalogan como "el corazón de la reforma". Esa oficina judicial es un órgano que lo que hace es absorber todas las tareas administrativas que hacían los jueces, de forma tal que los jueces se dediquen exclusivamente a las audiencias y a tomar decisiones. A través de esa oficina judicial se asignarán las audiencias en horarios predeterminados y se acomodará la agenda de los jueces. De esa forma, se modifica el circuito de trabajo entre fiscalías, oficinas judiciales, juzgados y defensores. "Eso se va a notar a partir del día 5 de agosto con un número de audiencias quizás más elevado que el que hubo en Rosario", remarcan desde el Ministerio de Justicia. Si bien el nuevo código empezó a implementarse en Rosario en el mes de mayo, en esa provincia el narcomenudeo depende de la Justicia provincial. En Cuyo sigue siendo competencia federal por lo que allí entienden que se verán los primeros efectos positivos.

"En Mendoza la implementación quizás tenga un impacto inmediato que no tuvo en Rosario. Porque Mendoza, San Luis, San Juan -las tres provincias que conforman el distrito judicial en el que el código se va a implementar- conservan en la justicia federal la competencia para investigar lo que se conoce como microtráfico o narcomenudeo, que es una competencia muy demandante en términos de recursos y de procesos", sostuvo Alberto Nanzer.

"El impacto inmediato va a ser ese, que se modifican completamente los roles de las partes. La relación de la policía ya a partir de ahora va a ser con la fiscalía y ya no más con el juzgado", adhirió el funcionario en diálogo con MDZ.

Por otro lado, adhirió que en el mediano plazo -más temprano que tarde- debería producirse también una migración de recursos humanos, sobre todo desde el Poder Judicial, primero a la Oficina Judicial y después a los Ministerios Públicos. "Hay un montón de funcionarios realmente calificados, secretarios muy solventes que tienen el Poder Judicial Federal que van a tener que pasar al Ministerio Público. Sin embargo, reconocen que eso no va a ocurrir de manera inmediata, porque una particularidad que tiene la implementación es que el sistema va a tener que lidiar con lo que se llaman los "casos de transición".

Es decir, durante los primeros meses -incluso quizás sea un par de años- va a haber un trabajo residual que son todos los casos que se van a seguir tramitando conforme al sistema anterior. En otras palabras, las causas que están en proceso ahora van a seguir con el mismo sistema hasta que termine su tramite, mientras que las que se inicien a partir del 5 de agosto se regirán por el nuevo Código Procesal Penal.

"El sistema acusatorio, o sea, el Código Procesal Penal Federal se aplica según la Ley 27.063 a los hechos que se cometen a partir, en este caso, de las 0 horas del 5 de agosto  Todo lo anterior es parte del caudal de casos de transición", finalizó el funcionario y destacó "la enorme receptividad y predisposición de los magistrados, tanto por judicial, Ministerio Público Fiscal, como Ministerio Público de la Defensa del Instituto Mendoza". "Todo cambio genera ansiedad, genera inquietud, sobre todo cuando se trabaja con responsabilidad y profesionalismo, pero vemos una enorme predisposición y mucho compromiso con este proceso de reforma", concluyó Alberto Nanzer.