Expectativa en el oficialismo por la inminente sanción de dos leyes que son clave para el Gobierno
Este martes el oficialismo pone en discusión dos de los proyectos que más expectativas generan en el Poder Ejecutivo. El primero tiene que ver con la adenda al convenio de resarcimiento por la promoción industrial para que el gobernador Alfredo Cornejo pueda utilizar los 1.023 millones de dólares para obras de infraestructura en general. Mientras tanto, el segundo es el paquete que incluye en su último artículo un cambio al coeficiente de equilibrio de coparticipación municipal.
Ambos proyectos fueron aprobados hace dos semanas en la Cámara de Diputados y podrían convertirse en en ley este martes. La adenda ya está firmada, pero necesita ratificación legislativa para poder ejecutarse. Una vez aprobada la ley, sólo restará una última firma del Ejecutivo nacional y así Alfredo Cornejo podrá disponer de esos fondos millonarios. El objetivo es utilizar ese dinero para desarrollar obras que potencien el desarrollo productivo de Mendoza pero que, en lo preferible, tengan una capacidad de repago.
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El monto de 1.023 millones de dólares es lo que le corresponde a Mendoza por el perjuicio que le generó el régimen de promoción industrial. Durante el gobierno de Mauricio Macri, Alfredo Cornejo firmó un convenio con el Gobierno nacional para recibir esos fondos con el fin de realizar la obra de Portezuelo del Viento "y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial". Esa cláusula limitaba el uso que podía darle el gobierno provincial a esos fondos y representaba una barrera a las intenciones de Alfredo Cornejo de destinar los fondos a otras obras de infraestructura. Con la firma de la adenda y la ratificación legislativa, esa barrera desaparece.
El otro proyecto busca mayor eficiencia en la administración de recursos y activos del Estado e incluye varias modificaciones de normativas vigentes. Por ejemplo la reforma propone regulaciones más estrictas sobre los certificados médicos y las condiciones para percibir adicionales por organismos colegiados. Estas medidas buscan prevenir el abuso de licencias y optimizar la distribución del personal, asegurando que solo aquellos realmente capacitados y comprometidos con su labor puedan beneficiarse de estas disposiciones.
Otro punto importante es el de hacer un manejo eficiente de los activos del Estado autorizando al Poder Ejecutivo a que “a través de la Dirección de Administración de Activos Ex-Bancos Oficiales o el organismo que en el futuro la reemplace, proceda a la venta de los bienes muebles e inmuebles previa individualización y autorización.
Pero sin dudas el artículo que generó mayor tensión es el último, que versa sobre los fondos coparticipables que reciben los municipios. “La modificación del Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Municipal, busca mitigar el impacto del dispar crecimiento demográfico experimentado por los Municipios entre los últimos censos nacionales, en un todo de acuerdo con el fin para el cual se incorporó el mencionado Coeficiente en la Ley Nº 6396 de coparticipación municipal, promoviendo de este modo un desarrollo equilibrado de las distintas municipalidades”, remarca y fija un nuevo criterio para repartir el dinero con el objetivo de "equilibrar el impacto de las diferencias en las tasas de crecimiento demográfico y nivelar las sumas que perciben por habitante, departamentos con similares características”.
A pesar de los cuestionamientos iniciales, el oficialismo accedió a realizar algunas modificaciones en Diputados y todo indica que en el Senado ese artículo saldría con amplio consenso.