El sospechoso "descuido" que podría complicar la situación de Walter Bento
Una vez más el testimonio de un exfuncionario del Juzgado Federal N°1 dejó en una situación incómoda al exmagistrado Walter Bento. En concreto, la fiscalía logró exponer los "descuidos" que curiosamente se cometieron en las decisiones judiciales que están controvertidas en la causa. Por ejemplo, las proyecciones que fundan la prisión domiciliaria del imputado Daniel Martínez Pinto o la falta de mérito del imputado Eugenio Nasi no tenían consignadas las iniciales del funcionario judicial que las redactó. Es decir, son anónimas en el expediente incumpliendo el uso y costumbre de los empleados de ese juzgado.
Así se confirmó durante la declaración testimonial de Segundo Alejo Correas, exfuncionario del Juzgado Federal N°1. Era empleado de la Secretaría Penal A que tramitaba la megacausa de contrabando en las que estaban imputados y detenidos Daniel Martínez Pinto y Eugenio Nasi. Ambos consiguieron salir de prisión y están acusados de haber pagado coimas a cambio de ese beneficio procesal.
Segundo Alejo Correas ingresó a la Justicia Federal apenas se recibió como abogado. La llave de ingreso fue su abuela, vecina del exjuez Walter Bento. Ella le consiguió una entrevista y comenzó a desempeñarse como empleado en la secretaría electoral y luego en la Secretaría Penal A. Justamente allí fue donde tomó contacto con la causa de megacontrabando conocida como la causa del "Chino" pero caratulada con el apellido de otro de los imputados, José Rodríguez Núñez.
"Fue una causa que ya tenía escuchas telefónicas en el año 2016. Creo que en julio del 2018 se hicieron allanamientos y creo que estuvo en la secretaría hasta mediados del 2020. Era una causa compleja. Desde las imputaciones en el año 2018 se hizo cargo el doctor Martín Pereyra. Colaboramos todos con esa causa. Todos tuvimos algún tipo de intervención. Yo tomé audiencias testimoniales, indagatorias, en algún incidente proyecté resoluciones. Seguro", esgrimió Segundo Alejo Correas.
Pero lo que dejó claro es que todas sus proyecciones están acompañadas con sus iniciales (SAC) porque era un hábito que todos los funcionarios las dejaran consignadas. "Yo siempre consigné las iniciales porque la persona encargada de proyectar ponía iniciales. Eso tenía un sentido en el expediente papel: que el juez, si tenía una duda, sabía quién era la persona que la había proyectado. Hoy es más fácil con expediente digital saber quien proyectó", manifestó el funcionario judicial.
Lo que le llamó la atención al testigo y a los presentes es que tanto la proyección en la que se funda la falta de mérito para Eugenio Nasi como la que concede la prisión domiciliaria para Daniel Martínez Pinto no tenían las iniciales correspondientes. El "descuido" alimenta las sospechas respecto a posibles arreglos extrajudiciales a cambio de beneficios procesales. A Bento se lo acusa de liderar una asociación ilícita, integrada por abogados y otros actores, que habría recibido coimas de personas que estaba privadas de su libertad.
Los "descuidos" observados por Segundo Alejo Correas se suman a otros que había evidenciado otra funcionaria del Juzgado Federal N°1 en audiencias anteriores. En concreto, la secretaría María Gladys Andía observó que en la causa de Javier Santos Ortega tampoco se firmó un traslado al hospital El Sauce. Tampoco quedó constancia del encuentro que el propio Bento en declaraciones previas reconoció haber tenido con ese otro contrabandista, que afirma haber pagado más de 700 mil dólares a cambio de su libertad y la de su sobrino.
Ortega se habría desprendido de propiedades para efectuar ese pago y una de esas propiedades figura a nombre de una funcionaria del Juzgado Federal N°1: María Carolina Bartolini.
El Ministerio Público intenta probar que existía un vínculo entre Walter Bento y los abogados Jaime Alba y Luciano Ortego, que junto a otros letrados abordaban a personas privadas de la libertad y les ofrecían conseguir beneficios procesales a cambio de grandes sumas en dólares. Todo ello con la participación principal de Diego Aliaga como nexo directo entre los abogados y el juez y la complicidad de otros actores. Eugenio Nasi, Daniel Martínez Pinto y Javier Santos Ortega son algunas de las personas que, a través de esa banda, habrían pagado a cambio de conseguir su libertad. Por eso los pequeños "descuidos" en la tramitación de sus expedientes hoy no pasaron desapercibidos.