Extorsión con planes sociales: encontraron un cuaderno que cambiaría el curso de la causa
La Justicia Federal ordenó el lunes 28 allanamientos en el marco de una causa que investiga extorsión y coacción por parte de dirigentes piqueteros y cooperativas a beneficiarios de planes sociales.
En uno de los establecimientos se encontró un cuaderno con información clave para el avance de la investigación. Esto porque en un primer análisis de los datos se detectaron inscripciones a mano de listas que incluía nombres de personas que asistían a marchas.
La información coincidiría con los chats de WhatsApp que presentaron las víctimas en la Justicia para comprobar la extorsión recibida para concurrir a las movilizaciones.
Según los denunciantes, la dinámica se basaba en una exigencia para participar en manifestaciones públicas bajo la advertencia de quitarles el plan social, pagar una multa y no recibir la comida que de manera gratuita entregaba el gobierno nacional.
Cabe recordar que entre los acusados figuran dirigentes del Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. Los procedimientos llevados a cabo el lunes por la Policía Federal Argentina (PFA) se realizaron en domicilios, sedes de organizaciones sociales y comedores de estas tres organizaciones.
Según publicó Infobae a raíz de las fuentes consultadas, surgen anotaciones vinculadas a las manifestaciones y un listado de presentes y de ausentes. Y también registros sobre entregas de mercaderías. Los listados tienen nombres de personas.
Ese cuaderno forma parte de otros elementos que fueron secuestrados, que incluyen más anotaciones y documentaciones, además de teléfonos celulares y otros elementos tecnológicos que serán peritados. En ese sentido, el juez federal Sebastián Casanello ya ordenó que en cinco días se haga la extracción de toda la información de los teléfonos celulares.
El magistrado también ordenó la inhibición general de bienes de todos los imputados en la causa y dispuso que las cinco víctimas que declararon como testigos en la causa bajo identidad reservada pasen a integrar un el programa de protección que tiene el Ministerio de Justicia de la Nación.
Con la documentación analizada y la información de los celulares obtenidas en los tribunales creen que se podrá avanzar en citaciones a indagatoria si las pruebas obtenidas así lo marcan.