Los descuentos salariales por paro y la tensión que crece en un sector clave
La prestación del servicio de Justicia en la provincia de Mendoza está afectada desde el primer fin de semana de marzo. Es que, los 220 trabajadores de las oficinas fiscales que tiene la provincia han hecho paro de dos o tres días todos los fines de semana desde los festejos vendimiales y la medida de protesta más extensa desde que comenzó el conflicto coincide con estos días feriados: están de paro desde el jueves 30 de marzo hasta este martes 2 de abril.
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Como respuesta al conflicto, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, pero el gremio de Judiciales la desconoció porque consideró que fue comunicada fuera de tiempo. Los bonos de sueldos de estos trabajadores que toman las denuncias a la ciudadanía, llegaron con descuentos salariales por los días no trabajados.
El primer paro pasó casi desapercibido para el público en general porque coincidió con los festejos vendimiales. Sin embargo, quienes tenían que hacer una denuncia judicial se encontraron con un panorama que se repitió en los fines de semana que vinieron: oficinas fiscales cerradas por falta de personal o una,dos o hasta tres abiertas por departamento con un auxiliar a cargo recargado de tareas en días donde las presentaciones ante la Justicia son mayores. Los trabajadores vienen pidiendo una suba salarial. Concretamente, que el ítem que tienen por la tarea que realizan impacte en el sueldo como cuando se creó: antes representaba un 40%, hoy sólo un 10. El Ministerio público fiscal ha hecho gestiones ante el Poder Ejecutivo que es quien debe destinar los fondos para aumentarles el sueldo pero no ha tenido éxito.
En los últimos días, pasaron cuatro hechos clave: por un lado, el dictado por parte de la Subsecretaría de Trabajo de la conciliación obligatoria para evitar que el fin de semana extra largo estén funcionando a media máquina las oficinas fiscales. Por otro, esa decisión de Trabajo no tuvo eco: "Las oficinas fiscales están de paro, esa teórica conciliación obligatoria que dictó la Subsecretaría de Trabajo fue fuera de término, fuera de toda posibilidad de convocar una asamblea para que los trabajadores decidan qué hacer sobre la medida de fuerza", sostuvo ante MDZ el titular de Judiciales Ricardo Babillón.
En tercer lugar, y en medio del conflicto, el Gobierno convocó a Judiciales a discutir salarios para todo el personal que representa, no sólo para los trabajadores de las oficinas fiscales para el 5 de marzo, en medio de las reuniones paritarias con los gremios estatales que comienzan este miércoles 3. Sin embargo, la cita a la que llamó la Subsecretaría de Trabajo es para el 9 de abril, es decir que desde el gremio Judiciales leen que desde el Gobierno buscan evitar un nuevo paro con una reunión para "conciliar" que sea luego del próximo fin de semana que es cuando protestan los trabajadores de las oficinas fiscales.
Por último, los bonos de sueldo de este sector del personal judicial vinieron con descuentos como ya habían advertido desde el ministerio Público Fiscal. "Dependiendo de los compañeros, han sido como tres o cuatro días que les han descontado. Vamos a ir con una escribana a constatar qué descuentos se han producido", agregó el secretario general de Judiciales.
Algo está claro: los 220 trabajadores de las oficinas fiscales (eran más pero por las condiciones de trabajo que incluyen largas horas de tomar denuncias de gravedad y sueldo inicial que alcanza los 300.000 pesos, se han producido renuncias desde el último trimestre de 2023) están dispuestos a ir "hasta el final". Esa frase resuena entre el personal de las oficinas que en medio de la crisis económica y social, aseguran que la Justicia cada vez tiene más tareas por resolver.