La trama secreta: cómo detectó Javier Milei la lista negra del Potenciar Trabajo

Javier Milei se lo pidió a Sandra Pettovello cuando la confirmó como ministra de Capital Humano: las cajas negras de las organizaciones sociales que se llevaron miles de millones de dólares en los últimos quince años, entre la llegada de Cristina Kirchner al poder y el final del gobierno de Alberto Fernández, Sergio Massa y la viuda de Néstor Kirchner. Empezó entonces desde diciembre un trabajo artesanal de cruza de datos, búsqueda de información personal de los líderes de las organizaciones y sus punteros, distritos con desvíos millonarios sin findamento y se elaboró una base de datos a la que tuvo acceso en exclusiva MDZ.

El ministerio de Capital Humano determinó tras cruzar datos de referentes territoriales, beneficiaros de los planes, perfiles militantes y resultados del plan Potenciar Trabajo, que eran utilizados en su casi totalidad como forma de financiamiento de estructuras para hacer política, y que la tasa de éxito era inferior al 2% en cuanto tiempo tardó la persona que cobraba el plan y lo abandonaba para empezar a trabajar en blanco. El exprecandidato presidencial de Cristina Kirchner, Juan Grabois, entre los que más cobraron.

Analizaron todo: cooperativas, directorios, empleados, resultados obtenidos y su pertenencia política y territorial, y la lógica se repitió siempre. Más dinero para intendencias kirchneristas con la casi totalidad de los beneficiarios marchando en protestas sociales. La caja ahora quedará disuelta, y será la secretaría de Trabajo la que absorba la masa mayoritaria de los que quieran trabajar. El paradigma en cuanto la entrega del plan y el resultado también cambiará. Las cifras del estudio del gobierno no son exactas, son aproximaciones en base a la elaboración propia de una base de datos concluyente tras la investigación oficial. 

La lógica que desnudó todo: una cooperativa, sin balances claros, con directorios muy cambiantes cuyos nombres coinciden con referentes territoriales vinculados directamente a movimientos sociales, en su mayoría militantes del kirchnerismo. La informalidad económica obturó el avance en un principio, pero se logró mediante investigación y cruza de datos llegar a comprobar que distintos referentes políticos administraban indirectamente a través de organizaciones sociales que se presentaban como cooperativas de trabajo, miles de millones para financiar las campañas y protestas.

El pedido de Javier Milei fue explícito: no importa la ideología ni la pertenencia partidaria, la órbita de Capital Humano tiene que adquirir los beneficiarios para trasformarlos en una opción real de búsqueda de trabajo y dar por terminado el aspecto transaccional de militancia por dinero. Es lo que predomina en la investigación de más de dos meses que hizo el ministerio que encabeza Sandra Pettovello y que buscará evitar los brokers que se quedan con una comisión o porcentaje de los planes o subsidios. 

La lista de los millones de pesos que recibían las organizaciones sociales

La lista final de los principales beneficiarios que armó el Gobierno es la siguiente: Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, Barrios de Pie y Libres del Sur, Polo Obrero, Corriente Clasista y Combativa, Corriente de los Trabajadores Excluidos, Frente de organizaciones en Lucha, Frente Darío Santillán y Movimiento Socialista de los Trabajadores. Los más beneficiados son militantes del gobierno que salió, y el fracaso a la hora de implementar el plan es total, prácticamente ningún beneficiario trabaja y sigue cobrando el plan más lo que realiza en la economía informal, que hoy supera siete de diez empleos generados desde la Pandemia.

Habrá entonces un plazo de 24 meses para que la persona que cobra el plan Potenciar Trabajo se capacite y consiga empleo. En caso que lo logre, el estado seguirá respaldando hasta cumplidos los dos años siempre y cuando el ingreso en blanco sea inferior a la sumatoria de tres salarios mínimos vitales y móviles, lo que en marzo será el equivalente a 603.400 pesos.

Solamente el Movimiento Evita cobra 7.800.000.000 de pesos cada treinta días por ese plan, es la organización que dirige el empresario gastronómico Fernando Navarro y Emilio Pérsico, junto a Leonardo Grosso. Aparte recibieron el año pasado cerca de 12.300 millones extras de subsidios y planes directos. Los líderes y punteros están en la mira, y el pedido presidencial es que avancen las investigaciones.

Ahí hay una particularidad que, según dicen a este medio en el Gobierno, será una migraña para Navarro, dueño del exclusivo café Le Blé de Puerto Madero: Fernando Navarro era secretario de Estado involucrado con la gestión de herramientas sociales y a la vez líder de la organización que más cobraba del país. Tal es así, que administró en sinultáneo dos cajas más: "El estado en tu barrio" y el INAES, el organismo madre de las cooperativas de trabajo, donde se focaliza según el Gobierno la corrupción y discrecionalidad del envío de fondos. 

Barrios de Pie está en la misma situación, Daniel Menéndez lidera la agrupación que cobró sólo de Potenciar Trabajo y subsidios alrededor de 17.000.000.000 de pesos en 2023 y se aferró a la militancia del gobierno anterior para sostener la centralidad. Libres del Sur con Silvia Saravia quedó tercera en la lista con 85.000.000 beneficiarios aproximadamente y subsidios por 9.500 millones de pesos. Eduardo Belliboni se posicionó cuarto con el Polo Obrero, que siempre según las estipulaciones del Gobierno se hizo de 4.680.000.000 cada treinta días y unos 7.500.000.000 en concepto de planes y y subsidios directos. 

Detrás en el ranking quedó la Corriente Clasista y Combativa con 60.000 beneficiarios y subsidios y planes por 6.500.000.000 pesos, la agrupación de Juan Grabois cobró por 50.000.000.000 de pesos por mes y aparte subsidios y planes por 4.500.000.000 en 2023. Terminan la lista la agrupación Frente de Organizaciones en Lucha con 15.000 planes y subsidios y planes por 2.200 millones, el Frente Darío Santillan con 12.000 beneficiarios y subdisios por 1.200 millones de pesos y el Movimiento Socialista de los Trabajadores con diez mil planes y subsidios por 900 millones de pesos.