Boletín Oficial

Qué poderes le quitó el Gobierno a los jueces y le dio a los fiscales

Reestructuración, el Boletín Oficial anunció una nueva medida tomada por el Ministerio de Justicia que le cede poderes a los fiscales y complica a los jueces.

MDZ Política
MDZ Política lunes, 26 de febrero de 2024 · 11:14 hs
Qué poderes le quitó el Gobierno a los jueces y le dio a los fiscales
Los jueces tendrán menos poderes, mientras que el Gobierno benefició a los fiscales Foto: Corte Suprema de Justicia de la Nación

El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial un Decreto de Necesidad y Urgencia que busca acelerar la implementación del Código Procesal Acusatorio, sancionado en 2014, que atribuye la misión de investigar a los fiscales y reduce el rol de los jueces a controlar las garantías en la tramitación de la causa.

El DNU le quita a una Comisión Bicameral creada para la implementación del nuevo código la facultad de establecer el cronograma de implementación del nuevo sistema que hoy se aplica en solo algunas provincias. Ahora, la facultad pasó a manos del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. 

"El nuevo régimen procesal penal, sancionado en 2014, introduce un modelo de justicia oral, ágil y eficaz, que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, entre otros fenómenos criminales que forman parte de la competencia de la justicia federal", celebró la cartera de Justicia mediante un documento.

La Comisión Bicameral habilitó el nuevo sistema en las provincias de Salta y Jujuy en 2019 pero, según el Ministerio, "luego de ello, el trabajo de implementación se detuvo y no registró nuevos avances". "El estancamiento impide el avance del sistema procesal y perjudica seriamente el funcionamiento de la justicia federal. En la actualidad, el Código Procesal Penal Federal coexiste con el sistema anterior, que es lento, burocrático e ineficiente", justificó el DNU. 

Mariano Cúneo Libarona, el ministro que le quitó algunos poderes a los jueces. 

El decreto describe que coexisten actualmente dos sistemas procesales y cuestiona que "la duplicidad de legislaciones provoca un trato dispar a las personas imputadas, en particular en lo que respecta a su derecho a ser juzgadas en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas".

Ello, añade el DNU en sus considerandos, "ocasiona problemas operativos que afectan el desarrollo de las investigaciones y genera complicaciones en la etapa recursiva ante la Cámara Federal de Casación Penal que entiende de los recursos aplicando dos códigos diferentes".

"El estancamiento reseñado impacta directamente en la organización y el funcionamiento del órgano responsable de ejercer la acción penal. La parálisis dificulta la conformación de las unidades fiscales y la designación de los fiscales generales de distrito. Además, la falta de implementación del sistema acusatorio frustra el diseño y la ejecución de la política de persecución penal", resume el decreto.

El Ministerio de Justicia anunció que la nueva modalidad de implementación del Código estará coordinada con la Corte Suprema el Poder Judicial, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación el Consejo de la Magistratura y los colegios de abogados.

"Se hará el mayor esfuerzo tendente a lograr un único sistema procesal federal en todo el país, a fin de lograr un servicio de justicia más rápido, efectivo y moderno", resumió el documento.

Según el Boletín Oficial, las funciones que tendrá el Ministerio de Justicia tendrá las siguientes funciones para la implementación y puesta en funcionamiento en el país del Código Procesal Penal Federal: 

  • Establecer un cronograma para la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019) en los Distritos de la Justicia Federal y Nacional Penal.
  • Coordinar las actividades interinstitucionales necesarias para la puesta en marcha de las nuevas estructuras organizacionales;
  • Diseñar propuestas de readecuación edilicia, de recursos y de personal en razón de los requerimientos del proceso de implementación del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (T.O. 2019) en la Justicia Federal y Nacional Penal y de programas de capacitación de los operadores, y elevarlas a los órganos competentes.
  • Promover la celebración de convenios de asistencia técnica y cooperación con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.
  • Garantizar el acceso a la información sobre los avances del proceso de implementación.
  • Constituir un consejo asesor interinstitucional y consultivo al que se informará periódicamente acerca de los avances del proceso de implementación, el que estará integrado por representantes del Consejo de la Magistratura, de los Colegios de abogados, de los magistrados del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y de las organizaciones de la sociedad civil y gremiales vinculadas con el Poder Judicial de la Nación.
  • Establecer el criterio de asignación y distribución de los juzgados de garantías respecto a las oficinas judiciales. 
  • Dictar los actos y formular las propuestas que sean conducentes para la adecuada implementación del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019), como así también otras medidas vinculadas a esta. 
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