Inseguridad: el Gobierno pide a los jueces más rigor en las acusaciones

El inicio de año fue complejo por los problemas de inseguridad que repercutieron fuerte y en el Gobierno apuntan a dos frentes para retomar la iniciativa. En primer lugar, buscarán poner en línea a todos los poderes para tener el mismo enfoque en la política criminal, en particular a los jueces penales a quienes Alfredo Cornejo y la ministra Mercedes Rus consideran excesivamente sensibles con los acusados y poco empáticos con las víctimas. El otro camino es ordenar a los municipios, que han tenido reacciones diversas puertas afuera de sus comunas. Como adelantó MDZ, hoy habrá una cumbre en el Polo Judicial donde el Gobierno planteará lo que considera que hay que hacer para mejorar la seguridad. 

Antes de asumir, Cornejo ya tenía un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento del fuero penal. Consideraba que las reformas realizadas en su primera etapa como gobernador necesitaban un nuevo cambio. Pero el problema está, según cree, en la gestión. "Se habían dejado de hacer audiencias en la tarde, por ejemplo. Había dilaciones y picardías que los jueces habían tomado que hacían poco eficiente todo", cuestionaban en el Gobierno. Incluso, explican, consideraban que gran parte del Polo Judicial estaba aún ocioso. A ese diagnóstico se le suma la idea del "rigor" con los acusados, un concepto con el que el Ejecutivo presiona a los jueces porque los considera garantistas. El foco está puesto en los delitos menores en cuanto a las penas, pero de alta repercusión. Robos y hurtos, por ejemplo. 

Para el Ministerio de Justicia y Seguridad el problema está en la demora en la acción de los magistrados. Primero para autorizar allanamientos y, segundo, en las imputaciones. El propio Cornejo tuvo en mente alguna vez modificar la Constitución a través de una enmienda para que los allanamientos puedan ser autorizados y ejecutados directamente por los fiscales. Como la Carta Magna dice que solo lo pueden hacer los "magistrados", siempre se consideró que debían ser Jueces. Por eso buscan que los jueces autoricen rápidamente y sin mayores trabas los operativos policiales, sobre todo en robos. La otra exigencia es que se "cumplan los códigos de procedimiento", en particular las innovaciones cornejistas como la reiterancia, para permitir que haya detenciones efectivas. Pero además quieren que haya imputaciones más duras para quienes roban o compran robado. "No es lo mismo imputar a alguien por encubrimiento que como partícipe", explican.

En la reunión que se realizará en el Polo Judicial estará la ministra Mercedes Rus, el procurador Alejandro Gullé y se espera a los ministros de la Suprema Corte, que ahora no tienen salas especializadas, pero sí especialistas. De hecho el encargado de organizar el fuero penal desde que se colegió es José Valerio, uno de los ministros del bloque oficialista que se rebeló internamente porque, aseguran, no le gustan las presiones desde la política.

El otro frente 

El otro frente es el de los municipios. Para no abarcar mucho, probablemente desde el Gobierno posterguen la presión; pero la intención del Ejecutivo es convencer a los departamentos que aún no tienen policía vial a que creen esos cuerpos y se hagan cargo de la seguridad vial. Los departamentos que aún no lo tienen son San Rafael, San Carlos, Junín, Rivadavia, La Paz, Malargüe y Lavalle. Casi todos están conducidos por intendentes opositores. 

La ley de seguridad transfiere a los municipios la responsabilidad de la seguridad vial y que la policía solo se haga cargo de los accidentes con muertos. En el Gobierno quieren liberar recursos de la policía vial para destinarlos a la prevención y represión del delito. Mendoza tiene cerca de 9500 policías, un número casi estático en los últimos años. No tanto por la vocación (hay aspirantes), sino por la cantidad de postulantes que superan los filtros. 

Sin embargo no todos piensan que es una buena idea. Desde San Rafael, por ejemplo, consideran que es innecesario e ineficiente crear una policía vial municipal por el costo que tiene. Creen que solo se crea una estructura que se sostiene con las multas y que "no ha dado resultado en ningún lado". En el plan de esa comuna no está previsto crear la policía vial. Se trata del departamento más grande entre los "rebeldes" y también conducido por rivales políticos del oficialismo.