"Garantismo de la víctima": el criterio que reclama el Gobierno a los jueces

Tras un verano marcado por una sucesión crímenes violentos en la provincia, la seguridad ha sido uno de los temas que más atención ha despertado en el inicio de la segunda temporada de Alfredo Cornejo al frente de la Gobernación. Ante esta situación, en el Gobierno de Mendoza están enfocados en aceitar más el trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal y la Justicia penal para hacer más eficiente el combate del delito. Desde el Ejecutivo provincial exigen un mayor “rigor” a los jueces y reclaman que exista un “garantismo de la víctima".

En la búsqueda de esta sintonía fina, esta semana habrá una cumbre entre funcionarios del Gobierno provincial y magistrados para ajustar diferentes temas, entre ellos aceitar el funcionamiento de las distintas áreas para que las audiencias penales se hagan en tiempo y forma y no hayan suspensiones ni dilaciones.

Durante la última semana, la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Mercedes Rus, manifestó durante una conferencia de prensa que la crisis económica y las repercusiones sociales podrían intensificar los casos delictivos. No obstante, remarcó que “enero, estacionalmente, es un mes complejo. En eso no hay mucha variación respecto del 2023. Es un mes complicado igual que diciembre con, por ejemplo, el robo de autopartes”.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia están exigiendo mayor “rigor” a fiscales y sobre todo a los jueces en la aplicación de la reiterancia en cuanto a delitos menores o hurtos y robos ya sea de autopartes como de cables y medidores.

Observan que los sospechosos o detenidos por delitos graves ya tienen antecedentes previos por hechos menores y resaltan que la detención de las personas que acumulan denuncias e imputaciones hace mermar la cantidad de delitos.

En el Ejecutivo entienden que los jueces que controlan las prisiones preventivas tienen un criterio “demasiado flexible”. Señalan que algunos fiscales plantean que hay jueces que “dan muchas vueltas” para autorizar las órdenes de allanamiento.

El diagnóstico que hace el Ministerio de Seguridad y Justicia es que hay un “relajamiento” en el ámbito de la justicia y que en base a eso vienen realizando diferentes planteos tanto al Ministerio Público Fiscal, ámbito con el que sienten una mayor sintonía fina, y sobre todo con la Justicia Penal.

En el Gobierno provincial destacan que los jueces son autónomos pero resaltan que no tienen ninguna presión pública ni mediática, ya que la lupa no está puesta en el Poder Judicial. “Están en una cápsula académica”, subrayan y consideran que tienen un desapego a la realidad cotidiana.

“Queremos condenas ejemplificadoras que den un mensaje. Hay que ser garantistas de la víctima y legalistas del cumplimiento del derecho”, sentenciaron desde el Ejecutivo.

En búsqueda de la sintonía fina

Durante estos dos primeros meses de gestión, el nuevo Ministerio de Seguridad y Justicia conducido por Rus ha estado enfocado en aceitar el trabajo en conjunto con el Ministerio Público Fiscal y la Dirección de Investigaciones, para que la Policía de Mendoza trabaje codo a codo con los fiscales.

Si bien desde la cartera se está trabajando en algunos proyectos de ley, afirman que por el momento no están analizando el impulso de ninguna iniciativa legislativa específica, sino que apuntan a coordinar el trabajo con fiscales y jueces.

Durante el mes de febrero se pondrá en marcha una mesa especial de trabajo que dirigirá el juez José Valerio, ministro de la Suprema Corte que coordina el Fuero Penal provincial. Uno de los temas que se va analizar en ese ámbito será el criterio para la aplicación de las prisiones preventivas.

A su vez, esta semana está prevista una reunión con el objetivo de ajustar el tema de las audiencias penales. La intención es que participen el ministro José Valerio; el procurador general de la Corte, Alejandro Gullé; la defensora general Cecilia Saint-André; la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; el subsecretario de Justicia, Marcelo D’ Agostino; además de las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial.

El propósito del encuentro es que todas estas áreas estén coordinadas para que las audiencias se hagan en tiempo y forma y evitar postergaciones o suspensiones debido a problemas de agenda o de logística, lo que termina repercutiendo en dilaciones en la toma de decisiones como una eventual prisión preventiva.